ESCUCHARDe esa cifra, 1.679 son demandas contra el municipio; el resto lo tiene como demandante. En 2011, eran 4.274 causas. Entre los procesos que herederá Llaryora, sobresale un histórico litigio con Tecsa, a fallo de la Corte. De la gestión actual, el iniciado por la ex prestataria de higiene urbana. En 2019, se pagaron por todo concepto $155,5 millones
Por Alfredo Flury – [email protected]
La Municipalidad de Córdoba tiene activos 1.875 juicios, 56,13 por ciento menos que los vigentes en 2011 cuando se contabilizaban 4.274 causas.
De ese número, 89,54 por ciento corresponden a demandas contra el municipio. El resto, 194 juicios, la tienen a la comuna como litigante.
Los datos aparecen reflejados en el Informe de Gestión 2011/2019 elaborado por Asesoría Letrada y que fue publicado ayer bajo el título Aspectos Legales, en la página de Datos Abiertos de la Municipalidad de Córdoba, dentro del apartado Transición Abierta.
El documento contiene un resumen estadístico y un compendio de las principales acciones desarrolladas desde esa área clave de la comuna.
Con todo, no informa detalles de los juicios en marcha aunque sí a qué fuero pertenecen y, en ese rubro, a qué tipo de demanda corresponde.
De todas formas, Comercio y Justicia pudo conocer que entre los principales juicios pendientes contra la comuna, figuran el iniciado oportunamente por la empresa Tecsa y, uno más reciente de Cotreco.
En tanto, la Municipalidad es demandante de una causa contra el Gobierno de Córdoba por supuesta errónea liquidación de la coparticipación impositiva.
En el caso de Tecsa, se trata de un juicio originado en la gestión de Germán Kammerath hace casi dos décadas. A la adjudicataria del proyecto de Municipio Digital y a cargo de la colaboración en el cobro de tributos, se le caducó el contrato a poco de iniciar sus tareas, luego de una fuerte oposición del Suoem. Kammerath adujo entonces la emergencia económica para justificar la rescición anticipada. Desde entonces, Tecsa inició una demanda que a la fecha aún tiene instancias irresueltas. Concretamente, el municipio pagó en su momento 21 millones de pesos de capital adeudado tras un fallo adverso pero quedó pendiente la cancelación de intereses devengados por ese capital.
El tema llegó a la Corte Suprema de Justicia que se pronunció a favor del municipio que aducía que los intereses no correspondían, entre otros puntos, porque se trataba de un contrato de suministro y no de obra pública.
Sin embargo, el Máximo Tribunal ordenó que la Cámara volviera a fallar con ese criterio. Pero la sentencia de ese órgano fue contraria a la comuna por lo que el municipio volvió a recurrir a la Corte, instancia en la que se encuentra ahora el expediente.
En el Ejecutivo evitaron precisar montos ante un eventual fallo adverso. Sí aseguraron que de obtener sentencia favorable, la comuna tendría incluso acreencias que cobrar porque en su momento se pagaron a Tecsa 70 millones de pesos por medio de un fideicomiso administrado originalmente por el ABN Amro Bank.
El otro frente importante que queda abierto es la demanda iniciada por Cotreco. La ex prestataria del servicio de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba aduce deudas de la comuna tras su salida anticipada de la prestación, a fines del año pasado. La comuna asegura que pagó 92 millones de pesos a los empleados para asegurar la prestación del servicio hasta el 1 de diciembre, fecha en que debutaron las nuevas concesionarias.
La empresa que se encuentra en concurso de acreedores, había resultado adjudicataria en la nueva licitación junto a Urbaser aunque a poco de andar se apartó de esa sociedad.
En cuanto a los potenciales créditos por cobrar que tendrá el intendente electo, Martín Llaryora, se destaca la demanda iniciada contra el Gobierno de Córdoba por la supuesta errónea liquidación de la coparticipación impositiva. La demanda interpuesta en mayo del año pasado, está a fallo del máximo tribunal. En la comuna estiman que el monto a la fecha supera los 1.200 millones de pesos.
Paradójicamente, si resulta favorable a la comuna, será el intendente Llaryora el beneficiario de una demanda contra la administración de Juan Schiaretti, ambos del mismo signo político.
Juicios y pagos
En cuanto a las 1.679 demandas activas contra la comuna que dejará la administración de Ramón Mestre, 914 corresponden al Fuero Civil y Comercial, 393 al Contencioso-Administrativo y 372 al Laboral.
Dentro del primero, 529 son Ordinarias, 247 Ejecutivas y 117 Abreviadas, como las más importantes. En el Contencioso-Administrativo, 262 son de Plena Jurisdicción y 127 Amparos. En tanto, en el Laboral, 317 son accidentes (Ley de Riesgos de Trabajo), 30 por despidos, 19 in itinere y seis por incapacidad. Si bien no se informan datos sobre las demandas iniciadas por la comuna, muchas son expropiaciones. De hecho, el informe muestra que sólo el año pasado se pagaron 31,5 millones de pesos por ese concepto. En tanto, este año está “otorgado” 27,06 millones de pesos pero sólo se pagaron 663 mil pesos.
Entre las expropiaciones, figuran propiedades para ensanchar la Avenida Duarte y Quirós y la Cruz Roja Argentina, entre otras. También el inmueble que hoy ocupa “La Piojera”.
La comuna destacó la notable reducción del número de demandas activas. En ese marco, se resolvieron 3.038 desde 2011 hasta ahora, la mayoría del fuero Civil y Comercial.
Asimismo, desde que asumió Mestre, 56,75 por ciento de los juicios resultó con fallo favorable a la comuna mientras que 43,25 por ciento restante fue adverso.
En ese marco, este año la estadística marca datos favorables y desfavorables en igual proporción.
Respecto a los pagos efectuados, llama la atención el fortísimo incremento de las erogaciones este año respecto a los anteriores. Concretamente, en lo que va del año se pagaron 155,57 millones de pesos frente a un “otorgado” de 190 millones de pesos. La diferencia entre uno y otro ítem es que el “otorgado” se vincula a los pagos de debieran realizarse pero que, al no erogarse en tiempo y forma, terminan en embargos sobre las cuentas públicas.
Sin embargo, el año pasado y en rigor los anteriores, las cifras pagadas fueron sensiblemente menores. Así, en 2011 fueron 8,5 millones de pesos, el año siguiente 35,1 millones, en 2013 llegó a 4,8 millones y en 2014 a 8,6 millones de pesos, En tanto, en 2015 se pagaron 5,1 millones, el siguiente año 14,4 millones, en 2017 27,9 millones y el año pasado 30,5 millones de pesos. “La fuerte suba en los pagos obedece a que estamos cerrando la gestión buscando regularizar las obligaciones”, explicó a este medio una fuente del Ejecutivo. Por lo demás, Asesoría informó que desde 2011 se tramitaron un total de 18.907 informes y dictámenes. También da cuenta de la cantidad de expedientes cargados en el Digesto municipal, entre Decretos, Resoluciones y Ordenanzas. Finalmente, la repartición tiene hoy 58 empleados de los cuales 39 son letrados y 19 revisten como auxiliares.
