ESCUCHARRealizarán una asamblea el próximo lunes. Aseguran que la selección es discrecional, y que no se cumple la acordada que estipula un mínimo de cuatro años de antigüedad como empleados en una unidad judicial. Advierten que las mujeres son discriminadas cuando tienen hijos
La Asociación Gremial Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) realizará una asamblea el próximo lunes en reclamo del cumplimiento de la acordada de traslado de sumariantes a fiscalías de Instrucción.
La medida surge luego de las denuncias de algunos empleados judiciales que advierten situaciones discriminatorias en la selección de trabajadores que pretenden ser trasladados desde las unidades judiciales a las fiscalías de Instrucción.
La acordada N° 1171, dictada en agosto de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia, estipuló que los aspirantes a trabajar en las fiscalías debían contar con una antigüedad mínima de cinco años como sumariantes en Policía Judicial, antigüedad que luego se redujo a cuatro años. De esta manera, los traslados de estos empleados sólo podían realizarse teniendo en consideración el orden de mérito del concurso convocado para sumariantes.
El gremio de Judiciales de Córdoba asegura que desde hace aproximadamente un año advierten que no se está cumpliendo la acordada y que las fiscalías han tomado personal que no cuenta con los cuatro años de experiencia como sumariantes que estipula el reglamento.
La denuncia es más grave aún: aseguran que los fiscales son los encargados de seleccionar al personal que trabajará en su fiscalía y, muchos de ellos, han adoptado posturas discriminatorias contra mujeres.
Según los testimonios de las empleadas judiciales, en dichas entrevistas han tenido que responder si tienen hijos o piensan tenerlos y, que una respuesta afirmativa condiciona sus posibilidades de ser trasladadas a las fiscalías.
En diálogo con Comercio y Justicia, Federico Cortelletti, secretario general de AGEPJ, cuestionó que los fiscales tomen entrevistas, pasando por encima del departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial y, que la política de muchos de estos funcionarios, sea discriminatoria para la mujer.
Los planteos fueron expresados por el gremio en una nota presentada al TSJ y girada al Ministerio Público Fiscal. La falta de respuesta de las autoridades motivó que los judiciales comiencen un plan de acción que tiene previsto una asamblea de todas las empleadas y empleados de las Unidades Judiciales el 21 de octubre a las 19, explicó Cortelletti.
“Parece mentira que desde el gremio tengamos que pedir al TSJ que cumpla con una acordada”, advirtió el secretario Gremial. En la asamblea, el gremio también analizará la situación de los contratados que, pese al tiempo transcurrido, aún no son efectivizados y las precarias condiciones edilicias en algunas Unidades Judiciales.
