“La implicancia de los hechos investigados impone avanzar rápidamente a la instancia de debate para que sea allí, con la publicidad y amplitud probatoria que esta etapa garantiza, se resuelvan definitivamente las imputaciones”.
Bajo esa premisa, el fiscal federal Marcelo Colombo reclamó avanzar con el juicio oral en la causa por el Memorándum con Irán, que involucra a la vicepresidente Cristina Fernández y a otros ex funcionarios de su administración.
Colombo rechazó un planteo de Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica del gobierno de Fernández de Kirchner y actual procurador del Tesoro, en el sentido de que se anule su procesamiento y la elevación a debate del expediente.
En su dictamen, Colombo pidió que el Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) convoque a las partes a la audiencia preliminar para definir la prueba, que se ofreció hace dos años.
El pronunciamiento ocurrió en el marco de la polémica en torno al rol en el caso de Ronald Noble, ex directivo de Interpol.
En su momento, Noble afirmó que con la firma del Memorándum con Irán no peligraron las alertas rojas contra los iraníes acusados en la causa AMIA
Cabe recordar que mientras las defensas lo quieren como testigo, las querellas lo tratan de acusado.
Colombo ya sostuvo que “no existe imputación formal” en contra de Noble, por lo que, en el juicio, sería oído sólo como testigo.
El TOF8 está a cargo de los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado. Ahora, los vocales deben resolver qué responden a los planteos de Zannini y de la fiscalía.
El expediente se generó en enero de 2015, con la denuncia que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.
En ese momento, la denuncia del agente fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, con el aval de la Cámara Federal.
En 2016 se presentó otra denuncia en contra de Fernández de Kirchner y de los legisladores que votaron el Memorándum con Irán y la Sala IV de la Casación avaló la reapertura del expediente, que estuvo en manos del magistrado Ariel Lijo y terminó en el juzgado que comandaba el fallecido Claudio Bonadio.
En diciembre de 2017, éste procesó y ordenó las detenciones de Fernández de Kirchner; de Zannini; del ex canciller Héctor Timerman; del dirigente Luis D’Elía; del ex jefe de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, y del lobbista iraní Jorge Khalil.
El fiscal Colombo rechazó un planteo de Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica del gobierno de Fernández de Kirchner y actual procurador del Tesoro, para que se anule su procesamiento y la elevación a debate del expediente.
En su dictamen, pidió que el TOF8 convoque a las partes a la audiencia preliminar para definir la prueba, que se ofreció hace dos años.
En tanto, sin prisión preventiva, también quedaron procesados por presunta traición a la patria el ex secretario general de la Presidencia y actual senador, Oscar Parrilli; la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia y actual viceministro de la cartera, Juan Mena; el diputado nacional Andrés Larroque; el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado.
En marzo del año pasado, la Corte Suprema confirmó la prisión preventiva de la ex presidenta, pero en diciembre el TOF hizo caer la orden de detención, nunca ejecutada porque la encausada tenía fueros como senadora.
Según el juzgador, no había elementos para hacer pensar en un entorpecimiento de la investigación o una fuga. Además, argumentó que se daba “la circunstancia extraordinaria” de que la imputada fue elegida vicepresidente de la Nación.