Con un debate tenso y con manifestaciones fuera del Congreso -a favor y en contra del proyecto- las estimaciones de fuentes parlamentarias indicaban que la legalización del aborto conseguirá luz verde luego del discurso de 167 oradores anotados
Con un encendido debate en el recinto y vía virtual, diputados de todos los bloques debatían hasta la hora del cierre de esta edición un proyecto que despierta fervor y divisiones dentro de todas las bancadas. Según cálculos del oficialismo, la iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recibirá 131 votos a favor y, al menos, 117 en contra. La novedad es que posiblemente habrá más abstenciones que en 2018. Se preveía la votación para la madrugada de hoy.
Los pañuelos verdes y celestes se vieron en manifestaciones frente al Congreso y a lo largo y ancho del país, vigilia incluida.
Entre los discursos a favor de la IVE se encontró el diputado radical Fabio Quetglas, quien respaldó la iniciativa y consideró que obligar a parir es “similar a una práctica tortuosa”, al tiempo que señaló que “la legislación que prohíbe el aborto, no evita ninguno”.
También a favor, pero con críticas al “oportunismo” del oficialismo en la presentación del proyecto, el referente del PRO Fernando Iglesias subrayó: “La absoluta mayoría de países a los que quiero que se parezca la Argentina tiene la interrupción voluntaria del embarazo”.
Del Frente de Todos, la riojana Hilda Aguirre aseguró que “hay mucha hipocresía” entre los médicos, ya que realizan abortos en el sector privado pero no en el público, y dijo que no puede “hacerse la distraída” con la “realidad que atraviesan las mujeres pobres”, por lo que votará a favor del proyecto.
La diputada nacional y ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, aseguró que el problema de los abortos es “una cuestión de salud pública” y que a las mujeres “hay que garantizarles el marco legal correspondiente” si desean abortar.
“Tenemos que luchar por nuestra propia decisión. Por decidir cuándo y cómo maternar. Este proyecto habla de salud pública. Habla de un derecho, del derecho de las mujeres a elegir”, afirmó Estela Hernández, del Frente de Todos.
Flavia Morales, del Frente de la Concordia, aclaró que “nadie quiere abortar” ni “quitar una vida”, pero que votará a favor de la ley para “evitar que las mujeres mejoren su condición de vida”.
En tanto, entre las expresiones en contra estuvo el pampeano del PRO Martín Maquieyra, quien cuestionó que “cada peso que se gaste en estos abortos es un robo para los pobres” y “es un robo para los que quieren vivir”.
A su vez, la santafesina Vanesa Massetani apuntó al Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Géneros, por poner al aborto como “prioridad” y enfatizó: “Ningún funcionario va a decirme lo que yo voy a hacer, fueron elegidos a dedo, a mí me eligió el pueblo”.
Por su parte, la cordobesa María Soledad Carrizo, de la UCR, remarcó que “si la idea es que esta ley genere menos embarazos no deseados, nada de eso va a ocurrir” y manifestó que en 2018 votó en contra y lo volverá a hacer.
El diputado del PRO Alberto Asseff destacó que “niño se es desde la concepción” y “eliminar la vida es reprobable desde todo punto de vida”, porque “abortar es descartar” y no “ampliar derechos”. “Nadie puede decir que mi posición es estar en contra de los derechos de las mujeres, pero ese derecho de las mujeres no incluye el derecho al aborto. Esto se trata de un conflicto jurídico de dos derechos con el mismo rango y el sentido de mi voto es negativo”, manifestó, por su parte, Claudia Gabriela Márquez de Córdoba Federal.
Los diputados de Schiaretti, en contra de la legalización del aborto
El bloque de diputados del PJ cordobés, con Alejandra Vigo a la cabeza, anunció que iba a votar en contra del proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que envió el ejecutivo al Congreso.
“No creo que el aborto sea el ejercicio de un derecho de la mujer sobre su cuerpo. Es un dolor inmenso. Sostengo la necesidad de sancionar una ley humanitaria”, dijo la esposa del gobernador Juan Schiaretti, quien en 2018 se abstuvo de votar una iniciativa similar.
Terminando su alocución, anunció que su voto, al igual que los otros tres diputados de Córdoba Federal, será negativo.
Vigo recordó que presentó un proyecto y no fue considerado “en este tratamiento exprés del proyecto del Ejecutivo que considero inoportuno”.
“Sostener como principal argumento que el aborto es un derecho de las mujeres es una visión individualista del tema. Por eso propusimos un proyecto para despenalizar el aborto y crear un programa de asistencia”, indicó.
Vigilias de “verdes” y “celestes”
Con vigilias en el Congreso de la Nación y en las provincias, organizaciones de mujeres a favor y en contra del proyecto de ley siguieron el debate en las calles.
En Córdoba, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una vigilia frente al Patio Olmos.
Por otro lado, desde la “Unidad Provida” -que agrupa a unas 150 organizaciones de la sociedad civil que están en contra del aborto- llamaron a congregarse también en las calles de todo el país.
Funcionarios presentes
A lo largo de la jornada, representantes del Poder Ejecutivo pasaron por el recinto para presenciar la sesión y se reunieron con el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.
Asistieron los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y Sabina Frederic (Seguridad), además de las secretarias Vilma Ibarra (Legal y Técnica) y Carla Vizotti (Acceso a la Salud). También se dieron cita la asesora presidencial Cecilia Nicolini y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.
¿Qué dice el proyecto?
Luego de los cambios al texto original, así quedó el proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Algunos puntos claves:
- Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
- El aborto se permitirá hasta la 14ª semana, inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
- Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento.
- En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En los casos de adolescentes de entre 13 y 16, deberá tener un acompañante o “referente afectivo”.
- Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.
- El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.