ESCUCHARLas monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, junto con la ex apoderada legal del Instituto Antonio Próvolo, de Mendoza, Graciela Pascual, comenzaron ser juzgadas por abusos sexuales a niños sordos.
Otras seis imputadas están en el banquillo. Se trata de las ex directoras de la entidad Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán y Cristina Leguiza; de la cocinera Noemí Paz y de la psicóloga Cecilia Raffo.
Las nueve mujeres estuvieron presentes en la Sala 4 del fuero Penal Colegiado, presidida por el juez Horacio Cadile. El resto de los vocales del tribunal -los fiscales Alejandro Iturbide y Gustavo Stroppiana, los querellantes y los defensores- participó de forma virtual.
Así, el debate por el caso -conocido como Próvolo II- será semipresencial. Se utilizará Microsoft Teams. Sin embargo, ayer, debido a problemas de conectividad, se pasó a un cuarto intermedio hasta poder resolverlos.
Para el segundo juicio oral se consiguió unificar las diferentes causas. La encartada comprometida es Kumiko, una religiosa de ascendencia japonesa, quien se encuentra con prisión domiciliaria, imputada como partícipe primaria en siete hechos, en uno de los cuales está sindicada como autora penalmente responsable de un abuso simple.
Las otras ocho imputadas llegarán al debate en libertad, aunque Pascual estuvo detenida más de dos años, primero en un penal y luego en su casa, hasta que en octubre de 2019 le otorgaron la libertad.
En febrero se realizó la audiencia preliminar y se leyó la parte formal de las acusaciones, pero el proceso se detuvo por la pandemia de coronavirus.
El fiscal Gustavo Stroppiana, quien llevó adelante la instrucción de la causa, sostuvo en la elevación a juicio que las mujeres sabían de los delitos que se cometieron y no los denunciaron ni hicieron nada para evitarlos; por eso, en distinta medida, son responsables por encubrimiento.
Noviembre de 2019
El caso ya tiene a dos curas, un jardinero y un ex administrativo condenados por abuso sexual y corrupción de menores en el instituto religioso del departamento mendocino de Luján de Cuyo.
El 25 de noviembre de 2019, a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi se les impusieron penas de 45 y 42 años de prisión, respectivamente.
En tanto, el jardinero Armando Gómez fue condenado a la pena de 18 años de prisión. Por su parte, el ex empleado administrativo Jorge Bordón, luego de admitir su culpa en 11 abusos, accedió a un juicio abreviado en septiembre de 2018 y recibió 10 años de prisión.
El histórico veredicto fue dictado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli al cumplirse tres años desde que salieron salido a la luz las primeras denuncias, que tuvieron repercusión internacional.
