ESCUCHARJuan Pablo Quinteros, concejal de Encuentro Vecinal Córdoba, presentó un proyecto de ordenanza en el que solicita al Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba la realización de una auditoría contable a los efectos de determinar el stock de deuda de la Municipalidad de Córdoba al 9 de diciembre de 2019, exigible a corto, mediano y largo plazo.
Al mismo tiempo, Quinteros se manifestó también por avanzar con una auditoría, en este caso a cargo de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se trata del último eslabón de una serie de cruces respecto de los números de la deuda de la ciudad de Córdoba.
Todo comenzó el domingo pasado cuando desde la administración de Martín Llaryora difundieron datos desglosados del pasivo que, según el municipio, alcanza a 29.528,7 millones de pesos por todo concepto.
Los datos distan de manera sustancial de los informados oportunamente por la saliente gestión de Ramón Mestre.
De hecho, luego de los números difundidos por Llaryora, el ex secretario de Economía de Mestre, Hugo Romero, salió a cuestionar duramente esas cifras.
“Tal abismal diferencia en una variable crítica para las finanzas municipales atentaría contra el marco conceptual de las normas contables profesionales (Resolución Técnica Nº 16 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas), cuando establece que la información debe ser creíble para sus usuarios. Resulta inverosímil que en épocas de la inteligencia artificial, un cálculo tan sencillo que se realizaba desde los albores del surgimiento de la hacienda pública, constituya un tema de debate en la actualidad. Sólo el ocultamiento malicioso de datos y su manipulación especulativa pueden ser motivo de la “guerra de números” a la que estamos asistiendo los vecinos de Córdoba”, señaló por su parte el concejal Quinteros.
En esa línea, recordó que, tal como también lo señala la Resolución Técnica 16, la información contenida en los estados contables debe ser completa. La omisión de información pertinente y significativa puede convertir a la información presentada en falsa o conducente a error y, por lo tanto, no confiable.
En ese marco, el edil vecinalista advirtió que, “en el hipotético caso de resultar verdaderos los montos de deuda informados por la nueva gestión municipal, más que una solicitada en un diario lo que deben hacer es una presentación judicial para que se investiguen a los funcionarios que dejaron las cuentas en ese estado. De no ser exacta la información dada a conocer públicamente estaríamos frente a una supina irresponsabilidad, impropia de quién tiene el deber de gobernar”.
