ESCUCHARDe manera virtual y en un acto presidido por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, juró la primera defensora pública de Víctimas con asiento en la provincia de Buenos Aires, Inés Jaureguiberry.
La titular del MPD destacó la formación académica en derechos humanos con la que cuenta Jaureguiberry y expresó que “es un cargo muy especial por tratarse de una magistratura, creada por la ley 27372 de los Derechos y Garantías de las Víctimas de Delito, destinada específicamente a proteger y hacer valer los derechos y las garantías de las víctimas de delitos” y agregó que “los defensores de la víctima van a tener el trabajo de darle un perfil a esta nueva figura que crea la ley para representar a las víctimas, mediante el litigio cotidiano podrán fijar estándares que sean luego replicados en toda la jurisprudencia del país”.
Al respecto, advirtió que el trabajo de la nueva funcionaria “será bastante arduo por ser la única defensora de víctima para toda la provincia de Buenos Aires, de enorme territorio y con la mayor cantidad de habitantes del país, donde confluyen distintos ambientes como lugares agrícolas, bolsones de máxima pobreza y áreas de posición económica muy acomodada”.
Martínez también resaltó el trabajo que la nueva defensora de víctima tendrá en el ámbito de género con quienes sufren trata sexual. Al respecto, señaló: “Va a tener que brindar asesoramiento letrado y, en caso que la víctima quiera querellar, patrocinarlas; también, en el ámbito civil, podrá reclamar una reparación económica a los autores del delito y a las instituciones gubernamentales que debían velar porque la trata sexual no ocurriera.”
“Se trata de aprender a escuchar la voz de las víctimas, de aprender a acompañarlas y de devolverles el lugar que durante mucho tiempo se les negó: el de sujeto titular del bien jurídico vulnerado en la comisión de un delito. Esa víctima merece ser escuchada y ser respetada durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la pena”, destacó la titular del MPD.
El trabajo de Jaureguiberry incluirá deberá abordar casos de trata de personas, tanto sexual como laboral, secuestros extorsivos y la violencia institucional, que tiene especial incidencia en la provincia de Buenos Aires, donde se ubican también la mayoría de las unidades carcelarias del Servicio Penitenciario.
