ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**
Una nueva elección ha pasado y en pocos días asume un nuevo presidente. Gracias a Dios, la posibilidad de que nosotros, los ciudadanos podamos elegir a nuestras autoridades y representantes se está haciendo una sana costumbre. Y pese a que la realidad muestra que los distintos gobiernos que han pasado no han dado en la tecla correspondiente para solucionar los problemas económicos y sociales estructurales que nos aquejan, que seamos nosotros quienes decidimos nuestro futuro no deja de ser algo plausible, que debe ser tomado con la suficiente responsabilidad.
De seguir este camino y creciendo en nuestra conciencia cívica es de esperar que alcancemos, alguna vez, los estándares de vida que reclamamos.
No hay dudas de que este camino está plagado de inconvenientes. Las posiciones ideológicas extremas, las miradas paternalistas, incluso los egoísmos, son obstáculos para un buen desarrollo institucional.
Una muestra de lo que decimos la tenemos con las transiciones del mandato de un gobierno a otro. Parece ser que el que se va se resiste a dejar su lugar y el que llega lo quiere a toda costa.
En el medio, además de los ciudadanos que padecemos estas peleas, están precisamente los reclamos de gobernantes electos y de salientes con declaraciones cruzadas y manteniendo conductas que en nada ayudan a la credibilidad ciudadana.
Basta ver los cruces que se están produciendo en la Municipalidad de Córdoba para corroborar lo que decimos. Y ni hablar el cambio de presidente en 2015, en la cual no sólo no hubo diálogo entre el presidente entrante y la saliente sino que ni siquiera el primero recibió el bastón presidencial como legalmente corresponde.
Pese a que esta transición parecía ser igual de complicada, una brisa de racionalidad se ha instalado por esos lares. Efectivamente, la reunión mantenida el lunes siguiente a las elecciones entre Fernández y Macri, así como algunas otras manifestaciones de “cordura” ayudan, y mucho, a generar confianza y previsibilidad en todos nosotros. Sin embargo, no todo es color de rosa y seguimos con ciertas viejas prácticas.
De todas maneras, las buenas perspectivas de que esta vez se hagan las cosas en la materia conforme a un criterio de elemental racionalidad, no releva de la carga de pensar si en estos períodos tan particulares la vinculación entre el Gobierno en ejercicio y el electo deben regularse legalmente.
Existen jurisdicciones en que tal norma es ya un hecho. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hace poco más de tres años se sancionó la ley N° 5640 que regula la cuestión.
Bajo la denominación de “Proceso de transición republicana”, tiene por objeto regular el proceso de transición de la administración entre el gobierno en funciones y el gobierno electo en el ámbito del Poder Ejecutivo de la CABA, conforme su primer artículo.
A tales efectos se entiende por “transición”, de acuerdo con el artículo 3ª de la norma, al proceso de cambio de la administración del Poder Ejecutivo que se inicia a la cero hora del día siguiente de emitida el acta de proclamación de autoridades electas por la autoridad electoral competente y finaliza con la jura de asunción de las autoridades entrantes.
Dicha ley establece, entre otras cuestiones, la conformación de grupos de representantes de cada parte, un equipo de transición, acciones de coordinación y el acceso a la información gubernamental.
En tal sentido, los funcionarios del gobierno saliente y los representantes del gobierno electo deben cumplir los pasos legales pertinentes “de manera ordenada y eficaz, absteniéndose de generar acciones que obstaculicen el proceso de transición gubernamental o perturben la normalidad de la gestión de los actos de gobierno”.
Asimismo, los funcionarios del gobierno saliente tienen la responsabilidad de cooperar con el proceso de transición y suministrar toda la información pertinente sobre el estado de la administración central, organismos centralizados o descentralizados.
Frente a dudas, vacíos legales, ambigüedades o vaguedades referidos a los alcances de la ley, se favorecerá la posición del gobierno electo.
Podrá decirse que todas las regulaciones antes expuestas son de sentido común y puede hasta parecer un exceso tener que sancionarlas por ley. Pero en un país tan particular como el nuestro, muchas veces lo evidente debe ser elevado a rango de ley, como para tener alguna perspectiva de ser observado.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
