Biocombustibles ¿suben los precios y aumenta el porcentaje de corte?

Los valores están congelados desde diciembre de 2019. Fuentes del sector aseguran que, con los valores vigentes, el negocio es insostenible. Es inminente una mejora. En tanto, plantean ampliar el corte en las naftas y gasoil y una nueva ley que fije un horizonte de previsibilidad para generar nuevas inversiones. Pero no todos los actores están de acuerdo. El lobby petrolero y las condiciones que ponen las automotrices. El Gobierno, aún sin definiciones

El primer punto, el más acuciante, se resolvería en los próximos días, luego de valores congelados desde diciembre del año pasado que, para el caso del bioetanol, es de 29,8 pesos por litro.

“Deberíamos ir a un valor de 37 pesos como mínimo para alcanzar el punto de equilibrio respecto a los costos actuales”, reveló a Comercio y Justicia Manuel Ron, presidente de Bio 4, una de las tres grandes plantas de bioetanol de maíz radicadas en la provincia de Córdoba, en este caso en Río Cuarto.

Pero no todos los actores de la cadena tienen posiciones coincidentes, más allá de acordar que los biocombustibles aportan en el desarrollo de una economía circular, clave en la lucha contra el cambio climático: allí colisionan intereses del sector petrolero, pero también incluso de las automotrices y hasta del propio Gobierno.

Hace poco más de un año, el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, dijo que los biocombustibles implicaban un “costo fiscal” para un Estado “quebrado” y que en todo caso deberían competir de igual a igual con combustibles fósiles que hoy pagan 38 por ciento. La visión fiscalista del entonces funcionario macrista, contrastó con el espíritu de la ley que precisamente era impulsar un combustible limpio como alternativa a los hidrocarburos.

Hoy la opinión del Gobierno actual aún no fue explicitada. Si bien el ministro de Producción, Matías Kulfas, se habría manifestado proclive a atender una recomposición de precios y ampliar la ley vigente, el funcionario ya no es quien está a cargo de esa área, que ahora pasó a Economía.

En ese marco, el reclamo del sector no termina de traducirse en acciones concretas, tanto respecto a precios como a un interés por sentar las bases para una legislación superadora a la vigente, próxima a vencer.

Por lo pronto, el reclamo del sector tanto del bioetanol como del biodiésel choca contra el fuerte lobby petrolero, refractario a resignar cupo a favor del avance de un competidor directo.

En el medio, hay millones de dólares en juego.

Tampoco hay una posición unánime en los fabricantes de autos. De hecho, advierten que las normas vigentes exigen adecuar la motorización a un esquema de corte de 5 por ciento, que es el que fijó la ley 26093 votada en abril de 2006 y promulgada en mayo de ese año. Hoy, ese corte llega a 10 por ciento para el biodiésel y a 12 por ciento para el bioetanol.

El porcentaje de corte original debía comenzar a regir al cuarto año de promulgada la ley. Luego, sucesivos decretos fueron ampliando ese cupo hasta el 10 y 12 por ciento vigente, desde marzo de 2017.

Por lo demás, aquella norma dispuso una serie de incentivos fiscales para el desarrollo de una industria hasta entonces ausente en el país.

La norma generó que prontamente florecieran inversiones en diferentes puntos del país en función de sus potenciales basados en los recursos naturales de cada región: Biodiésel en Santa Fe y Buenos Aires, por ejemplo, y etanol de maíz en Córdoba principalmente y en Tucumán y provincias del norte a base de caña de azúcar.

Sin embargo, esas decisiones fueron producto de normativas articuladas al amparo del planteo de los productores y sin mayor consenso del resto de los actores, entre ellos petroleras y terminales automotrices.

“Decisiones de ese tipo no pueden ser tomadas en función de planteos unilaterales que dejen afuera a las automotrices que se rigen por normas específicas. Cualquier cambio exige pruebas que llevan años e inversiones para adecuarse al nuevo contexto”, reveló una fuente del sector.

Por lo demás, las terminales sugieren que más que avanzar en un mayor cupo de corte en el combustible respecto al vigente, el futuro del mercado va por otra vía: el desarrollo de autos eléctricos, tendencia que crece de manera sostenida en todo el mundo.

Precios y ley

Los etanoleros prefieren no polemizar sobre ese análisis y en todo caso recuerdan que países como Brasil tienen un mercado muy desarrollado en el uso de biocombustibles.

“Brasil tiene un cupo de 27,5 por ciento de corte además de vehículos con motores flex que permiten cargar 100 por ciento la denominada alconafta. Y Paraguay fija un cupo de 25 por ciento de corte”, recordó Ron y ratificó el ministro de Industria de Córdoba, Eduardo Accastello. Obviamente, para llegar a ese objetivo, el Gobierno nacional debería modificar la ley vigente, con nuevos objetivos y además incentivos para la inversión en el sector.

