ESCUCHARTambién fueron acusados otros siete funcionarios. La denuncia fue presentada por el titular del Enargas
El ex ministro de Energía Juan José Aranguren y ex funcionarios de su área fueron imputados por las presuntas irregularidades en el aumento del precio en la comercialización del gas que fue afrontado por los usuarios, lo que podría configurar un “presunto desvío funcional, persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo”.
El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Aranguren y otros siete ex funcionarios a instancias de una denuncia que presentó el actual titular del Enargas, Federico Bernal.
Para iniciar la causa el fiscal solicitó las primeras medidas de prueba. Junto con Aranguren también fueron imputados Mauricio Ezequiel Roitman, ex presidente del Enargas; Daniel Alberto Perrone, Carlos Alberto María Casares, Griselda Lambertini y Diego Fernando Guichón, ex directores del Enargas; Marcos Pourteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Marcela Paula Valdez, ex gerenta de Legales del Enargas.
El hecho que se investigará se inició en noviembre de 2017, cuando el Ministerio de Energía convocó a todos los productores y distribuidores de gas para fijar bases y condiciones de la comercialización de Gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PITS ) y establecer por dos años precios uniformes y contratos a un tipo de cambio variable en dólares. Según la denuncia estos acuerdos “habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas”.
El ex ministro Aranguren afronta otras causas en la justicia federal. La más importante es la de compra de gas a Chile a la petrolera Shell, de la que Aranguren fue su máximo directivo antes de asumir como funcionario del gobierno de Mauricio Macri.
En ese expediente Aranguren había sido procesado por el juez federal Luis Rodríguez por negociaciones incompatibles con la función pública. También la entonces titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, por encubrimiento y abuso de poder por no haber objetado el conflicto de interés. Pero luego la Cámara Federal revocó esa decisión y les dictó la falta de mérito, lo que implica que seguirán bajo investigación, y ordenó una serie de medidas de prueba.
