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Días pasados hablábamos (barbijo de por medio y con distanciamiento social) con un experimentado abogado, muy enojado por la falta de respuesta a un reclamo que reiteradamente hacía en favor de su cliente. Hablamos del fuero penal.
Nos decía sobre el descreimiento de la gente respecto del Poder Judicial: “¿Qué quieren, si nuestra justicia se parece al juego del Martín Pescador? Todos pasan, pero el último queda y pierde. Ahora sí, al que atrapan le hacen caer “todo el peso de la ley”, creyendo que de esta manera dan un ejemplo a la sociedad respecto de su efectividad”. Más allá de lo jocoso de la comparación, no pocas veces parecería que nuestros tribunales actúan de tal forma.
Sin ir más lejos, días pasados ocurrió el crimen de Lidia Cabrera, la señora asesinada por vecinos en barrio Yofre Sud, quien, según la información vertida por distintos medios de Córdoba, había junto con su hija formulado ocho denuncias previas por amenazas de todo tipo y calibre en contra de los ahora imputados por el crimen.
Según la información, las ocho denuncias pasaron por tres fiscales sin que nada concreto ocurriera con ellas, llegándose así a este lamentable resultado. Eso sí, ahora -una vez muerta la señora- la fiscalía interviniente rápidamente detuvo a los supuestos autores, quienes enfrentan no sólo la perspectiva de una durísima condena por homicidio calificado, sino que además están imputados por violación de domicilio y por homicidio en grado de tentativa de la hija de la fallecida. “Les tiraron con todo el código”, se sinceró una fuente de Tribunales II. La duda terrible es: si antes se hubiera actuado por una amenaza con igual determinación, quizás ahora no tendría que habérselo hecho por un homicidio. Por aquello de que el actuar violento, atajado a tiempo de modo firme, previene mayor violencia futura.
Lo dramático es que el caso de Lidia no es el único. Son miles los casos en los que los problemas de la gente expresan no hallar una respuesta en la justicia. Tantos y reiterados, que no nos parece que sean parte de ninguna conjura interesada sino el indicio de que el sistema judicial penal no funciona para quien no es conocido o ducho en sus vericuetos. No es raro pensar que, como en la mayoría de los casos no pasa nada, la gente (víctimas mayoritariamente) se cansan de tanto peregrinaje judicial, sin obtener respuesta. Sin embargo, cuando suceden hechos que podrían haber sido evitados de haberse actuado a tiempo, aparece un tusnami mediático-social que repercute en nuestras autoridades, que buscan demostrar, sobre los daños ya consumados e irreparables, una severidad y eficacia en la persecución del delito que no es tal en la amplia mayoría de las veces. “A veces se sobreactúa para tapar omisiones del pasado”, nos reconoce nuestra fuente tribunalicia.
Como dijimos, es común que la ciudadanía manifieste no encontrar en la Justicia respuestas a sus problemas. Pero también es cierto que es enorme la cantidad de causas que entran en las fiscalías, las que ante la falta de recursos se les hace muy difícil dar respuestas. Sin embargo, la cuestión que planteamos va más allá de este punto.
Es que mucho recurso se malgasta en burocracia judicial, el cual se podría volcar más eficientemente a quienes deben fallar o investigar delitos. También hay cuestiones de ideología criminal que ayudan a que estas situaciones omisivas se sucedan. Muchas de las últimas modificaciones procesales se han concretado pensando más en disminuir el trabajo que en aumentar las soluciones que brinda el sistema penal.
El sobrevalorado principio de oportunidad ha ayudado a que, más que por parámetros objetivos de política criminal, se seleccionen arbitrariamente qué casos se deben investigar. Muchas veces, lo “oportuno” y por tanto, lo investigable, es lo “fácil” y no lo necesario, grave o aquellas conductas más perniciosas para la sociedad.
Quizás en el caso que nos ocupa, alguien entendió que las denuncias como las de Lidia y su hija eran “difíciles” y por tanto, inoportunas para investigar. Hay cientos de causas que se dejan de lado sin que haya una justificación de eficiencia o similar para no activar la persecución penal. No ocurre en todas partes, pero sí en algunas.
Seguramente, ahora se pondrá de “moda” el triste caso de Lidia y se empezará a perseguir con mayor decisión, por un tiempo, este tipo de conflictos. Tal como ha ocurrido con el caso Blas en el que ahora, en un muy buen trabajo del fiscal, se ha hecho una investigación en serio sobre autores y complicidades. Pero nos preguntamos una vez más: ¿cuántos casos así hubo y quedaron en la nada o en el castigo solo de los responsables inmediatos?
Sabemos la dedicación que tiene la mayoría de los miembros del Poder Judicial y el compromiso con el que actúan. Sin embargo, lamentablemente en muchos casos no alcanza, y no alcanza en general porque hay algo en el sistema que no funciona. Un sistema que se sigue modificando siempre en la misma dirección, que se queda en las formas muchas veces vacías de sentido del trámite que en ganar operatividad.
Una estructura judicial se justifica en tanto tenga capacidad de darle respuestas a las necesidades de la gente. Si no lo hace, como pasó con Lidia, esto genera en los ciudadanos un profundo descreimiento en sus instituciones, atento sentirse fuertemente desprotegidos.
Y, mal que nos pese, en verdad, en tales situaciones, es precisamente así.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
