ESCUCHARCuando el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) llevaba pocos días, un ómnibus fue interceptado en un control sobre la ruta 11, a la altura de Santa Clara del Mar (Buenos Aires).
Había salido hacía minutos desde Mar del Plata con 37 trabajadores a bordo, con destino a la ciudad de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).
El salvoconducto que les hubiera permitido circular no tenía número de expediente electrónico ni código de respuesta rápida ni firma digital y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) constató que se trataba de documentación apócrifa e inició una causa penal en la cual intervino la fiscal Laura Mazzaferri.
El caso concluyó con un acuerdo de reparación integral por 100 mil pesos.
El mismo día, se suscitó un caso similar con otro micro que también transportaba a empleados de temporada hacia su provincia de origen. Si bien no hubo falsificación de documentación, se violó el artículo 205 del Código Penal, ya que no tenían los permisos sanitarios pertinentes. En este supuesto, la fiscal auxiliar Diana Arias logró un acuerdo de reparación por la suma de 65 mil pesos, para distribuir también entre los empleados y la comuna de su lugar de origen.
En el primer caso, la reparación integral es una donación de 100 mil pesos por parte de la transportista, de los cuales 50 mil serán destinados a los pasajeros que puedan ser localizados a través del Municipio de Termas de Río Hondo, quienes con motivo de los hechos suscitados se vieron perjudicados. El monto restante será dividido entre el municipio santiagueño, que gestionó el envío de la nueva unidad para el traslado de los empleados, y el Municipio de General Pueyrredon, cuya autoridad sanitaria y de Desarrollo Social atendió y asistió a los pasajeros en Mar del Plata.
El segundo caso tuvo una solución similar. Se pactó una reparación integral con un pago de 65 mil pesos, de los cuales 50 mil serán destinados a los trabajadores y 15 mil a la comuna de Termas de Río Hondo.
En los dos casos, las defensas de los acusados y el Ministerio Público Fiscal reconocieron la necesidad de solucionar el conflicto por vías que no impliquen necesariamente la prosecución de un proceso penal y la imposición de una pena privativa de la libertad, buscando el restablecimiento de la paz social.
