ESCUCHARPor Carolina Tamagnini (*)
En el actual contexto de pandemia global, todos los actores sociales -desde organismos internacionales hasta gobiernos de distintos países y la sociedad en general- estamos haciendo esfuerzos nunca antes vistos para superar los desafíos propios de una situación sin antecedentes. En este sentido, cada persona desde el lugar que ocupa pretende colaborar en el mejor desenvolvimiento durante este fenómeno y evitar así que sus efectos negativos se profundicen.
¿Cuáles son los temas claves para el funcionamiento de la democracia? A continuación, algunos elementos a los cuales prestar especial atención, en cualquier contexto, pero fundamentalmente en la situación particular e inaudita que se presenta con la crisis del coronavirus.
Primero y principal: el adecuado funcionamiento de un sistema democrático ocurre con todos sus poderes actuando. Si bien es entendible que en un primer momento se centralice la toma de decisiones -como sucedió en otras partes del mundo-, a dos meses de declarada la emergencia debería hacerse el mayor esfuerzo posible para que se vuelva a poner en funcionamiento todo el aparato gubernamental.
El Poder Legislativo es el principal órgano de debate público y control de los actos de gobierno. En este escenario en el cual la toma de decisiones se centralizó en la Gobernación, nada justifica más que la Legislatura de Córdoba vuelva a sesionar. Aun cuando en Córdoba la composición de ésta cuente casi con 73% de bancas oficiales, es necesario que se brinde espacio a las otras fuerzas políticas para que realicen sus aportes de gestión y control. La necesidad es que la Legislatura vuelva a sesionar de forma ordinaria y no como está previsto actualmente, sólo a propuesta del oficialismo. Lo mismo sucede con las comisiones que se convocan: es necesario que el Poder Legislativo sea el órgano modelo de debate y transparencia. En ese sentido, no existe claridad para la ciudadanía ya que no se sabe qué comisiones se convocan, cuándo y con qué criterio.
Con respecto a las sesiones, Córdoba cuenta ya con una exitosa experiencia de su primera sesión parlamentaria del 15 de abril. Aun cuando se decida que sólo puedan tratarse cuestiones vinculadas con la gestión de la pandemia, lo cierto es que en esa gestión están involucradas decisiones muy sensibles que hacen, por ejemplo, al uso de los fondos públicos, su seguimiento y a programas de atención de grupos que se ven más perjudicados, en los que es clave dar un debate lo más amplio posible.
El Poder Judicial tiene también funciones indelegables que deben ser retomadas a la brevedad, no sólo en su rol de control dentro de los poderes del Estado sino, fundamentalmente, a los fines de que se protejan los derechos de las personas en especial situación de vulnerabilidad. En este sentido, en consonancia con lo dicho por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el regreso a la actividad debería priorizar, de forma inmediata, aquellas causas en las que se involucren derechos fundamentales. A partir de ello y de forma progresiva, deberían reactivarse las restantes actuaciones hasta el levantamiento definitivo de la feria judicial, sin afectar en ningún caso el ejercicio del derecho de defensa.
Ambos poderes son esenciales para un equilibrado funcionamiento de la democracia, en el cual se garanticen nuestros derechos y especialmente los de las personas mayormente afectadas por la pandemia y en situación de vulnerabilidad.
Otra cuestión de suma importancia es la necesidad de que los actos de gobierno sean transparentes. Acceder a información pública sigue siendo un derecho fundamental en tiempos de pandemia. Esta demanda, si bien necesaria en cada día de la gestión pública, adquiere mayor fuerza cuando no se encuentran activas todas las áreas del Ejecutivo y en mucho menor medida del Legislativo y el Judicial. Entonces, aumenta la demanda ciudadana, civil u organizada, de estar informados en primer lugar, y de poder ejercer un control sobre los actos del gobierno.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “Sólo a través del acceso a la información bajo control del Estado que sea de interés público es que los ciudadanos pueden cuestionar, indagar y considerar si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones públicas”.
En Córdoba, ésta es una deuda que queda aún más en evidencia en esta situación. La ley para efectuar solicitudes de información a la Provincia data del año 1999, prevé únicamente el ingreso de solicitudes en papel (lo cual en este momento quita toda posibilidad de actuación) y, en la práctica, se exigen más requisitos de los previstos en la ley. Bajo estas circunstancias, queda expuesta la importancia de su actualización -tal como venimos reclamando- y la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AIP). Algo similar ocurre en el ámbito municipal en el que, si bien está prevista la existencia de una agencia de acceso a la información pública desde 2010, ésta no ha entrado en funcionamiento hasta la actualidad.
En ambos casos, los pedidos de acceso a la información pública no se responden sino una vez que se judicializan. En un contexto como el actual, en el que el funcionamiento de las dependencias ha disminuido y al ámbito judicial se accede por cuestiones excepcionales, este derecho se encuentra virtualmente suspendido; salvo por aquella información que los organismos deciden publicar en sus respectivos portales de datos.
La desigualdad en materia de políticas de transparencia en los distintos estamentos de gobierno y provincias queda también en evidencia con esta crisis sociosanitaria. En este sentido, es destacable una buena práctica llevada a cabo en la esfera nacional. En la Nación no sólo se cuenta con una ley de acceso a la información pública actualizada y de acuerdo con estándares internacionales sino que además su Agencia Nacional de AIP dispuso la excepción en la suspensión de los plazos en trámites relativos tanto a la Ley nacional de Acceso a la Información Pública (N° 27275) como a la de Protección de Datos Personales (N° 25326), lo cual demuestra que aun en períodos de emergencia se puede decidir en pos de la garantía de estos derechos tan fundamentales.
En contextos de crisis como el que nos toca vivir, no existe mejor mecanismo que la colaboración en la búsqueda de soluciones. Es necesario para pensar estratégicamente acciones deseables y posibles para que los gobiernos enfrenten la pandemia y la recuperación en los meses venideros de una manera abierta, transparente y participativa.
La sociedad civil en general y la cordobesa en particular tienen mucho que aportar a la gestión de esa situación excepcional. Es tiempo de que se abran los canales de diálogo con ellas en todos los poderes del Estado, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial.
Contar con instituciones fortalecidas prepara mejor para la atención de cualquier contingencia, previene conflictos e involucra a actores y actoras sociales en la toma de decisiones, de modo que éstas puedan ser más justas y equitativas. Como toda crisis, ésta es sin dudas una oportunidad para que tanto la ciudad como la provincia de Córdoba salden algunas deudas y aprovechen esta circunstancia para construirlas colaborativamente.
(*) Directora Ejecutiva de Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
