ESCUCHARTres personas están acusadas de contactar a mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas en dos prostíbulos ubicados en la capital tucumana. La Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco, actuará como querellante
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dará inicio este jueves al debate oral y público donde se juzgará la responsabilidad penal de tres personas acusadas de conformar una organización dedicada a la captación y acogimiento de mujeres con la finalidad de su explotación sexual, actividad que habrían llevado adelante en al menos dos inmuebles ubicados en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá la Fiscalía General ante el TOF, interinamente a cargo del fiscal Pablo Camuña, quien contará con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco, actuará como querellante.
De acuerdo a los resultados de la investigación, pudo identificarse como víctimas de este proceso a cinco mujeres, en tanto que dos de los acusados son los propietarios del prostíbulo y principales beneficiarios de la explotación sexual de mujeres y la tercera la encargada del control del establecimiento.
Las actividades descriptas fueron constatadas desde el inicio de la investigación, en julio de 2016. En efecto, logró verificarse que las mujeres eran ofrecidas como mercancía a los ocasionales “clientes” a través de sitios web, y posteriormente sometidas al ejercicio de la prostitución en los domicilios señalados. En todos los casos pudo acreditarse la consumación de la explotación y también se constató que una de las víctimas, menor de edad, estaba embarazada al momento de allanarse el inmueble.
La organización entablaba contacto con mujeres en situación de vulnerabilidad – a cargo de hijos y familiares, con empleos precarios o, directamente, sin empleo-, a las que luego convencía para que se dedicasen a la prostitución. Diariamente ingresaban al prostíbulo entre cuatro y veinte clientes por cada víctima. Los pases quedaban registrados en un cuaderno que era manejado por la imputada C.C., quien además recaudaba el producido de cada jornada.
En su etapa de instrucción, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, que contó con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El hecho investigado cesó el 16 de marzo de 2017, al momento de realizarse el allanamiento del prostíbulo ubicado en la calle 12 de octubre 829. El abordaje y asistencia a las víctimas estuvo a cargo del Programa de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán.
