ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
No hay dudas de que uno de los pilares de un Estado de Derecho lo constituye el Poder Judicial y uno de los puntales de su legitimidad es que este preste un servicio de justicia eficiente.
Desde hace unos años las instituciones en nuestro país están perdiendo consideración en la opinión de los argentinos, y es la Justicia el poder cuya imagen positiva comparativamente más ha caído. Las causas de ello son múltiples. Sin embargo, se puede señalar como común denominador la gran cantidad de casos en que las demandas de los justiciables no tienen respuesta debida en tiempo y forma.
A diario nos encontramos con noticias y comentarios vinculados con lo que decimos; no obstante, hay acontecimientos que encienden la luz de alarma frente a los reclamos de justicia. Uno de ellos ocurrió la semana pasada en barrio los Naranjos de la ciudad de Córdoba, donde un matrimonio denunció que dos delincuentes ingresaron a su domicilio. Afirmaron que fueron maniatados, recibieron golpes y gatillaron un arma apuntándole a hijo de la pareja, además de robarles. Lo primero que llamó la atención es que el hecho sucedió a metros de la comisaría del lugar.
Pero todo no terminó allí. En un reportaje periodístico, el matrimonio dijo que aún no había hecho la denuncia en la Unidad Judicial, ubicada junto a la comisaría, porque al intentar llevarla a cabo en la dependencia le informaron que estaban ocupados atendiendo un “caso con preso”, por lo que a los denunciantes les pidieron que volvieran más tarde.
Uno de los miembros de la pareja destacó que los trataron muy correctamente y que les recomendaron esperar en su vivienda para concretar el acto procesal. Coincidentemente, a los pocos días, un comerciante de barrio Güemes que fue asaltado en su local, declaró ante el mismo medio que no había hecho la denuncia porque no quería perder cuatro horas hasta que se la tomaran y que, consideró, no iban a detener al delincuente.
Por otra parte, se difundió la noticia respecto de la culminación de la obra del nuevo edificio de la Policía Judicial. Un inmueble de 7.500 metros cuadrados pensado específicamente para las labores que lleva a cabo el organismo, con laboratorios de análisis químico de pruebas, polígono forense balístico y pileta de recuperación de proyectiles.
Modelo
La Policía Judicial tiene una fuerte raigambre con las corrientes doctrinarias penalistas de Córdoba. Mientras en el ámbito nacional se sigue sosteniendo el modelo que podríamos denominar “único”, que concentra en un mismo organismo las funciones de policía de seguridad y judicial, aquí siempre se hizo una marcada diferenciación organizativa entre ambas.
Un elemento esencial de un adecuado y legal combate a la delincuencia es la existencia de una Policía Judicial con recursos. Y los recursos no se agotan en los medios técnicos, por más sofisticación que sean. La experticia de quien toma una denuncia es vital para empezar una investigación con buen pie y llevarla adelante con alguna perspectiva de éxito.
Es por ello que observamos de forma desapasionada e integral la realidad, con lo bueno y lo malo y sin dejar de reconocer el compromiso de los miembros de esa institución por llevar adelante las cosas lo mejor posible, ni tampoco olvidar la preocupación del Ministerio Público por dotarlos de medios técnicos y edilicios. Pero vemos que falta una apreciación de conjunto respecto de la organización.
La solución pasa por dejar de operar sobre aspectos puntuales para pasar a tener una mirada integradora de los distintos aspectos organizativos y las necesidades que ellos engendran. Caso contrario, corremos el riesgo de perpetuar noticias como las que analizamos: una organización dotada de razonables medios técnicos y sofisticación en áreas puntuales, pero carente de los recursos humanos para dar respuesta a las necesidades más primarias de su actuación.
Algo así como un hospital en el que se pueden llevar a cabo trasplantes complejos pero no puede afrontar una cirugía de apéndice. Un sistema no puede ser eficaz por “franjas”. Menos aún en seguridad.
Creemos que si los cambios acompañan y complementan el trabajo de aquellos magistrados y funcionarios que diariamente se preocupan por hacer justicia, la fe en el sistema volverá a los niveles de los que gozaba en otros tiempos. De no ser así, la imagen ciudadana sobre los tribunales seguirá cayendo y lo peor del caso es que los ciudadanos se sentirán cada vez más desamparados. Con las nefastas consecuencias que ello pueda acarrear.
La Policía Judicial tiene una fuerte raigambre con las corrientes doctrinarias penalistas de Córdoba. Mientras en el ámbito nacional se sigue sosteniendo el modelo que podríamos denominar único, que concentra en un mismo organismo las funciones de policía de seguridad y judicial, aquí siempre se hizo una marcada diferenciación organizativa entre ambas.
