El colectivo de autoconvocados “Hipotecados UVA”, una esperanza para 130 mil propietarios

El sueño ya no es tener la casa propia sino impedir que se las quiten. En Córdoba, son 10.780 los tomadores de ese tipo de créditos. Quieren pagar pero de acuerdo con lo que perciben. La agrupación nacional, con referentes en cada provincia, no cesa de gestionar ante los cuerpos legislativos la declaración de una ley de emergencia

Por Laura Pantoja – [email protected]

Con una relación cuota-ingreso que en los caso más graves alcanza hasta 70% del sueldo, el colectivo de Hipotecados UVA Argentina continúa a paso firme con sus gestiones -ante las cámaras de diputados y senadores- para lograr la declaración de una ley de emergencia, que -entre otros puntos urgentes- plantee la actualización de las cuotas con base en el índice salarial y la suspensión de las ejecuciones hipotecarias por un período determinado.
Así lo confirmó a Comercio y Justicia Julia Irazoqui, asesora legal de propietarios de créditos con base en unidades de valor adquisitivo (UVA) y referente del colectivo Hipotecados UVA Córdoba, quien confirmó que vienen trabajando hace un año y que recién hace unos meses lograron que el caso tomara protagonismo a nivel nacional, al punto de contar con el apoyo de varios legisladores y un total de 16 proyectos a favor.

El problema
Los créditos hipotecarios UVA que se han instrumentado en el año 2016 establecen que el capital se ajuste por medio del índice de inflación, la que entre 2017 y 2018 ha sumado casi 100%; 45% en promedio durante el primer año y 55% en el segundo. “Una persona que extrajo un millón de pesos hace dos años para la adquisición de una parte de la vivienda, hoy le debe al banco dos millones de pesos, aun habiendo pagado la cuota en tiempo y forma”, explicó la letrada.
El quid de la cuestión reside en que lo sueldos no corrieron la misma suerte que la inflación, es decir, “no se han duplicado”, en el mejor de los casos algunos aumentaron sólo 60%, provocando un desfasaje, -mínimo de 40%- “que se hace insostenible”, según enfatizó. “Es de acuerdo con las paritarias; los camioneros lograron 20% un año y 30% , los docentes solo 15%, siendo los más perjudicados los monotributistas, que en muchos casos debieron cerrar sus comercios”, ejemplificó algunos casos
“El banco sigue actualizando la cuota diariamente, lo que se hace imparable, sumado a las tres devaluaciones acumuladas de la moneda local que hemos tenido, hoy nos encontramos con un abanico exorbitante de gente a nivel nacional que no puede pagar la cuota”, amplió.

Radiografía
En Córdoba, son 10.780 los tomadores de créditos UVA, que forman parte de 130 mil acreedores a nivel nacional, según confirmó Irazoqui.
De ese total, más de 38% asegura que su cuota ya superó 30% de la relación cuota ingreso. “Incluso, represento a tomadores cuyas cuotas han superado en 70% la relación cuota ingreso”, apuntó.
Con todo, el valor actual de la cuota es depende el monto total de crédito extraído, hay tomadores que hoy pagan 15 mil pesos por mes y otros 50 mil pesos por mes. No obstante, el problema no es el valor de la cuota, sino la relación con su sueldo, según insistió.

¿Qué piden?
“Lo que queremos es pagar, algo raro en Argentina, pero queremos hacerlo de acuerdo a cómo nos otorgaron el crédito, es decir, de acuerdo con los ingresos. Una cuota no puede superar 25% de los ingresos, no podemos pagar una cuota cuya relación llegue al 70%, entonces reclamamos que se modifique el índice de actualización de la cuota y que en el lugar que se ajuste por inflación se actualice por el coeficiente de variación salarial (CVS) -que es hasta 20% menos que la inflación”, aclaró.

Las gestiones
El colectivo, integrado en el país por agrupaciones de cada una de las provincias , ha iniciado diversas gestiones ante senadores y diputados -tanto de la oposición como oficialistas- que entendieron que se trata de una problemática social. En total, ya se han presentado 16 proyectos, según apuntó la letrada.
Juan Fernando Brügge, diputado nacional del bloque de Córdoba Federal , abogado y profesor universitario, presentó un proyecto que tiene cuatro puntos principales: “La suspensión de la ejecución hipotecaria por un año o dos años hasta salir de la crisis, un registro de deudores para determinar la cantidad de familias que se encuentran en estado crítico (más de 50% la relación cuota ingreso) y la modificación del índice por CVS, en la que plantea ajustarlo a 50% del índice de variación salarial por un determinado plazo hasta superar el sobreendeudamiento de las familias”, resumió.
El último es un punto muy importante, según destacó, “ya que las mayoría de los acreedores, para poder pagar las cuotas, se ha endeudado con tarjetas de créditos en las que están pagando los montos mínimos”, dijo la abogada, quien recordó que la senadora Nancy González, de Frente para la Victoria, estableció el mismo punto.
En Córdoba, el tema ha sido presentado antes los senadores de la provincia.
Ernesto Martínez (Cambiemos) y Carlos Caserio (Unión por Córdoba) , quienes se mostraron muy solícitos para analizar la situación y hasta adelantaron que podrían respaldar algunos de los proyectos ya esbozados por sus pares.

Situación judicial
“Estoy convencida de que la situación no requiere de una solución judicial, porque con 130 mil créditos hipotecarios vamos a tener 130 mil sentencias disímiles porque los jueces tienen distintas formas de interpretar la ley, entonces algunos van a rechazar la demanda, otros les van a dar la razón, otros serán más intermedios. Es una locura semejante cantidad de acciones judiciales”, afirmó.
Por ese motivo, por el momento, sólo se presentan a la Justicia los casos que son muy complicados, como los que ya están en etapa de ejecución de la vivienda, deben hasta cinco cuotas o han recibido carta documento y el caso ya se transfirió a los abogados bancarios”, señaló.
“De mi cartera, por ejemplo, de cien casos que manejo, 20 ya están en condiciones de que sus viviendas sean ejecutadas, como así también, el banco está en condiciones de vender la cartera a los fideicomisos financieros”, indicó.
“Aclaro que son casos en lo que los bancos ya pueden actuar, después si lo hacen o no pueden hacerlo por una cuestión de que estamos en época electoral, es otro punto”, remató.

Expectativas
La situación de muchos deudores es de alta gravedad, es por ello que no pueden esperar hasta octubre para la sanción de la ley. Los gestores y referentes de los autoconvocados a nivel país insisten en que el proyecto sea aprobado a la brevedad.