ESCUCHARPor Gonzalo Fiore Viani*
Una grave situación se vive en las prisiones no sólo argentinas sino de gran parte del planeta, ya que éstas no funcionan para la reinserción de condenados sino que son un método más de castigo para ellos. En medio de una situación que jaquea todos los órdenes de la vida de la humanidad, es un buen momento para discutir esto de una vez
Más allá del tratamiento mediático, claramente malintencionado, el cambio en las condiciones de detención o directamente la liberación de personas privadas de su libertad se está produciendo en todo el mundo debido a que las prisiones son un foco potencial de contagio de Covid-19. En Argentina, algunos medios o las redes sociales intentaron responsabilizar al gobierno de Alberto Fernández, pretendiendo ignorar la división de poderes. Sin embargo, esto hizo que se corriera el foco de la discusión, evitando hablar de las lamentables condiciones en las que viven cientos de miles de personas en el país. Las condiciones carcelarias tampoco son buenas en otros países del continente. El ranking de mayor cantidad de personas privadas de la libertad cada cien mil habitantes lo encabezan Estados Unidos y luego El Salvador. Este país caribeño es el más pequeño de América Latina, sin embargo tiene 614 presos cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene 655 cada 100.000.
La problemática de las cárceles y la pandemia es particularmente grave en países como Estados Unidos. Mientras el gobierno de Donald Trump insta a los gobernadores a retomar las actividades en sus Estados, asegurando que el avance del virus ha sido detenido, se ha comenzado a producir una ola de contagios en prisiones que preocupa a los expertos sanitarios. Por ejemplo: un establecimiento de ese tipo en la localidad de Marion, en el estado de Ohio, tiene más de 80% de sus 2.500 reclusos contagiados, al mismo tiempo que 175 de sus empleados también se han infectado con el virus. A partir de esta situación ya se han producido incidentes violentos en prisiones de los estados de Washington y Kansas, entre otros. Según datos oficiales, 13.436 reclusos y 5.312 trabajadores de prisiones del país han dado positivo por coronavirus hasta ahora, aunque estos datos cambian día a día debido a la imposibilidad de las autoridades de mantener el distanciamiento social o asegurar las condiciones sanitarias mínimas necesarias para hacerle frente a la pandemia dentro de las cárceles.
A su vez, en Chile también ocurrieron situaciones de este tipo, aunque a menor escala. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico Chileno acudieron por un motín producido en la cárcel de Puente Alto. Allí descubrieron que por lo menos 149 reclusos eran portadores de coronavirus. Posteriormente, el gobierno chileno decidió la liberación de por lo menos 1.500 detenidos de distintas cárceles del país con el objetivo de descomprimir la situación en esos establecimientos y evitar un nuevo brote de contagio masivo. El presidente Piñera, en uso de sus facultades constitucionales, decidió beneficiar con el indulto a los mayores de 75 años, madres de hijos menores de dos años y mujeres embarazadas; quienes, debido a encontrarse entre la población de riesgo, podrán seguir cumpliendo la condena en sus casas -en algunos casos-, y en otros directamente serán liberados. Quedaron fuera de esto represores de la dictadura de Augusto Pinochet condenados por graves violaciones de los derechos humanos debido a quejas de diputados opositores, quienes consideraron inconstitucional la medida.
Existe, desde hace mucho tiempo, una grave situación en las cárceles no sólo argentinas sino de gran parte del mundo porque ellas no funcionan para la reinserción de los condenados sino que son un método más de castigo para éstos. En medio de una pandemia que jaquea todos los órdenes de la vida de la humanidad, es un buen momento para discutir esto de una vez. O por lo menos, para poner en la centralidad que cientos de miles de personas en todo el mundo sufren condiciones extremadamente contrarias a cualquier tipo de estándar mínimo sanitario o incluso humanitario. Una sociedad no puede funcionar con cárceles sirviendo de castigo a cientos de millones de personas que hace décadas se encuentran atravesando otra pandemia, proviniendo de los estratos más humildes y empobrecidos de la sociedad, encerrados en jaulas en condiciones que bordean lo infrahumano. Nunca hubo mejor momento para poner los focos de atención sobre esto, en lugar de debatir sobre las supuestas “culpas” del Poder Ejecutivo al respecto de las decisiones individuales de otro poder independiente.
