La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos, realizó un nuevo relevamiento sobre el estado actual del proceso de juzgamiento de los juicios por delitos de lesa humanidad, en el que informa que suman 246 sentencias dictadas desde la reapertura de las causas y que al 15 de este mes son 997 las personas condenadas. Además, continúa en aumento la cantidad de prisiones domiciliarias otorgadas a personas procesadas y condenadas.
El documento elaborado por la procuraduría especializada indica que se registran un total de 3.329 personas investigadas por delitos de lesa humanidad. La cifra desagregada consta de 618 personas procesadas, 538 imputadas, 176 con falta de mérito, 162 absueltas, 92 sobreseídas, 65 indagadas, 28 prófugas y 997 condenadas. Asimismo, fallecieron 653 personas investigadas por crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado desde la reapertura de las causas.
Sobre el estado de los expedientes judiciales, el relevamiento indica que de un total de 597 en trámite, 44 por ciento se encuentra en etapa de instrucción (263), 41 por ciento obtuvo sentencia (246), 12 por ciento está elevado a juicio (70) y tres por ciento está actualmente en etapa de debate (18).
Por otra parte, el relevamiento de la procuraduría también refleja el aumento de la cantidad de prisiones domiciliarias que se suscitaron durante este año, incremento que se debe, en una pequeña porción, al contexto de pandemia y a la entrada en vigencia del Decreto 260/20, a partir del cual se registraron solicitudes de morigeración de la modalidad de prisión. En comparación con junio, cuando la cifra era de 649, el número actual marca un leve ascenso: actualmente son 659 las personas que están bajo esta modalidad de arresto.
En efecto, los datos muestran un incremento en el número de prisiones domiciliarias a causa del covid-19: mientras que en el informe de junio se contabilizaron 22 imputados (tres por ciento) a quienes le fue concedida esta forma de arresto, en septiembre suman 37 las personas (seis por ciento) que obtuvieron la prisión domiciliaria fundada en razones vinculadas a la pandemia.
Desde otro ángulo, 659 personas cumplen arresto domiciliario, lo que representa 72 por ciento de los casos de personas detenidas. En tanto, 181, es decir, 20 por ciento del total de privadas de la libertad, permanece en unidades penitenciarias. El restante ochopor ciento está alojado en otras dependencias.