ESCUCHARLa titular de la Oficina Anticorrupción (AO), Laura Alonso, informó que la dependencia tiene más de 600 investigaciones en curso, por denuncias ingresadas en el último año y medio. “Cada denuncia que entra da lugar a un expediente, un dictamen y una resolución que establece el curso a seguir conforme al reglamento interno de la Subsecretaría de Investigación Anticorrupción”, detalló la funcionaria.
Alonso señaló que en los últimos años se triplicaron las denuncias y precisó que se sostienen a un ritmo de 100 por mes.
En tanto, según recordó, una de las exposiciones anónimas que recibió el área llevó a ubicar la oficina porteña en la que José López, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, guardaba documentos relacionados con el delito que cometió.
La OA lanzó una campaña a través de las redes sociales para alentar a qué más gente denuncie, al tiempo que fomenta que todos los organismos y empresas del Estado tengan una réplica interna de su estructura.
Cabe recordar que no todas las denuncias que ingresan en la OA tienen que ver con delitos, sino que muchas veces apuntan a faltas a la ley de Ética Pública o a infracciones al régimen disciplinario de la Administración.
Para Alonso, una deuda pendiente con la sociedad es la sanción de una ley que refuerce la protección de los denunciantes, a fin de que tengan mayores garantías.
El viernes, la Auditoria General de la Nación (AGN) denunció ante la Justicia a la dependencia que comanda Alonso, por su “conducta reticente” a la hora de entregar la información y documentación que le solicitó para poder hacer un análisis de su desempeño. El organismo encargado de ejercer el control externo de las reparticiones públicas, dependiente del Legislativo, presentó un amparo en el fuero Contencioso Administrativo en el cual señaló que la OA incumplió a lo largo de nueve meses con su obligación de responder a sus requerimientos.
“Resultan inaceptables las numerosas excusas que bajo apariencia de impedimentos ha esgrimido la OA para negarse a suministrar la información”, dice la presentación de la AGN. La evaluación a la OA fue aprobada por la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas del Congreso -que es la que instruye a la AGN- como parte del Plan Operativo Anual 2018 y debe analizar en desempeño del organismo: funciones, acciones y el respaldo documental. Según la presentación, la OA se niega a entregar el listado de sus manuales de procedimiento, guías de trabajo y las listas de denuncias presentadas ante el Poder Judicial, las denuncias recibidas y su estado actual.
“De permitirse la negativa de proveer acceso a la información se estaría impidiendo que la AGN cumpla con las funciones que la Constitución le otorga. Asimismo, se obstruiría la posibilidad de que la sociedad civil ejerza un control efectivo sobre la acción estatal y se dificultaría la función de Control Externo del sector Público Nacional a cargo del Poder Legislativo”, se argumentó en la demanda que quedó a cargo del juez Enrique Lavié Pico.
