ESCUCHARPor Salvador Treber
Luego de casi cuatro años con muy escasos aciertos y múltiples desaciertos, el equipo económico federal prefiere que el análisis previo a las elecciones -y, en general, de la respectiva campaña- hagan centro en otros aspectos menos conflictivos.
El proyecto de Presupuesto para el año en curso se elaboró con base en una presunta inflación para el ejercicio 2019 de 23%, lo cual no coincidió con la realidad ya que en los primeros meses del mismo requirió introducir sendas correcciones, obviamente alcistas. Cabe agregar que no se trata de un presupuesto más porque los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) impusieron una versión que elimina totalmente el déficit a la par que prevé un fuerte recorte del gasto, incluyendo en ello los relativos a salud y educación.
La aprobación del Presupuesto se logró con los votos por parte de una serie de legisladores que militan en la oposición a instancias de los respectivos gobernadores, quienes coadyuvaron con miras a recibir aportes adicionales de la Nación para encarar sus respectivas campañas electorales; por tanto, no vacilaron en influir sobre las decisiones de sus diputados pese a que ello agravó la problemática en el ámbito nacional. Tales acciones abrieron una “grieta” entre los gobernadores que militan en el campo opositor aunque no todos actuaron de esa manera.
Las provincias que se avinieron fueron diez -Córdoba, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Santiago del Estero-, que proporcionaron alrededor de 30 adhesiones en la Cámara de Diputados. Dicho acuerdo no implicó el compromiso de un voto a “libro cerrado” y se autorizó expresamente a tales legisladores proponer las reformas que juzguen indispensables.
De todas maneras dicha gestión se tornó bastante conflictiva pues los “nuevos votantes” reclamaron ciertas modificaciones que no fueron totalmente del agrado de los legisladores oficialistas.
En efecto, las pautas macroeconómicas para el año en curso también inicialmente se estimó sería nulo mientras la cotización se ubicaría entre $40 y $42 pero todos estos parámetros, incluyendo también el índice anual de inflación (23%), se mantuvieron muy poco tiempo pues todos sin excepción, debieron ser sometidos a múltiples correcciones. El hecho que ya en enero este último indicador ascendiera a +2,9% e incluso en febrero fuera superado, impulsó que los analistas privados hicieran conocer sus estimaciones que, hasta ese momento, mantenían en muy prudente reserva, pese a las notorias disidencias que con el oficialismo, para evitar, mientras fuera posible, el crear un clima más alarmante.
No obstante, ante la cruda realidad que hizo conocer oficialmente el Indec, ese virtual pacto de silencio dejó de tener sentido y optaron por revisar la actitud referida, dando plena libertad a cada uno de los especialistas, comunicándoles formalmente que quedaban en libertad de acción. La información antes retenida adoptó según quién las exhibía, cifras sensiblemente variables que cada uno fundaba de diversa manera. Por supuesto, nadie respaldó las de fuente oficial y, en materia de índice anual de inflación, las diversas estimaciones anticipadas oscilaron entre una mínima de 29% y una máxima que llegó a nada menos que 37,6%; dejando constancia que “más adelante” podrían verse obligados a corregirlas, siempre en más.
Las reservas y preocupaciones en los ámbitos oficiales
Las autoridades nacionales comunicaron que habían elevado al Senado de la Nación las posteriores elaboraciones correctivas que luego serían publicadas por el Indec. De la misma forma, enviaron un prolijo detalle de las modificaciones pretendidas junto con sus respectivas reglamentaciones, las cuales están programando introducir durante lo que resta del ejercicio 2019. Un anuncio importante, pero que deberá ser ratificado o anulado por las nuevas autoridades que asumirán en diciembre, es la referida a la creación de nuevos tributos que recaigan sobre el patrimonio de las personas y empresas, actualmente sometidos a una prohibición que se proyecta suspender por el bienio 2020/21 para que los nuevos flamantes funcionarios “tengan las manos libres” en tal aspecto.
Otra “novedad” es que, desde el comienzo del año próximo, dentro de las jurisdicciones de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, las administraciones locales deberán asumir la responsabilidad de mantener la tarifa social en cuanto a lo que se refiera al servicio agua y desagües cloacales; al igual para los servicios que actualmente administran y prestan Edenor, Edesur y Aysa. Además, se ha ratificado que cada provincia y la Capital Federal administren la respectiva tarifa eléctrica diferencial subsidiada que beneficia a los usuarios residenciales y mantener sin variantes el vigente subsidio existente al transporte público de pasajeros.
Tal como se refirió, en el presente ejercicio se ha convertido en el objetivo prioritario un cierre con déficit nulo y, a juzgar por lo que está aconteciendo, no aparece como fácil de alcanzar. Constituye una legítima novedad que se procure lograr equilibrio fiscal, entendiendo que actualmente ello constituye una condición indispensable para aspirar fundadamente a un crecimiento con estabilidad.
