ESCUCHARLa situación profundiza una crisis preexistente. De hecho, según los datos sectoriales, en febrero pasado el empleo industrial había caído 3,4% interanual.
A finales de abril, 56% de las empresas tenía “totalmente paralizada” su producción, según indicó un nuevo estudio de Unión Industrial Argentina (UIA) que contiene datos sobre el impacto del coronavirus en el sector y cifras sobre la situación del empleo en general y, específicamente, en el rubro.
La encuesta fue realizada en 1.300 empresas entre el 24 y el 28 de abril y reveló, además, que 63% de las empresas había sufrido caída de las ventas mayor a 60% y que el pago de salarios fue una prioridad para las empresas (12% no pudo abonarlos en marzo) pero hubo mayores incumplimientos en los rubros como el pago a proveedores, servicios públicos e impuestos, según detalló el documento titulado “Indicadores Laborales en la Industria”.
La investigación sectorial afirmó que se observó una interrupción de la producción y de las ventas tanto en las empresas de actividades esenciales como no esenciales y un “importante ahogo financiero”.
Puestos de trabajo
Este panorama más que desalentador que se registró a finales del mes pasado se sumó a la crisis que arrastrandoel sector privado como consecuencia de la recesión de años anteriores y que impactó decisivamente en la cantidad de puestos de trabajo.
En relación con esto, la UIA informó que el empleo del sector industrial cayó en febrero un 3,4% interanual, lo que representó la pérdida de unos 38.800 puestos de trabajo, según los resultados del informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la entidad que agrupa a las industrias del país
Con base en este relevamiento, si bien en febrero se verificó una mejora en el nivel de producción de 0,2% respecto a enero, la cantidad de trabajadores registrados existentes en el sector fue 12,6% inferior a la del mismo mes de 2015.
En tanto, a nivel general, los últimos datos oficiales publicados referidos a febrero -antes de que el 20 de marzo se pusiera en marcha la cuarentena por coronavirus- establecieron que el empleo total cayó por décimo octavo mes consecutivo con una variación interanual de -0,6% principalmente por la caída del empleo asalariado privado (-2,3%).
La caída de la actividad y el empleo general también se vieron reflejados en la menor cantidad de empleadores que registraron declaraciones juradas en el SIPA, con una retracción de 2,6% interanual y 14.579 registros menos.
En este sentido, las empresas industriales declarantes registraron un descenso de 4,2% interanual, es decir 2.222 empresas menos, datos que muestran un “delicado” panorama social y laboral, previo al avance de la pandemia”.
Mientras tanto, al comparar el empleo registrado con el mismo mes de 2015, se observa un aumento del nivel de empleo registrado de 2,6%, unos 301 mil puestos más. No obstante, es necesario aclarar que el aumento registrado es explicado por los monotributistas independientes (13% más que en febrero 2015 con un aumento de 185 mil), por asalariados públicos (7,9% más, con 232,1 mil personas más) y por asalariados de casas particulares (13,8% más, que representan 60,4 mil personas).
En cambio, hubo una caída de asalariados privados de 2,8% en comparación a 2015 (173,2 mil puestos menos), explicada mayormente por la caída del empleo industrial, el cual ya acumula un retroceso de 12,6% en comparación a febrero de 2015; el equivalente a 157 mil puestos menos.
Por otro lado, según el documento sectorial, la actividad industrial volvió a contraerse en febrero (-0,9% interanual) luego de la recuperación verificada en enero (0,6%) después de 20 meses en caída.
En cuanto a marzo y los meses siguientes, el informe anticipó que el avance del coronavirus en el país está impactando fuertemente en el sector productivo y en su capacidad de contener y generar empleo, por lo que se esperan “nuevas y más profundas contracciones” por la crisis provocada por la pandemia.
MEDIDAS
El Gobierno busca evitar que empresas beneficiadas fuguen divisas
El Gobierno profundizó los controles para restringir que las empresas incluídas en programas de ayuda por la emergencia sanitaria puedan actuar en el mercado de capitales, dolarizar activos y fugar divisas.
Según se informó, estas medidas forman parte de las recomendaciones elaboradas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), contenidas en el Acta Número 11 publicada junto a la decisión administrativa 721/2020 en el Boletín Oficial.
