Mónica Fernández Campero, presidenta de la Asociación de Abogados Digitales 4.0, reflexionó sobre el impacto que tiene en los operadores judiciales la emergencia sanitaria. La transformación digital se aceleró en el Poder Judicial y los abogados necesitan “acomodarse” a la nueva realidad
Silvina Bazterrechea [email protected]
El aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional a raíz de la pandemia de coronavirus obligó a repensar las formas de trabajo. Por supuesto, la Justicia argentina no quedó exenta de la situación y se vio obligada a acelerar su proceso de transformación digital.
En Córdoba, los tribunales provinciales debieron dictar resoluciones para implementar herramientas tecnológicas que permitan continuar prestando servicios, aunque todavía de manera limitada. Audiencias por videoconferencia, resoluciones digitales, notificaciones electrónicas forman parte de las nuevas metodologías de trabajo de los operadores judiciales.
Los cambios, sin dudas, influyen en el ejercicio de la profesión de la abogacía. ¿Cómo atravesar la emergencia sanitaria en un contexto tan delicado, económico y social?¿Qué habilidades debe tener un abogado en un contexto hostil como el que hoy se presenta? La abogada Mónica Fernández Campero, presidente de la Asociación de Abogados Digitales 4.0 de Córdoba y miembro de la Sala de Gestión Profesional del Colegio de Abogados dialogó con Comercio y Justicia sobre estos interrogantes.
-¿Qué análisis hace sobre el panorama que atraviesa hoy el Poder Judicial y los abogados en particular?
– Sin dudas la situación es bastante delicada en todo el país y en todos los sectores; no sólo en la abogacía. En la Justicia, la emergencia sanitaria implica un gran desafío, que es, ante todo, cambiar el paradigma mediante el cual nos manejábamos hasta hoy.
Sabemos que se están tomando medidas. En Córdoba, el Poder Judicial está haciendo audiencias remotas en los fueros Laboral y Penal, se está utilizando el expediente electrónico y el Colegio de Abogados está dictando cursos virtuales. Creo que a pesar de que está todo paralizado, poco a poco se están abriendo los canales de trabajo.
Esta situación evidentemente es rara para nosotros los abogados, las nuevas herramientas que se están poniendo en marcha en los tribunales no forman parte de nuestro canal habitual de comunicación. Estamos acostumbrados a ir a tribunales; no hay que perder de vista que el expediente electrónico se comenzó a implementar sólo en septiembre del año pasado; estábamos con ese paradigma viejo de ir a tribunales pese a que, muchas veces, con el expediente electrónico ya no teníamos la necesidad de recurrir tanto. Con esta emergencia sanitaria todo cambió y, teniendo en cuenta que hoy el bien jurídico protegido mayor es la vida, lo que nos queda en esta situación de crisis e incertidumbre es capacitarnos. Vivimos un cambio de paradigma que llegó para quedarse.
-¿Los abogados están preparados para ese cambio de paradigma?
– Es éste el momento de replantearnos el modo de ejercer la profesión, cambió la forma de trabajar y hay que pensar en el abogado que se viene. Yo veo que las universidades repiten su contenido, que tiene que ver con el derecho de fondo; sin embargo. yo creo que hoy el abogado necesita otro tipo de capacitación.
-¿Cuál es esa capacitación?
Los abogados necesitamos, además de los conocimientos técnicos, habilidades digitales y lo que se denomina habilidades blandas.
-¿Se están dando estos cursos?
– En materia de capacitación se están abriendo numerosos cursos. El Colegio de Abogados está dando clases virtuales gratuitas. Yo integro la sala de Gestión Profesional y allí también estamos armando un cronograma nuevo. Se están dando conversatorios sobre crisis, oportunidad y nuevas técnicas y estrategias para afrontar este nuevo contexto. Yo veo que los abogados están predispuestos y se están capacitando.
Excelente análisis de la doctora Mónica Fernández, cómo abogados debemos capacitarnos constantemente para adaptarnos a los cambios imprevistos más aún en medio de esta pandemia mundial.
Es importante también que en medio de esta crisis los Estados puedan garantizar un efectivo acceso a la justicia (ahora por medios telemáticos o electrónicos), así lo ha previsto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos en su Resolución No. 1/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, adoptada el 10 de abril de 2020, insta a los Estados a:
Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos las acciones de hábeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en dicho contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios del debido proceso legal