ESCUCHAREl juez del caso concluyó que los delitos investigados -administración fraudulenta y cohecho- se consumaron en el marco de un dispositivo de facturación falsa montado para destinar dinero al pago de coimas a funcionarios públicos
El juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral y público a 31 imputados por el caso “Skanska”, por administración fraudulenta y cohecho.
Entre los encartados figuran el exministro de Planificación, Julio de Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López.
En el expediente se investiga el supuesto pago de coimas mediante el uso de facturas apócrifas, con el objetivo de que la empresa fuera beneficiada en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur.
El proyecto de Ampliación de Gas 2005 preveía una expansión de la capacidad de transporte de gas natural que comprendía la instalación de gasoductos -los sistemas norte (TGN) y sur (TGS)-, el acondicionamiento de las plantas compresoras y la construcción de una nueva.
Se planeó que las obras serían financiadas por un fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomiso y los presuntos sobornos -pagados en forma de sobreprecios- se habrían concretado luego de que se modificara la forma de licitación.
Al enviar a debate a los encausados, Casanello dio por clausurada la parte de la investigación en la que se indagó el “acuerdo espurio efectuado entre empresarios y funcionarios públicos del gobierno argentino, en el que se acordó que los primeros realizarían pagos a los segundos, en carácter de sobornos”.
Según el magistrado, el accionar delictivo requirió de la presencia de tres clases de intervinientes: por un lado, los funcionarios públicos; por otro, los dependientes de la firma Skanska SA, y por último, de personas que participaron en la confección de la facturación falsa y el cobro de cheques librados por la compañía, con destino a coimas.
Al exministro De Vido, a López y al exgerente General de Nación Fideicomisos SA, Néstor Ulloa, el juez les enrostra haber recibido dinero de directivos del grupo económico, a cambio su intervención “en la selección y direccionamiento irregular del proceso licitatorio denominado ‘Proyecto de Expansión de Gas 2005’, mediante el cual se garantizó la selección y adjudicación a Skanska, pese a la existencia de desvíos presupuestarios”.
“Se corroboró que percibieron pagos instrumentados por directivos y dependientes de la empresa, que extrajeron $13.949.829,87 con el objeto de destinar, al menos parte del total, a los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso administrativo”, detalló.
La causa comenzó en 2006, por la denuncia del entonces diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez.
