Un informe elaborado por la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional analizó el impacto de la pandemia de Covid-19 en los trámites de extradición.
El documento destaca las medidas que se tomaron para poder avanzar con los juicios pese a las dificultades. También explica la posición que tomó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en esos procesos.
Así, expuso que con el fin de fortalecer la cooperación internacional y la lucha contra la criminalidad transnacional, el MPF hizo esfuerzos para que continúen los juicios, evitando demoras e incumplimientos de compromisos convencionales que afecten los derechos de las personas involucradas.
En ese contexto, detalló que todas las medidas que se tomaron apuntan a “consolidar el rol institucional del organismo en defensa de la legalidad y su rol legal específico, otorgado por la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley 24767), de representar el interés por la cooperación y por la extradición”.
De acuerdo con la publicación, la emergencia sanitaria derivó en la suspensión de la entrega de personas en extradición, por el cierre de fronteras, y en un importante incremento de pedidos de excarcelación.