ESCUCHARPor ahora se apoya en que el dirigente opositor con mayor apoyo popular se encuentra
preso a raíz de una condena polémica. El país está acostumbrado a destituir presidentes
Por Gonzalo Fiore Viani
Especial para Comercio y Justicia
El escenario interno de Jair Messias Bolsonaro en su país es cada día más frágil. Mientras que en los últimos días se lo ha visto más concentrado con lo que sucede en Argentina y los países vecinos, endilgando culpas a la “izquierda latinoamericana” por los estallidos sociales en Chile y Ecuador, viene enfrentando problemas legales que podrían ponerlo en una situación extremadamente comprometida. Muestra de ello, especialmente, es la denuncia que lo conecta directamente con el crimen de la exconcejala de Río de Janeiro, la activista Marielle Franco.
A pocos les sorprende que existan lazos entre la “milicia” que supuestamente asesinó a la dirigente social y política y el actual presidente. En Brasil, este tipo de escuadrones suelen estar conformados por militares y policías, muchas veces ya fuera de actividad.
Eduardo Bolsonaro, actualmente diputado nacional, ha defendido en numerosas ocasiones el accionar de estas bandas criminales aduciendo que “combaten la delincuencia y el narcotráfico”. Incluso se ha fotografiado en muchas oportunidades con gente perteneciente a estos grupos paramilitares.
No son pocos los lazos que unen la escuadra e ultra derecha con la familia presidencial. Integrantes del grupo son empleados de Flávio, otro hijo del presidente, actual senador nacional.
Esto se descubrió debido que se llevó adelante una investigación en la que se logró probar que Fabrício Queiroz, exsubteniente de la Policía Militar (estatal), estuvo depositando dinero en la cuenta del senador por un año.
Lo que podría haber sido una operación que involucre sueldos y empleados fantasmas, se transformó en algo mucho más grave cuando salieron a la luz los vínculos de Queiroz con los grupos armados de extrema derecha y los policías acusados de haber asesinado a Marielle Franco. Por ejemplo, en marzo comenzó a circular una foto en la que puede verse al actual presidente brasileño abrazado con Ronnie Lessa, uno de los policías sospechosos de haber participado en el crimen.
A su vez, Renan, uno de los hijos de Bolsonaro, salió un tiempo con la hija de otro de los señalados por el asesinato de la dirigente social. Estos lazos ya son suficientes para por lo menos llevar a cabo una investigación seria al respecto de la probable participación del actual presidente.
Bolsonaro respondió enfurecido a las denuncias, con un video publicado en sus redes sociales, en el que ataca a la prensa, especialmente al diario Folha de Sao Paulo. En un arrebato de impotencia anunció que cancelaba la suscripción del Poder Ejecutivo al medio paulista: “Hoy determiné que sea cancelada la suscripción a la Folha aquí en el ámbito del Poder Ejecutivo. Quien quiera leer la Folha que pase por la estación de autobuses de Brasilia y la compre”.
La Fiscalía de Río de Janeiro considera probado que Franco fue asesinada a causa de su militancia política, y por el crimen ya se encuentran detenidos dos expolicías militares, Ronnie Lessa y Elcio de Queiroz. Según un informe de la TV Globo, en horas previas al crimen Lessa había ingresado al condominio carioca donde por aquel entonces vivía Bolsonaro, pidiendo autorización a su casa para ingresar al predio. De allí salió con Queiroz, según la fiscalía, en camino a asesinar a la concejala.
En otro caso que podría costarle caro al presidente, el jefe de bancada oficialista en la Cámara de Diputados, el excomisario Waldir Soares, acusó a Bolsonaro de haber comprado votos parlamentarios.
El dirigente del gobernante Partido Social Liberal (PSL) tuvo un enfrentamiento político interno con Bolsonaro debido a que éste quería que a su cargo en el Congreso lo ocupara su hijo Eduardo. Los sectores más conservadores y moderados del PSL ven cada vez con más malos ojos al cariz extremista de la presidencia del mandatario. Soares fue grabado en una reunión partidaria asegurando que “haría implosionar el gobierno”.
Lo cierto es que este caso, de proceder en la Cámara y de seguir perdiendo apoyos parlamentarios, podría costarle al presidente un proceso de impeachment que terminaría con su destitución. Todo esto afecta de manera especial a Bolsonaro, ya que logró construir su imagen frente al electorado con base en la lucha contra la corrupción.
A pesar de haber sido diputado nacional por más de dos décadas, se erigió a sí mismo como un outsider, alguien ajeno a la política tradicional, quien venía a terminar con años de corrupción de una clase dirigente duramente golpeada por el escándalo del Lava Jato. Sin embargo, los numerosos casos de corrupción que lo vienen salpicando en el último tiempo dejan esta imagen completamente desdibujada. Su extrema cercanía a un grupo de militares acusados de nada más y nada menos que de haber asesinado a una concejala de Río de Janeiro lo pone en el punto de mira de la opinión pública.
Su popularidad se encuentra en su peor momento y por ahora se basa en que el dirigente opositor con mayor apoyo popular se encuentra preso, condenado en una causa, cuanto menos, cuestionable desde lo legal. En un país acostumbrado a destituir presidentes como Brasil, quizás un impeachment no esté tan lejos como parece.