No debe olvidarse las características que asumió nuestra evolución hasta el presente pues durante las últimas siete décadas se estima que el déficit fiscal siempre puso en serio riesgo las perspectivas de crecimiento auto sostenido Quizás, actualmente, tal riesgo se ha acrecentado por no haber elegido un orden de prioridades adecuado a la emergencia.
Dado que las fuentes de crédito externo se cerraron, el financiamiento se hizo muy problemático pues sólo se cuenta con recursos internos y ante los requerimientos la estrategia oficial al respecto, sin excepciones, impuso la extrema carencia de recursos líquidos.
Debido a ello, la anunciada disminución de la presión tributaria se tornó imposible de cumplimentar y el paralelo recorte del gasto introducido en procura de alcanzar un firme equilibrio presupuestario sólo se pudo lograr a través de medidas calificadas como estratégicas y prioritarias; privilegiando el mantenimiento de niveles para las áreas de educación y salud que, equívocamente, optaron recortar.
La visión de los especialistas neutrales
En general, los mismos vienen siendo muy críticos pues no ven como acertado postergar el objetivo del crecimiento para empeñarse en la búsqueda prioritaria del déficit cero. Por de pronto, los mayores exportadores, con el “viento a favor” originado por las sucesivas devaluaciones, no han contribuido en nada a lograr la estabilidad pues sus mayores ganancias reconocen ese origen y refieren no ingresarlas al país.
A su vez, el significativo recorte del gasto ha generado una sensible baja en la remuneración de los docentes y de todos los trabajadores del área médica pues al concebirse el presupuesto actualmente en ejecución, sólo se previó mantener los reajustes respecto al nivel de las jubilaciones, pensiones y demás objetivos de mayor interés social.
El resto del personal afectado a las restantes prestaciones han sufrido sensibles postergaciones al igual que todos los trabajan en áreas privadas. Obviamente, ello repercute en muy fuerte medida a desalentar el nivel de consumo. Seguramente los funcionarios supusieron que el mercado internacional sería receptivo y, en tal sentido, lo que realmente sucedió fue que escaseara mucho el crédito a un costo razonable y tal circunstancia obviamente, se transformó en un decisivo factor en contra. Los intentos de mayor apertura sumados a la no existencia de ingresos de fondos derivados de las exportaciones, lejos de impulsar tales operaciones, generaron serias restricciones que han hecho mucho más difícil de superar la recesión vigente, que se inició durante el ejercicio precedente (-2,6%) y se estima que a no haberse logrado una recuperación integral, se extenderá aunque con menos rigor al en curso (-1,7%).
Los ajustes se vienen haciendo sin pausa y las familias, incluso las que no sufrieron reducciones en sus ingresos, ha cundido una alarma que consideran es harto justificada. La suposición oficial de que habría una notoria mejora en las condiciones del mercado internacional y que ello permitiría a Argentina restaurar prontamente el nivel de actividad de años anteriores; resultó evidentemente errónea. Es más, no son pocos los observadores que desde ya anuncian que en el año 2020 no se logrará una recuperación de nivel aceptable. Esa aseveración, de por si, impulsa inquietud y confusión que hacen que todos lo proyectos se sigan postergando.
La poda ha sido muy fuerte en materia de inversiones dentro de obras públicas, en jurisdicción nacional, pues ascienden a más de US$400 mil millones; a lo cual hay que sumar alrededor de otros US$ 100 mil que corresponden a las jurisdicciones locales.
De esa forma se ha previsto reducir el gasto público consolidado al equivalente de 25% del producto; pero la mayor atención se ha posado en cuanto a los recursos consolidados de las tres jurisdicciones que se aspira asciendan a un total anual nunca antes alcanzado equivalente a 43% del PBI. Tales metas no son nada fáciles y, más aun, en un año electoral como es el presente.
Entre las demás precisiones, se ha establecido y ejecutado no sólo el “recorte” global en materia de remuneraciones del sector público sino, que además se ha sustituido el destino para un monto equivalente a dichos gastos; con lo cual se pretende atender compromisos derivados de la deuda pública, especialmente la externa (70%), por un equivalente a US$18 mil millones en el año en curso. A ese efecto se ha previsto recibir del FMI dos remesas, una de US$11,7 miles de millones y una posterior muy semejante, de US$12 mil millones, además de otro tanto proveniente del sector financiero privado.
Al margen de ello, el programa financiero oficial prevé que se cubra, seguramente mediante renovaciones, un importe en Letes por nada menos que US$28,3 miles de millones, de los cuales más de la mitad corresponden a acreedores privados y US$9,5 miles de millones a vencimientos de capital. Por lo visto, a quienes les corresponda asumir el gobierno en diciembre les tocará lidiar con una situación muy pero muy comprometida.