Ron fue claro sobre el tema. Más allá del precio, que hoy es clave porque impide producir al menos para cubrir los costos –el maíz subió 35 por ciento en el último año-, la norma que surja a futuro debería dar un horizonte en años y reglas claras para asegurar inversiones en el sector.

Al respecto, recordó que hoy las tres principales etanoleras cordobesas producen a 70 por ciento de su capacidad luego del repunte en las ventas de combustibles después de la drástica caída en abril y mayo por la plena vigencia de la cuarentena.

“En condiciones normales de un mercado de combustibles como el de 2019 que ni siquiera fue un año descollante, con la capacidad instalada de las empresas en Córdoba estaríamos en condiciones de asegurar un cupo de corte de entre 14 y 15 por ciento. Más allá de eso, cada punto extra de corte requeriría inversiones por 80 millones de dólares”, explicó Ron.

De cualquier manera, el empresario de Río Cuarto indicó que si hay una ley que asegure por un determinado plazo el desarrollo, cupos crecientes y precios cuanto menos de referencia, “las inversiones se van a hacer”.

El empresario habló incluso de la posibilidad de liberar el mercado y regionalizarlo. “Por ejemplo, ¿qué sentido tiene enviar el bioetanol a una refinería en Dock Sud y que luego esa nafta vuelva a un surtidor de Córdoba? Podríamos vender directamente bioetanol desde el surtidor en Río Cuarto a un precio mucho más barato, sin costos logísticos y en este caso para motores flex”, proyectó como una posibilidad a futuro.

¿Una norma que no se cumple?

Por lo demás, la Ley 26093 de Biocombustibles que creó el “Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables” fue sancionada en abril de 2006 y promulgada en mayo de ese año.

Precisamente, en mayo próximo cumplirá 15 años y caducará su vida útil. Sin embargo, la norma abre la posibilidad de una prórroga por cuatro años más toda vez que recién comenzó a operar de manera efectiva en 2010 con la vigencia del corte de cinco por ciento sobre los combustibles.

“Sería un retroceso que se prorrogara tal como está. Esta ley fue diseñada para un contexto determinado y ahora necesitamos otra norma superadora, más flexible pero a su vez más ambiciosa”, resumió Ron. Hoy no está garantizado el corte, aseguran en el sector. De hecho, dicen que no se cumple el cupo fijado tiempo atrás por el Gobierno.

Las posiciones ya fueron expuestas sobradamente a las autoridades anteriores y al actual Gobierno. Las conversaciones con el ministro de Producción, Matías Kulfas, venían encaminadas. Pero sorpresivamente la Secretaría de Energía pasó ahora a depender del Ministerio de Economía y el nuevo secretario del área, de hecho, aún no asumió de manera formal.

“Todo a foja cero”, se quejaron los empresarios. No obstante, pronto habrá novedades, particularmente en una suba del precio de los biocombustibles para acercarlos al menos en parte a un valor acorde a la nueva estructura de costos del sector.

Las empresas del rubro asociadas a productores locales, desarrollaron ambiciosos proyectos de inversión para poder abastecer la creciente demanda del insumo a partir del progresivo aumento en el corte exigido por la norma, El valor de esos biocombustibles fue siempre inferior al de los convencionales además de aportar un plus ligado a la menor emisión de gases de efecto invernadero en función de estar elaborados a base de productos agrícolas. Pero el despegue y desarrollo de las etanoleras cordobesas entró en un terreno incierto ya hace dos años a partir de la falta de apoyo de las autoridades de la Secretaría de Energía, durante la gestión de Mauricio Macri y del secretario Lopetegui, con una mirada netamente fiscalista, ya mencionada. Ya entonces el sector reclamaba que los precios que debía fijar Energía en función de la ley vigente no se estaban cumpliendo, por lo que las inversiones ya hechas y las proyectadas quedaron parcialmente ociosas frente a valores que no alcanzaban a cubrir los costos de producción.

Accastello: buscamos una ley provincial que apoye al sector

El ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Eduardo Accastello, anticipó que la Provincia impulsará un proyecto de ley de promoción a los biocombustibles al tiempo que se mostró preocupado por la falta de definiciones respecto a los precios –congelados desde fines del año pasado- y a la vigencia de la legislación nacional vigente que vence en pocos meses.

“Veníamos avanzando muy bien con el ministro (de Producción) Matías Kulfas, tanto respecto al debate sobre el precio como de la continuidad de la ley, pero luego la Secretaría de Energía pasó a la órbita de Economía y el nuevo secretario aún no fue designado oficialmente”, recordó Accastello. No obstante, el ministro dijo que ya pidieron audiencia con Darío Martínez, el secretario de Energía, para poder retomar la avanzada agenda que ya tenían con Kulfas.

