ESCUCHARLa Procuraduría de Investigaciones Administrativas volvió a pedir que no se proceda al archivo
de ese tramo de la pesquisa. Consideró paradójico que se vaya a someter a juicio a quienes
pagaron sobornos y no a quienes los recibieron
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) recurrió la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que no hizo lugar a la impugnación del archivo del tramo de la investigación que alcanza a funcionarios públicos en la causa Siemens. Fue luego de que ese tribunal consideró inadmisible el recurso de casación interpuesto por estimar que no se trataba de una sentencia definitiva ni equiparable a tal.
Ante esa situación, la PIA presentó un recurso extraordinario federal para que se conceda el recurso de casación oportunamente planteado y se siga investigando a los funcionarios involucrados en el hecho que considera de “importante impacto institucional y económico” para el Estado argentino.
En la nueva presentación se destacó que el recurso era admisible en orden a que, si se convalida el archivo dispuesto, se cierra toda posibilidad de continuar investigando la intervención que en los sucesos tuvieron los funcionarios públicos involucrados, lo que implica un hecho de gravedad institucional que justifica la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El recorrido judicial
Responsables de la PIA señalaron que para comprender la cronología de los hechos era necesario recordar que el 26 de febrero de 2019, el juez de grado no hizo lugar al pedido efectuado por el Ministerio Público Fiscal de citar a indagatoria a los funcionarios públicos acusados de cohecho pasivo y resolvió archivar las actuaciones, con el argumento de que no se había corroborado suficientemente la efectiva recepción del dinero por éstos.
Frente a la apelación de la PIA, el archivo fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal, razón por la cual la aquélla presentó un recurso de casación para evitar que se cierre definitivamente el caso, lo que fue rechazado por la Sala III de ese tribunal porque lo consideró inadmisible.
Además de insistir en que los elementos de prueba colectados hasta el momento -que ya motivaron la elevación a juicio de la parte privada de la maniobra delictiva- eran “más que suficientes” para llamar a declaración indagatoria a los funcionarios públicos sindicados, también se señaló que aun en el supuesto de que fuere imposible comprobar fehacientemente la recepción del dinero denunciado, por los funcionarios públicos -por el complejo entramado de sociedades off shore armado- era suficiente con las pruebas existentes sobre la “existencia de ese pacto delictual” que prevé el artículo 256 del Código Penal.
Como se explica en el recurso presentado: “El delito se consuma con el perfeccionamiento del pacto, ya sea al recibir o al aceptar. Incluso se menciona que no interesa a los fines de la consumación si luego el funcionario cumple o no la promesa efectuada al recibir el dinero o la dádiva o al aceptar la promesa…”. Aunque en este caso los funcionarios públicos sí habrían cumplido con su parte del pacto y esta circunstancia, entre otras, constituye un indicio de la existencia del acuerdo ilícito.
“Es por demás paradójico que se vaya a someter a juicio a quienes pagaron sobornos y no a quienes los recibieron o aceptaron”, consideró la PIA.
El caso
El caso se inició el 17 de marzo de 1998 a raíz de las irregularidades descubiertas en la licitación pública para la informatización de los Documentos Nacionales de Identidad. Posteriormente, en el año 2008, Siemens SA informó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission – SEC) en el cual la empresa reconoció que desde 1997 a enero de 2007, Siemens Argentina pagó o hizo que se pagaran al menos US$15.725.000 a entidades controladas por miembros del Gobierno argentino, al menos US$35.150.000 directamente al Grupo Consultor Argentino y al menos US$54.908.000 a otras entidades.
El caso se encuentra parcialmente elevado a juicio, con integrantes de la firma entre los acusados. El Tribunal Orla Federal Nº 3 (TOF3) solicitó que se adopte “algún temperamento” respecto de los funcionarios antes del comienzo del debate. Por estas razones, los empresarios aún no fueron juzgados y se solicitó la intervención de la CSJN.
