No todo es tan progresista como parece en ese país. Opciones de extrema derecha han aparecido en el horizonte y la derecha tradicional muestra fenómenos novedosos
Por Gonzalo Fiore Viani
A pesar de una situación económica relativamente estable y significativamente mejor que la de la mayoría de sus pares de la región, Uruguay no ha sido ajeno a la aparición de partidos de ultraderecha, impulsados especialmente en América Latina tras la irrupción de Jair Bolsonaro en Brasil.
El general (retirado) del Ejército uruguayo -removido por Tabaré Vazquez debido a declaraciones sobre las desapariciones durante la última dictadura militar-, Guido Manini Ríos, será candidato por la flamante formación de extrema derecha Cabildo Abierto. Si bien es un partido marginal que no alcanza más de 5% de intención de voto en las encuestas, su mera existencia en el país que se ha jactado históricamente de ser el Estado más progresista en materia social de América Latina no deja de ser significativa.
La oposición por derecha al gobernante Frente Amplio (FA) fue monopolizada durante la última década por las agrupaciones políticas tradicionales: los partidos Nacional y Colorado.
Cabildo Abierto no capta votos oficialistas pero sí lo hace entre esos sectores, por lo que su irrupción ya está teniendo un efecto similar al de Vox con Ciudadanos y el Partido Popular en España.
El fenómeno es curioso: la centroderecha moderada se radicaliza con el objetivo de no perder votos a manos de los extremistas.
En un espectro ideológico diferente, pasó algo similar con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que fue corriéndose a la izquierda en los últimos años debido a la aparición de Podemos.
El hastío con los cuatro mandatos del FA, incluyendo los tres períodos de Tabaré con el interregno del Pepe Mujica, pone al oficialismo uruguayo por primera vez en serio riesgo de quedar fuera del poder.
Muestra de la particular situación política uruguaya fue la consulta de hace tres domingos con la intención de eliminar la ley para la protección de personas trans. Impulsada especialmente por las iglesias evangélicas, la votación buscaba derogar la ley, y como sólo había una boleta en el cuarto oscuro, únicamente se acercaron a los centros de votación quienes comulgaban con la propuesta.
El porcentaje de votantes no llegó a alcanzar ni siquiera 8%, muy lejos de los 670.000 votos necesarios -25%- para conseguir celebrar un referéndum para la derogación de la ley luego de las elecciones de octubre. Carlos Iafigliola, dirigente evangelista y del Partido Nacional, fue una de las figuras detrás de la consulta. Se mostró decepcionado por la falta de apoyo dentro de su propio partido, aunque al mismo tiempo logró que se celebre una consulta popular de una cuestión apoyada apenas por sectores marginales de la sociedad uruguaya.
El crecimiento del evangelismo en Uruguay -el primer país laico de Sudamérica- supone un panorama inédito para la escena política. A diferencia de Argentina, Brasil o Chile, la iglesia Católica históricamente careció de una influencia excesivamente importante en las decisiones de gobierno.
No obstante, en los últimos años existe una agenda contraprogresista que tiene en las iglesias evangélicas su epicentro. Por primera vez, representantes religiosos ocupan cargos en el Parlamento, como el nacionalista Gerardo Amarilla, miembro de la iglesia Evangélica Bautista, quien estuvo a punto de ser electo presidente de la Cámara en 2018. Finalmente su postulación fue rechazada: muchos diputados adujeron “preservar la tradición laica” del Estado.
Los evangélicos creen que la laicidad del Estado es un límite a la libertad de culto. Aprovechando el empuje del auge evangelista en el Brasil de Bolsonaro, por primera vez en la historia uruguaya la religión comienza a cobrar protagonismo en la escena política.
Jorge Marquéz, apóstol de la iglesia Misión Vida, es uno de los evangelistas más prominentes públicamente. Dueño de medios de comunicación, diputado por el Partido Nacional, su agenda se basa en el rechazo del matrimonio igualitario, el aborto y la ley de protección trans.
A su vez, se ha reunido con el premier israelí Benjamin Netanyahu, en una muestra más del lazo que une las iglesias evangélicas y neopentecostales con la derecha internacional y el conservadurismo religioso de países como Israel.
La iglesia evangélica Asambleas de Dios cuenta con 160 templos, 33 de ellos en Montevideo. A su vez, tiene distintos establecimientos educativos primarios, secundarios y hasta universitarios. Es la iglesia mayoritaria dentro del Consejo de Representatividad de Evangélicos de Uruguay, que nuclea 700 templos y más de 60 organizaciones.
Este avance de las iglesias evangélicas se condice con un retroceso de la Católica uruguaya. Según el cardenal montevideano Daniel Sturla, 38% de los habitantes de la capital se considera católico, mientras que en 1995 esa cifra ascendía a 57%.
Lacalle Pou, a pesar de que tiene tomada una postura pública contra varios artículos de la ley, no acudió a votar; en cambio, sí lo hizo Manini Ríos. En la oposición temen perder votantes a manos de los evangélicos. Lacalle Pou tiene serias posibilidades de convertirse en presidente en las próximas elecciones de octubre. Entre otras cosas, ha propuesto una ley de derribo y endurecer la política de seguridad.
En cada vez más ocasiones habla contra cuestiones de género, haciendo constantes guiños a los evangélicos. Sabe que es un campo de votantes donde puede hacer pie si endurece aún más su discurso.
Estará por verse cuáles son los resultados en las próximas elecciones presidenciales de octubre. Por lo pronto, es interesante indagar en los pormenores de lo que sucede en Uruguay. No todo es tan progresista como parece en la “Suiza del sur”…