“Tenemos que ir a una norma que fije cupos de 27,5% -como en Brasil- o de 25% -como en Paraguay-”, consideró el funcionario, quien recordó los beneficios que genera la producción de biocombustibles tanto desde el punto de vista ambiental, el ahorro en el costo de los combustibles y además el agregado de valor a un sector como el maicero, tan importante en el área agrícola de Córdoba.

Por lo demás, Accastello consideró que hay predisposición de determinadas empresas del sector automotor para adaptarse a las normas que permitan sumas cupo de corte al combustible aunque alertó por el lobby de las petroleras para evitar la evolución de los biocombustibles.

Respecto a la ley local, el ministro indicó que apuntará a otorgar incentivos y beneficios al sector y complementar la legislación nacional. “Tenemos que apoyar a un sector que es clave en el desarrollo económico y ambiental de Córdoba”, completó.

Para Adefa, cualquier cambio requiere “previsibilidad”

La Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) pidió que cualquier decisión que el Gobierno nacional tome respecto a los porcentajes de corte de los biocombustibles se realice con la “previsibilidad” necesaria para poder adaptar la producción a las nuevas reglas.

“Siempre se ha mantenido diálogo con cada uno de los actores de la cadena y se ha explicado que al tratarse de una industria con proyectos de desarrollo de largo plazo para nuestro sector es necesario siempre contar de previsibilidad. Además, en este caso y dadas las características, no deben darse cambios progresivos de corte en el tiempo, y necesitamos un plazo de adaptaciones. Se requieren de dos o tres años para realizar inversiones en nuevas calibraciones y hacer ensayos”, indicaron fuentes de la entidad ante una consulta de Comercio y Justicia.

“En estos casos y por las características de nuestro parque se debe contar con surtidores de resguardo para el parque actual (14 millones de unidades circulantes)”, recordaron. “Consideramos imprescindible conformar una mesa de trabajo con todos los actores involucrados en el tema para analizar y debatir sobre los aspectos que implican el acrecentamiento del corte para poder consensuar métodos y procedimientos para poder llevarlo a cabo”, concluyó Adefa.

Fuentes del sector, en tanto, recordaron a este medio que las normas argentinas para los vehículos que circulan en el país obligan a garantizar el normal funcionamiento con un corte de hasta cinco por ciento sobre los combustibles fósiles. Hoy, ese corte excede largamente el fijado de manera original. “Las garantías que ofrecen las terminales son de tres años. El aumento en el corte respecto a ese porcentaje exige pruebas de diferente tipo para todos los modelos que no se logra de un día para el otro”, señaló un informante. “Es muy fácil pedir ampliar el cupo pero nadie repara en que eso requiere para las automotrices inversiones y un cambio de reglas que exige tiempo”, concluyó.

Gabriel Bornoroni (Federación de Expendedores de Combustibles) Una apuesta al desarrollo y al ambiente

La ley 26093, que regula el uso de biocombustibles, tiene vigencia hasta mayo del próximo año. El Gobierno deberá analizar si hace una prórroga de esta o empieza desde ya a trabajar en algunas modificaciones que permitan repensar su uso. Hoy los combustibles ya tienen una mezcla de biocombustibles: las naftas de 12% y el diésel de 10%. Tenemos la posibilidad de migrar en principio a un corte de 15%, probar cómo funciona, concientizar sobre la importancia y los beneficios para que el usuario final adopte estos nuevos productos verdes.

Los biocombustibles son una herramienta de desarrollo, industrialización y generación de empleo; es necesario un nuevo marco legal que regule esto. Estamos frente a una revolución verde, podemos complementar la matriz energética mediante el aporte de un combustible de origen vegetal, renovable, menos contaminante y de producción nacional. Hoy tenemos que pensar en el impacto y el valor ambiental de nuestras acciones y sobretodo de nuestros negocios.

Como representante de las estaciones de servicio de la provincia y en conjunto con el equipo de trabajo que me acompaña en la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac), venimos investigando mucho sobre la temática. Dialogamos con productores locales y regionales y estuvimos en contacto con funcionarios de la Provincia que vienen trabajando hace tiempo. Sabemos que se está promoviendo mucho la investigación sobre el uso de biocombustibles. Estoy convencido de que necesitamos una nueva ley que apueste a revitalizar las economías regionales y transformar la matriz energética. Los biocombustibles tienen que estar en la agenda política ya que son valor agregado para el país y sobre todo para el interior del interior; no caben dudas de que sus ventajas son inconmensurables y la ampliación del corte es totalmente factible.

Coincido plenamente en que es una herramienta de desarrollo, industrialización y generación de empleo. Hoy Argentina cuenta con 54 plantas funcionando en distintas provincias.

Córdoba tiene un gran potencial para promover su uso, no sólo se multiplicaron las áreas sembradas, sino que hay grandes inversiones. Las estaciones de servicio, como último eslabón de la cadena de comercialización, estamos preparadas para hacer este giro verde.