ESCUCHARLa ex secretaria de Documentación Presidencial de Mauricio Macri, Susana Martinengo, fue una de las personas que quedaron privadas de su libertad, porque el juez consideró que ellas podrían entorpecer la investigación
La ex secretaria de Documentación Presidencial, Susana Mabel Martinengo, y otras 21 personas, la mayoría espía, fueron detenidas ayer por orden del juez federal Federico Villena, quien investiga una causa por presunto espionaje ilegal que se llevó adelante durante el gobierno de Mauricio Macri.
Además de Martinengo, la lista de detenidos incluye a Jorge “Turco” Saez, Leandro Araque, Facundo Melo, los hermanos Emiliano y Julián Matta, Mercedes Funes Silva, Andrea Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, Maria Belén Saez (hija del “Turco”), Jorge Ochoa, el penitenciario Andrés Rodriguez, y el ex miembro de la Policía Federal Gustavo Ciccarelli. Son todos los integrantes del grupo que se autodenominaba “Super Mario Bros”.
El juez también ordenó la detención de Diego Dalmau Pereyra, ex jefe de Contrainteligencia durante los primeros años de Macri; y de Martín Terra, el ex marido de Analía Maiorana, esposa de Diego Santilli -actual vicejefe de Gobierno porteño- quien ingresó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la gestión de Gustavo Arribas. Santilli es uno de los espiados en este expediente.
La lista de detenciones se completa con los agentes Jonathan Nievas, Javier Bustos y Mariano Ignacio Flores, quienes reportaban a la Policía de la Ciudad y trabajaban en la AFI. El juez también ordenó arrestar a Dominique Lasaigues, quien trabajaba en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires; y Juan Carlos Rodríguez, quien pertenecía al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Su vinculación estaría materializada por los informes comerciales y patrimoniales que conseguía la banda.
Alan Ruiz, en tanto, ya estaba preso en otra causa. Se espera que hoy comiencen las indagatorias.
Causa
El juez Villena investiga desde marzo pasado una presunta red de espionaje que tuvo como objetivos a la vicepresidenta Cristina Fernández; al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; a los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano; a los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot; al camarista federal Martín Irurzun; al ex intendente de La Plata, Pablo Bruera, y al empresario Fabián de Sousa, entre otros.
El magistrado, a partir del testimonio del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez, allanó a distintos ex agentes de la AFI y en sus celulares encontró los grupos de Whatsapp “Super Mario Bros” y “Argentina”, en los que se compartían los seguimientos, escuchas, filmaciones, fotografías y dossiers que la banda hacía de sus espionajes.
A Martinengo el juez la había allanado a fines de mayo. Le había secuestrado su teléfono celular. El jueves pasado, Villena allanó la casa de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. Su nombre aparecía mencionado en mensajes de Martinengo, Araque y Sáez. Su defensa pidió también la exención de prisión pero la fiscal Cecilia Incardona se opuso.
Detenciones
Después de destacar “las múltiples medida instructorias” que se hicieron en la causa, el juez afirmó: “Entiendo que el avance investigativo ha logrado la incorporación de nuevos elementos de prueba que permiten sostener que en el caso se ha alcanzado el grado de sospecha respecto de los nombrados para llamarlos a indagatoria. En razón de ello, a fin de asegurar la comparecencia de los nombrados a los estrados de este tribunal, habré de ordenar sus inmediatas detenciones”.
Para el magistrado, la magnitud de la estructura ilícita, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado -nacional, provincial y local-, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal. Y añadió: “Debe tenerse en consideración que, en virtud de la labor que ejercían los imputados, es dable sostener fundadamente que, dada su expertise, podrían entorpecer el desarrollo del proceso mediante la alteración de elementos de prueba o utilizar sus influencias para sustraerse de sus obligaciones, como ausentarse de concurrir a la convocatoria a prestar declaración indagatoria”.
Villena afirmó que los profusos elementos de prueba que son analizados por su tribunal permiten inferir que los detenidos mantenían vínculos con personal de distintas fuerzas de seguridad y sujetos “aún no individualizados”, que podrían facilitar su injerencia para frustrar la pesquisa. Subrayó que los investigados disponen de recursos que podrían generar un riesgo cierto de intimidación hacia las víctimas o a los testigos, sea por sí o por terceros. “Ello impone al suscripto elevar el umbral de riesgo en el caso, por cuanto la profundización de la pesquisa ha permitido la construcción de un panorama más acabado, el cual impide descartar, por las razones expuestas, que los investigados no intentarán eludir el accionar de la justicia”, finalizó.
