ESCUCHARLa iniciativa del diputado Eduardo Valdés prevé que se eliminen cuando no tengan relevancia penal ni vinculación con el delito investigado
El diputado nacional oficialista Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal y obligar a la destrucción de las escuchas de conversaciones privadas realizadas en el marco de investigaciones judiciales, que no contengan elementos concretos y explícitos de prueba.
Además, la iniciativa dispone que en esos casos no debe quedar back up ni almacenamiento alguno del material.
El proyecto presentado por Valdés, integrante del bloque Frente de Todos, establece que jueces y fiscales deberán ordenar la inmediata destrucción de las conversaciones interceptadas sin relevancia penal ni vinculación con el delito investigado, sin posibilidad de dejar copias ni registro alguno. “Queremos impedir que se repitan filtraciones de conversaciones privadas que no prueban ningún delito, que luego son difundidas por medios de comunicación con el solo fin de extorsionar o dañar la imagen pública de determinados referentes políticos, sindicales y empresariales. Es un golpe directo al corazón de la cloaca de la democracia”, señaló el diputado.
La iniciativa busca poner a resguardo la privacidad de todos los ciudadanos, un derecho que tiene jerarquía constitucional y que, sostuvo, “es sistemáticamente violentado por la grabación y difusión de conversaciones sucedidas en la intimidad”.
Señaló Valdés: “El objetivo es cortar uno de los eslabones principales de la cadena del lawfare, que es el espionaje y filtración de comunicaciones con fines políticos”, y agregó: “La difusión de conversaciones privadas sin relevancia judicial pero con alto impacto mediático es una herramienta central para quienes buscan socavar los pilares del sistema republicano y democrático de gobierno”.
De aprobarse el proyecto, que ya fue presentado y rápidamente obtuvo el acompañamiento de pares como Graciela Camaño, Rosana Bertone y Nicolás Rodríguez Saá, entre otros, los medios de comunicación ya no podrán difundir escuchas de estas características invocando su legalidad bajo el amparo de haber sido ordenadas por un juez. “El viejo Código Procesal Penal nacional, aún vigente, y en menor medida en el nuevo Código Procesal Penal Federal guardan silencio respecto del tratamiento que se le debe dar al contenido derivado de las escuchas pedidas por el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal. Con esta iniciativa buscamos cerrar uno de los resquicios que posibilitan la vulneración del derecho a la intimidad. La cloaca es transversal y nos hace daño a todos y todas como sociedad democrática”, concluyó el diputado.
