ESCUCHARPara el Ministerio Público, existió una estructura organizada para delinquir con vocación de permanencia; sus integrantes actuaron en forma coordinada, se mantuvieron en permanente contacto y se distribuyeron roles para cometer delitos. Son 13 los acusados, entre ellos seis abogados
Por Silvina Bazterrechea [email protected]
El fiscal de Instrucción, Alfredo Villegas, apeló la resolución dictada por el juez de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba, Gustavo Hidalgo, quien semanas atrás confirmó la elevación a juicio de seis abogados, seis médicos y un particular por maniobras destinadas a lograr acuerdos fraudulentos con aseguradoras de riesgos del trabajo (ART)
Se trata de la segunda línea investigativa de esta megacausa en la que están acusados los abogados Carlos Ardanaz, Luciano Cafure, Sebastián Lanza Castelli, Telmo López Dauria, Mónica Pérez Elorrieta y Emiliano José Pérez Elorrieta; los médicos Ariel Gonzalo Ayub, Daniel Conca Cattapan, Sergio Mario Locícero, Daniel Eduardo Nates, María Elvira Torres Mariano, Oscar Alberto Visconti; y Diego Flores Ahumada.
Cabe recordar que, en la resolución, el juez de Control resolvió sobreseer parcialmente a Ardanaz, Flores Ahumada, Ayub y Cafure por el delito de asociación ilícita -el más grave que les achacaba el Ministerio Público- y que, de ser encontrados culpables, los dejaba al borde de una condena efectiva. Precisamente, éste fue el punto sobre el cual se fundó la apelación del fiscal a la que accedió Comercio y Justicia.
El planteo de Villegas junto con el del resto de los abogados defensores -que también hicieron sus propias presentaciones- deberá ser analizada ahora por la Cámara de Acusación, algo que extenderá aún más el dilatado proceso.
La megacausa de las ART -que cumple 10 años – se dividió en varias líneas de investigación. Ésta es una de las que tuvo más incidentes y nulidades. Para entender la envergadura del caso, basta decir que ya suman 48 los cuerpos de expediente con voluminosa prueba que involucra a los acusados.
Asociación ilícita
En su apelación, el Ministerio Público consideró que se encuentran presentes todos los elementos típicos exigidos por la ley penal para considerar que existió una asociación ilícita entre cuatro de los imputados. Villegas entendió que quedó acreditado la existencia de “una estructura organizada para delinquir compuesta por cuatro personas; que existió un acuerdo de voluntades con ese fin; que la asociación ilícita tuvo vocación de permanencia, que los integrantes de la asociación actuaron en forma coordinada, se mantuvieron en permanente contacto, distribuyéndose roles para la comisión de acciones perfectamente planificadas complementarias; todo ello a fin de cometer una multiplicidad de delitos determinados”.
En el caso de Flores Ahumada,el fiscal le achaca el rol de reclutar a trabajadores de dos ingenios de la provincia de Tucumán a fin de “captar” clientes para las demandas laborales que llevaban adelante, conjuntamente con Ayub (encargado de la parte médica) y los abogados Cafure y Ardanaz. La vinculación de Flores Ahumada con aquéllos surge de numerosos correos electrónicos encontrados en las computadoras del estudio jurídico de Cafure, del análisis de las sábanas telefónicas y de un pen drive de Ayub, y también de gran cantidad de testimonios de empleados de los ingenios azucareros de Tucumán.
El fiscal aclaró que Flores Ahumada era mucho más que un mero “reclutador” . Era el encargado de contactar a los trabajadores, organizaba reuniones informativas, recibía los estudios médicos, les hacía firmar poderes a los trabajadores, los acompañaba a Córdoba o los recibía cuando llegaban a la terminal de ómnibus y, en numerosas oportunidades, también los acompañaba al banco al momento de cobrar, momento en la cual retenía el porcentaje de los honorarios pactados y que, luego repartía entre los acusados.
Diez años en Tribunales
La primera denuncia por fraudes contra las ART ocurrió en 2009, cuando el titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, Juan González Gaviola, visitó a Córdoba y formuló una presentación ante Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El pedido de elevación a juicio de la causa “Cafure y Allub” estuvo tres años en el Juzgado de Control de Gustavo Hidalgo a la espera de una resolución.
Los 13 acusados se encuentran en libertad.
De no confirmarse la asociación ilícita y, de ser condenados los principales acusados, podrían acceder a una pena de ejecución condicional.Unica condena
En setiembre de este año se conoció la primera sentencia en el marco de los fraudes a las ART. En un juicio abreviado, siete acusados terminaron admitiendo su responsabilidad en los hechos. Así, los abogados Ariel Merlini y Fabián Manrique fueron condenados a cuatro años y un mes de prisión; a los médicos José Barbero y Mario Pacheco, tres años y 10 meses de prisión; a los abogados Claudio Viale y Francisco Rueda, tres años y cuatro meses de prisión, y al médico Gonzalo Vieyra Ledesma, nueve meses de prisión.