En la misma se propuso aumentar los controles para las empresas grandes de más de 800 empleados que solicitaron el beneficio Salario Complementario contemplado en el ATP, para abonar parte de los sueldos en mayo.
El Gobierno ya había establecido que estas compañías no podrán realizar una serie de operaciones durante el ejercicio en curso, y los 12 meses siguientes a la finalización del ejercicio económico posterior a aquel en el que se otorgó el beneficio, inclusive por resultados acumulados anteriores.
En esta oportunidad, y a instancias del comité, se decidió duplicar ese lapso y llevar a 24 los meses posteriores al ejercicio en que se recibió el beneficio, durante los cuales las empresas no podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019; recomprar sus acciones directa o indirectamente; adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior.
Tampoco podrán realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción “no cooperante” o de baja o nula tributación.
Esta decisión se suma a un paquete de medidas adoptadas en las últimas semanas que, por un lado, buscan incentivar el ahorro en pesos y, por otro, limitar las operaciones en moneda extranjera.
En este sentido, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó un aumento para la tasa de pases de 11,4% a 15,2%, y resolvió que los fondos T0 o “money market” -aquellos que pagan interés pero que pueden ser retirados en cualquier momento- no tengan encajes, lo que permitiría a los bancos ofrecer una mayor remuneración de esos depósitos.
La decisión pretende mejorar la rentabilidad de los depósitos en pesos y, así, desalentar las operaciones de compra de dólar vía Contado con Liquidación (CCL) -que surge de comprar acciones en pesos que cotizan en dólares en el exterior- o MEP -resultante de la compra y venta de bonos soberanos que cotizan en ambas monedas, como el AY24, por ejemplo-.
Por su parte, la Comisión Nacional de Valores (CNV) fijó un límite de 25% para la tenencia de dólares tanto de los Fondos Comunes de Inversión nominados en pesos como de los nominados en dólares que hayan emitido cuota partes en pesos, y también suspendió la suscripción de cuota partes en una moneda distinta a la del FCI.
Luego le otorgó el mismo el tratamiento a las inversiones realizadas por los FCI denominados en moneda nacional en instrumentos emitidos en el país y denominados en moneda extranjera, que se integran y pagan en pesos, y cuyos intereses y capital se cancelan en la misma moneda.
Por su lado, la Unidad de Información Financiera (UIF) señaló a las entidades la obligación de informar sistemáticamente el Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE), que incluye a las transacciones realizadas en moneda local o extranjera que involucren movimientos superiores a $ 280.000.
En tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reforzó sus facultades de control y fiscalización en materia de transacciones internacionales entre empresas de un mismo grupo económico a los fines de la determinación del impuesto a las Ganancias.
En la misma línea, la Dirección General de Aduanas (DGA) reactivó un área clave en el control de los productos que ingresan y salen del país, con el objetivo de combatir la evasión impositiva y la fuga de divisas.
Se trata de la fijación y el monitoreo de los precios de referencia para importaciones y exportaciones, lo cual fortalecerá la fiscalización y el combate a las maniobras abusivas en materia de sub y sobrefacturación del comercio exterior.
LICITACIÓN
Economía espera captar hasta $37 mil millones
El Ministerio de Economía realizará hoy una nueva licitación de Letras del Tesoro y de bonos con vencimiento en 2022, ambos en pesos, con los que buscará captar hasta $37.000 millones.
En este nuevo llamado ofrece una combinación de tres Letras del Tesoro con intereses “a descuento” y plazos de entre 53 y 99 días, y un bono a tasa fija de 22% anual con dos pagos anuales de devengamiento de intereses.
Esta combinación se integrará con Letras del Tesoro, con vencimiento el 13 de julio, a precio mínimo de $960 por cada valor nominal de $1.000 con las que se espera colocar $8.000 millones.
También se ofrecerán otra serie de LeDes con vencimiento el 13 de agosto a un mínimo de $936, por hasta $6.000 millones, y una tercera serie con cierre el 28 de agosto a $924, por las que se espera captar hasta $4.000 millones.
El paquete de ofertas se completa con un Bono del Tesoro en pesos ajustado por una tasa fija del 22%, con vencimiento el 21 de mayo de 2022, a un precio mínimo de $1.000,00 por cada valor nominal de $1.000, con el que se proyecta captar hasta $19.000 millones.
La recepción de ofertas comenzará a las 10.
