El Gobierno Nacional puso en marcha una comisión para combatir el lavado de activos, la financiación de actividades terroristas y la proliferación de armas de destrucción masiva
La Nación oficializó la comisión para luchar contra el lado de dinero. Lo hizo a través de la publicación del decreto de rigor en el Boletín Oficial, en el cual considera que la prevención y el combate de aquellos ilícitos constituye “una prioridad para el Estado”.
Asimismo, la norma cita una serie de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la institución conformada por 36 países y dos organizaciones regionales (la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo), destacando que priorizan la necesidad de que las jurisdicciones, a través de las denominadas “Evaluaciones Nacionales de Riesgos”, analicen, identifiquen y entiendan sus propios desafíos en la materia, a fin de asegurar que los peligros existentes “se mitiguen efectivamente”.
El texto -que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña, y del ministro Germán Garavano- establece que la flamante comisión tendrá un coordinador nacional que trabajará junto a 12 funcionarios bajo la órbita de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
También consigna que será presidida por un funcionario designado por la repartición que dirige Garavano y que la función del nuevo ente será evaluar el riesgo en materia de lavado y terrorismo, con el objetivo de identificar, recabar y examinar la información “propia y de los sujetos y áreas bajo su supervisión y de otros sectores relevantes” que pueda resultar necesaria para la formulación del diagnóstico encomendado.
En tanto, determina que a partir de allí le propondrá al Poder Ejecutivo una “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
Representantes
El representante argentino ante el GAFI, el titular de la Unidad de Información Financiera y emisarios de la Agencia Federal de Inteligencia, del Fisco, del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores y del ministerio de Relaciones Exteriores formarán parte de la comisión.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación también quedaron facultados para designar a sus propios representantes.