ESCUCHAREl planteo lo promovieron dos de los hijos de Lázaro Báez. Sostienen que deben primar los principios de igualdad ante la ley y debido proceso y que el organismo no puede ir en contra de sus propios argumentos
“De seguir el lineamiento trazado por la resolución 3/2020, la Oficina Anticorrupción desistirá de su rol de querellante, y de no ser así, claramente nos encontraríamos frente a un posicionamiento estatal evidentemente discriminatorio, habida cuenta que, ante delitos de tremenda similitud, adoptaría en algunas causas criterios interpretativos que abiertamente beneficiarían a determinados imputados, frente a otros procesos de iguales características, en los cuales mantendría su rol y por ende, la acusación”.
Bajo esa premisa, luego de que la Oficina Anticorrupción (OA) renunció a la querella en las causas “Los Sauces” y “Hotesur”, Melina y Leandro Báez, dos de los hijos del empresario Lázaro Báez, le pidieron al Tribunal Oral Federal 4 -que los juzga por presunto lavado de activos en el marco del expediente llamado por algunos medios “la ruta del dinero K”- que aparte al organismo a cargo de Félix Crous, pese a que ya hizo la primera parte del alegato.
En el debate, la OA ejerce una de las tres querellas, junto al Fisco y a la Unidad de Información Financiera (UIF).
El 11 de marzo, en la última audiencia antes de la declaración de la feria extraordinaria por la pandemia de Covid-19, los letrados de la OA dieron por probada la existencia de una estructura jurídica y societaria para lavar 60 millones de dólares y que las operaciones delictivas se concretaron por orden de Báez padre, con dinero de Austral Construcciones, una de sus firmas. Incluso, presentaron un tramo desconocido de los videos de la financiera conocida como “La Rosadita”.
En tanto, al igual que sus colegas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la UIF, los letrados del área que comanda Crous consideraron que los ilícitos precedentes fueron las maniobras de la causa que investiga la adjudicación de contratos de obra públicas al Grupo Austral, en la provincia de Santa Cruz.
No obstante, los encartados sostienen que las circunstancias por las cuales la OA renunció a “Los Sauces” y “Hotesur” son similares a las de “la ruta del dinero K”.
“Entendemos que deben primar los principios constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso legal, teniendo en cuenta que la OA, como organización estatal con un fin determinado, no puede contrariar sus propios actos”, enfatizaron sus defensores.
El jueves, la OA renunció a ser querellante en las causas “Los Sauces” y “Hotesur”, en las cuales están procesados la vicepresidenta Cristina Fernández y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Justificó la medida alegando que su facultad de constituirse en querellante en los procesos en los que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional “se rige por los criterios de significación institucional, económica y social que condicionan su actuación” y que se se impone la necesidad de “concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta” en casos más complejos y de “mayor actualidad” que “demanden particular experticia en delitos de corrupción”.
También adujo que los expedientes ya no están en etapa de investigación y que el impulso de la acción penal está adecuadamente garantizado por la intervención de la UIF, órgano rector en materia de lavado, que actúa en carácter de querellante estatal, y por el Ministerio Público Fiscal, titular de la acción en representación del interés general de la sociedad.
“Es la propia UIF el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos de origen ilícito, hipótesis delictiva que se ventila en las causas aludidas”, añadió.
Al alegar en la última audiencia del juicio antes de la declaración de la feria extraordinaria, los letrados del organismo afirmaron que se probó la existencia de una estructura jurídica y societaria destinada a lavar 60 millones de dólares y que las órdenes las impartió Lázaro Báez.
Félix Crous
-Los diputados Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff y Fernando Iglesias (JpC) denunciaron penalmente al titular de la OA, Félix Crous, por desistir de las querellas en “Hotesur” y “Los Sauces”.
-Sostienen que Crous incumplió los deberes a su cargo “con el único y evidente objeto” de beneficiar a los imputados.
-Paralelamente, alegan que el funcionario perjudicó deliberadamente la causa que le fue confiada, incurriendo en el delito de prevaricato.
-Por su parte, la abogada Silvina Martínez, patrocinante de Margarita Stolbizer, denunciante en “Hotesur” y “Los Sauces”, adelantó que pedirá que Crous sea investigado por violación de deberes y abuso de autoridad.
-“La decisión de la OA va en consonancia con un plan de impunidad para que la expresidenta quede libre de culpa y cargo”, enfatizó la letrada al hacer el anuncio.
-Martínez resaltó que el decreto 102/99 establece que la OA debe constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio estatal.
-Asimismo, precisó que en marzo de 2018 se fijaron las pautas para que la repartición pudiera intervenir, como la importancia para el interés público en virtud de los derechos y garantías afectados, la relevancia real o potencial del daño económico y el nivel o jerarquía de los funcionarios públicos involucrados.
