ESCUCHARSegún una encuesta, en abril, 58,2% de ese grupo vio reducidos sus ingresos, mientras que 32,8% tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no cobra desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio
Debido a la crisis económica derivada por la pandemia de coronavirus, 42,5% de los inquilinos de la provincia de Córdoba no pudo pagar sus alquileres de viviendas residenciales correspondientes a abril.
Los datos surgen de la última encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional, con la participación de la Asociación Inquilinos Córdoba como miembro integrante, para determinar el impacto de la pandemia por Covid-19 y la paralización de las actividades productivas en el país.
En el informe se observó que, discriminados por grupos de edad, la situación afectó de manera más profunda a los más jóvenes: 47% de los inquilinos de entre 18 y 25 años manifestaron esta limitación.
Vale destacar que, este mes, 58,2% de los inquilinos de Córdoba vio reducidos sus ingresos como ocurre en el país con valores similares. Nuevamente el grupo más afectado corresponde a los más jóvenes (18 a 25 años) con 71,4% y luego con casi 60% se encuentran los adultos jóvenes (36 a 50 años).
“Es decir, de 71,4% de jóvenes que vio mermado sus ingresos, 47% ya no pudo pagar el alquiler de abril, por lo que cabe preguntarse qué ocurrirá en los meses venideros. Estos datos muestran concretamente la crisis habitacional que manifestamos al momento de solicitar las medidas que expresa el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 320/20, que regula los alquileres hasta fines de setiembre de este año. La misma reflexión cabe para los inquilinos pertenecientes a los restantes grupos etarios”, expresaron fuentes de la entidad.
La encuesta además reveló el incumplimiento por parte de corredores, inmobiliarias y/o propietarios de lo establecido en el mencionado DNU, 20 que obliga a poner a disposición de los inquilinos el CBU de una cuenta bancaria para el pago electrónico del canon locativo, con el objeto de mantener la cuarentena y evitar la circulación y la propagación del virus.
Asimismo, se detalló: “El 42,5% de los inquilinos de Córdoba no recibió CBU para realizar transferencia bancaria, y si bien hay un 47% que tuvo acceso al CBU, a 10% se les exigió abonar cargos extra por el trámite electrónico, otro aspecto ilegal revelado por la encuesta”..
Por último, como dato revelador de la crisis que atraviesan los inquilinos cordobeses y en línea con los datos globales en el país, 32,8% de los consultados tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio.
“Exigimos el efectivo control al cumplimiento del DNU 320/20 en cuanto al congelamiento de los alquileres a valores de marzo, se suspendan los desalojos y se brinde sin costo para los inquilinos los datos para realizar el pago, si es que está en condiciones de hacerlo, vía transferencia bancaria”, reclamó la asociación y concluyó: “Por otro lado, en vista de estos datos tan alarmantes y la posibilidad concreta de un sobreendeudamiento por parte de los inquilinos e inquilinas cuando finalice el decreto de alquileres (octubre), consideramos imprescindible que una vez que abra el Congreso de la Nación se vote una ley de alquileres que lleve tranquilidad a los 700 mil inquilinos e inquilinas de Córdoba, parte de un colectivo de ocho millones en todo el país y que también se ajuste a las nuevas condiciones y realidad económica”.
Vale destacar que los datos de la encuesta se recolectaron entre los pasados días 6 y 9 y la provincia de Córdoba contribuyó con 16% del total de los 7.200 casos obtenidos a escala nacional, siendo el tercer distrito con mayor participación después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (29,4%) y la provincia del mismo nombre (22.8%).
Crisis en el país
En el plano nacional, según la encuesta, 41,9% de los inquilinos no pudo pagar en el mes de abril por la pérdida de sus fuentes laborales, y 58,4% percibe menos ingresos comparado con marzo.
La encuesta además reveló que 51% de los inquilinos no recibió CBU para realizar transferencia bancaria, medida obligatoria por Decreto, y que tenía como objetivo evitar la circulación y la propagación del virus y 34,1% tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde la cuarentena.
Desde la Federación reclamaron sanciones a las inmobiliarias que no cumplan con el Decreto, y atribuyen la irregularidad a que las inmobiliarias tienen la mayor parte de sus contratos “en negro”.
“Los inquilinos atraviesan una crisis gravísima. Es fundamental que se congelen los precios de los alquileres y se suspendan los desalojos por dos años”, anticipó Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos.
