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La pandemia del covid-19 acapara la atención pública de una manera casi absoluta desde hace más de tres meses. Sin embargo, la vida sigue y con ella los problemas habituales. Lo cierto es que, poco a poco, éstos se van haciendo más evidentes y ocupan nuestra atención a medida que el cansancio por la cuarentena va aumentando.
Uno de los problemas que se ha incrementado es el de la seguridad. Si bien las autoridades se esfuerzan por afirmar que esto no es así, la realidad demuestra lo contrario. Incluso ellas mismas esperan que la inseguridad aumente en los días por venir. Recordemos las palabras de la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, quien expresó que como consecuencia de la recesión económica y su impacto en la situación social, “el día que salgamos de la cuarentena vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad”. Como ciudadanos esperamos que tan sincero reconocimiento esté acompañado por un plan para paliar los efectos de tan negro panorama planteado.
Cotidianamente nos encontramos con noticias que revelan casos de robos, homicidios y otros delitos de similar naturaleza –no contamos aquí los crímenes vinculados con la violencia familiar, que realmente deben ser motivo de un análisis aparte–. Pero también está en aumento un tipo de delitos, al que no se le presta tanta atención, pese a generar importantes daños:los que suceden en zona rural.
Efectivamente, la actividad agrícola está siendo cada vez más agredida por vaya a saber qué tipo de delincuentes quienes, por ejemplo, se ocupan de destrozar los silos bolsas donde se almacenan toneladas de soja o maíz, entre otros. Según las informaciones, se han producido sólo en la provincia de Córdoba 3 de estos ataques en el último mes, siendo muchos más los que han ocurrido a lo largo del país.
Se trata de delitos de simple daño, en el que no hay ninguna ventaja para quien lo perpetra. Hay quienes dicen que se trata de una cuestión política, otros que son sólo vándalos, otros simples delincuentes comunes. Algunos minimizan lo que ocurre porque afecta a “millonarios productores agropecuarios”, una afirmación marcada por prejuicios que en nada justifican dichas acciones que, más allá de ello, lejos de perjudicar a los productores causan, además, un daño social de envergadura.
Varias son las voces que se han alzado al respecto. Por ejemplo, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) manifestó: “Es esencial que entendamos y empecemos a pensar, más en momentos como el que estamos atravesando, que el fruto de la labor de los productores en el campo no representa sólo la propiedad privada de éste, son también divisas que luego ingresan al erario público en provecho de toda la sociedad”. Y agrega en su comunicado: “El perjuicio no es al productor, es al trabajo, al esfuerzo, a la producción argentina y a la posibilidad de progreso. Es inadmisible que siga ocurriendo. Es imperante que entendamos el alcance del perjuicio… Sin duda estos hechos no deben ser naturalizados, todo lo contrario, se debe comprender que esto no es una práctica de unos contra otros sino un daño grave a la sociedad toda”.
Está claro, tanto la violencia urbana como la rural van en aumento y deben ser prevenidas y combatidas. Es necesario que las autoridades políticas y judiciales -que están seriamente preocupadas y abocadas a perseguir a quienes violan las disposiciones relativas al cumplimiento de la cuarentena- busquen, además, la manera de mejorar la lucha contra todas las formas delictivas, que no sólo dañan a la víctima (quien tiene todo el derecho del mundo de ser protegida y cuidada por el Estado), sino que también acarrean consecuencias sociales negativas para el conjunto de la sociedad. No solo el covid 19 produce daños a los miembros de la comunidad.
Tal como decíamos en alguna columna anterior, hay que tener una visión de integralidad de la cosa pública orientada al bien común. De lo contrario, nos pasamos parchando cosas sin solucionar ninguna conforme las encuestas y el humor social de turno.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
