ESCUCHARLos denominados casos Lava Jato y “Cuadernos”, con empresarios involucrados, despertaron la preocupación del sector privado, que tiene que generar estándares de transparencia y buenas prácticas a partir de la ley penal empresarial. Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional, explicó en Córdoba los alcances de esa norma
Por Carolina Klepp – [email protected]
Argentina está en la mitad de la tabla del ranking anticorrupción que elabora Transparencia Internacional sobre la base del Índice de Percepción de Corrupción. Figura en el 85º puesto entre 180 países auditados según la última medición en 2018. El dato sirve para graficar uno de los temas que ya no sólo centra su impacto por lo que ocurre en la esfera pública sino también por lo que pasa en la esfera privada.
La llegada de la Ley Penal de Responsabilidad Empresaria permite poner “blanco sobre negro” los delitos empresariales contra la administración pública en el país y el soborno transnacional. La norma ha dado envergadura al tratamiento del tema hacia el interior de las empresas que deberán implementar políticas éticas, íntegras y cooperativas entre actores públicos y privados como condición para la lucha contra la corrupción.
“La corrupción no es algo que ocurra sólo en el sector público de los países sino que es como un tango, se baila de a dos, entonces es indispensable que todos los actores involucrados tomen posición en mejorar la transparencia de las instituciones. El sector privado tiene que asumir su parte de responsabilidad y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ha ayudado a generar algún incentivo para que las empresas incorporen sistemas de integridad que busquen prevenir los pactos de corrupción que puedan darse. En este sentido creo que estamos en el buen camino y Argentina ha dado un buen paso adelante”. Así lo expresó en Córdoba Delia Ferreira Rubio, titular de Transparencia Internacional (TI), quien disertó días atrás en el marco del Ciclo de Ética y Transparencia organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en la Universidad Católica. En ese marco dialogó con Comercio y Justicia.
Para la abogada, quien además es asesora del reciente instituto sobre el tema abierto dentro de AmCham, un incentivo que ha tenido el sector privado para preocuparse por la corrupción y tratar de generar estándares de transparencia y buenas prácticas ha sido, sobre todo, el caso Odebrecht en Brasil o sus repercusiones en Perú, “donde la justicia ha sido muy firme y hubo empresarios condenados que han tenido que devolver el dinero. Han empezado a utilizar mecanismos como la delación premiada para tratar de disminuir las penas que les correspondían y esto ha puesto la bandera de alerta en el sector privado” y agregó: “Lo mismo sucedió acá en Argentina con el caso de los cuadernos, aunque es un proceso que todavía está en marcha sin los resultados tan notables como los que pasó con Lava Jato y Odebrecht en Brasil”.
Ferreira Rubio destacó la iniciativa de AmCham de crear el Instituto de Ética e Integridad para hacer un trabajo más sustentable en el sector privado en materia de transparencia, algo que supera lo que tradicionalmente se llamaba compliance en las empresas. “Ahora es mucho más que eso, que era el cumplimiento de las reglas; ahora es el camino a mecanismos de integridad en el sector privado”, diferenció.
Instrumentación en grandes y pymes
Tanto empresas grandes como chicas tienen que ocuparse del tema y las medidas internacionales para las licitaciones o las que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que Argentina está tratando de imitar, establecen que tanto la empresa que se presenta a una licitación de obra como toda su cadena de valor deben garantizar que cumplen los parámetros de integridad. “Tienen que tener instalados y funcionando sistemas de integridad -detalló la presidente de TI- por lo tanto un simple proveedor de la empresa grande tiene que estar en condiciones sino no va a poder participar de esos proyectos. Todos tienen que ponerse las pilas y cumplir con estos requisitos. Después de sancionada la ley que ya tiene algunos parámetros, la Oficina Anticorrupción, siguiendo los parámetros de la OCDE, elaboró una especie de protocolo básico que las empresas tienen que cumplir y ese es un programa inicial base que sirve de orientación a cualquiera que quiera poner en marcha los mecanismos de un sistema de integridad. Sistema que no tiene por qué ser una cosa costosa pero tampoco debe ser simplemente una cosa formal para no hacer nada en la práctica”, subrayó .
Para ello, es esencial el compromiso de las cabezas de las compañías. “Si uno crea el Oficial de Cumplimiento pero no le da los recursos, lo tiene simplemente como un oficial subordinado y no apoya esa tarea, eso no va a ver reflejado en un cambio de la cultura de integridad en la empresa que es lo que hay que cambiar”, advirtió.
El trabajo por la transparencia en las empresas requiere que se instruya al personal sobre qué está bien y qué está mal, que se discuta sobre los dilemas que se enfrentan cuando hay intereses en conflicto. “Siempre en estos temas hay intereses y dinero y es necesario aprender a trabajar frente al dilema, cómo enfrentarlo, qué puedo hacer”, concluyó.
Línea 0800 anónima para denunciar
Otro aspecto central a la hora de trabajar contra la corrupción empresarial es establecer mecanismos para que pueda haber denuncias de casos de violación de las las reglas de integridad o a través de líneas 0800 en las que se pueda -sin revelar identidad- advertir algo que está ocurriendo que podría ser un potencial conflicto de interés para que eso pase por el oficial de Cumplimiento o por quien tenga que intervenir para abortar cualquier situación de corrupción. En Buenos Aires ya hay empresas que implementaron líneas anónimas de denuncia.
