El Gobierno nacional oficializó y validó el reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la empresa Uber, por una deuda de tributos y cargas sociales.
Lo hizo mediante la publicación de tres avisos oficiales del organismo recaudador en el Boletín Oficial que precisan que la firma norteamericana tiene una deuda de $147,4 millones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Ganancias, y otra de $211,3 millones por cargas tributarias a la seguridad social.
En tanto, precisan que los montos exigidos corresponden a los períodos fiscales 2016 y 2017.
Según se informó, la decisión de la AFIP surge de un trabajo conjunto de fiscalización de dos de sus direcciones generales, la Impositiva (DGI) y la de los Recursos de la Seguridad Social.
En el ajuste fiscal se dispuso, en particular, el cobro de impuestos nacionales por $147,4 millones, producto de $67 millones de Ganancias y $80,4 millones del IVA.
Pese a haber desarrollado operaciones por cifras millonarias, se registra una ausencia total de declaraciones y pagos impositivos por parte de la compañía.
Un análisis del movimiento de los fondos cobrados por los viajes en el país detectó que el dinero se transfirió en su totalidad al exterior a través de un complejo entramado societario internacional y que, con posterioridad, el porcentaje correspondiente a cada chofer regresó al país por medio de al menos tres entidades financieras.
La AFIP determinó que Uber adeuda $24.927.589 por aportes, $31.070.025 por contribuciones a la Seguridad Social, e intereses por $43,3 millones y multas por $111,9 millones.
La respuesta de Uber
Por su parte, la empresa afirmó que sus “socios conductores” no son empleados de la plataforma y que paga “todos los impuestos.
“Respecto de la relación entre Uber y los socios conductores, en 2017, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8 estableció que Uber no evadió ni evade aportes de la seguridad social, ya que no corresponde su pago por la naturaleza de la actividad que realizan los conductores”, describió.
En este sentido, agregó que también los juzgados N° 7 y N° 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires ratificaron con tres sentencias firmes, en noviembre de 2018, que los socios conductores no son empleados de la plataforma.