ESCUCHARLa despenalización del consumo, el acompañamiento y tratamiento del sistema de salud para reducir daños, la regulación de la producción y venta y el autocultivo son algunos de los ejes del acuerdo que acaban de presentar 28 organizaciones con relación a cómo regular legalmente el uso de cannabis.
“Este acuerdo es una instancia novedosa porque implicó el trabajo conjunto de distintos actores sociales, organizaciones y organismos para impulsar una iniciativa muy necesaria en Argentina, donde el cannabis es la sustancia psicoactiva más consumida, después del alcohol y el tabaco”, indicó Marina García Acevedo, del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Acevedo señaló que el organismo impulsa la necesidad de “despenalizar el consumo de todo tipo de sustancias a la vez que regular el mercado del cannabis, lo que implicará una disminución en la vulneración de los derechos humanos de la población”.
“Como el consumo se encuentra penalizado, a pesar de que hace diez años la Corte Suprema dijo que esto era inconstitucional (en el fallo ‘Arriola’), la policía todavía detiene y genera causas a quienes tienen marihuana; esto se focaliza especialmente en los sectores más vulnerables como los pibes de los barrios, las personas trans o las trabajadoras sexuales”, sostuvo.
En efecto, Acevedo describió que en algunos distritos, como el partido bpnaerense de Necochea, más de 60 por ciento de las causas iniciadas corresponden a “tenencia para consumo”.
“Este modelo de ‘guerra contra el narcotráfico’ fracasó en todo el mundo, fomentó el negocio y no redujo en absoluto el consumo problemático”, indicó.
Por su parte, Graciela Touzé, de la Asociación Civil Intercambios, coincidió en que el acuerdo es novedoso porque “va más allá de la despenalización de la tenencia para consumo, en lo que todos coincidimos, pero también agrega la necesidad de regular”.
“Cuando estamos ante prácticas que implican algún riesgo como sucede con el consumo de cualquier sustancia psicoactiva -como por ejemplo el alcohol-, prohibirla no genera ninguna posibilidad de cuidados ni de reducción de esos riesgos”, señaló Touzé.
En este sentido, la especialista afirmó que “regular implica establecer condiciones, pautas, en qué lugar se podría consumir, en cuáles no, cómo cuidar a los menores de 18 años, controlar la calidad del producto para que no contenga sustancias más tóxicas, a la vez que regular un mercado que actualmente existe y que es totalmente ilegal”.
Además del CELS e Intercambios, el acuerdo fue suscrito hasta el momento por unas 28 organizaciones entre las que se encuentran Asociación Civil Cogollos del Oeste, Mamá Cultiva, Fundación Miradas, la multisectorial de Córdoba, Asociación Civil Enclaves, Universidad Nacional de José Clemente Paz, Red Argentina por los Derechos de los/las usuarios de drogas (Radau) que es una vieja red de usuarios, Centro de Estudios Avanzados sobre Drogadependencias de la Universidad de Rosarios, entre otras.
