ESCUCHAREl procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, sostuvo la queja interpuesta por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) frente al rechazo del recurso extraordinario en el marco de la investigación por los sobornos en la causa Siemens
Casal coincidió que el recurso era admisible en orden a que, si se convalidara el archivo dispuesto, se cerraría toda posibilidad de continuar investigando la intervención que en los sucesos tuvieron los entonces funcionarios públicos involucrados, lo que implicaría un hecho de gravedad institucional que justifica la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El procurador interino señaló especialmente que “no se trataba de una licitación más, sino de una contratación excepcional y estratégica para la seguridad de la Nación y de los ciudadanos, nada menos que para la impresión de nuevos documentos de identidad y la informatización de los pasos fronterizos y los padrones electorales, en la cual, por eso mismo, es razonable suponer que debió estar específicamente al tanto el entonces Presidente de la Nación, el entonces Ministro del Interior- responsable de la adjudicación y suscripción del contrato- y en cuya cartera se llevó a cabo en definitiva el proceso licitatorio, y al menos también de quien ocupaba entonces el cargo de Director de Migraciones”.
En orden a todo ello, la Procuración solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que haga lugar al recurso extraordinario interpuesto por la PIA.
El caso
El caso se inició el 17 de marzo de 1998 a raíz de las irregularidades detectadas en la licitación pública Nacional para la informatización de los Documentos Nacionales de Identidad. Posteriormente, en el año 2008, Siemens SA informó un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y la US Securities and Exchange Commission (SEC) donde reconoció que “desde 1997 a enero de 2007, Siemens Argentina pagó o hizo que se pagaran al menos US$15.725.000 directamente a entidades controladas por miembros del gobierno argentino, al menos US$35.150.000 directamente al Grupo Consultor Argentino y al menos US$54.908.000 a otras entidades”.
