ESCUCHAREn el marco de la causa “cuadernos”, la Cámara Federal revocó el procesamiento de Paolo Rocca, CEO de Techint. La medida había sido dictada en noviembre del año pasado por el juez Claudio Bonadio, por la presunta comisión de los delitos de asociación ilicita y cohecho. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi le dieron crédito a la versión de Rocca y entendieron que era creíble su planteo en torno a que no estaba al tanto de las decisiones que habían tomado ejecutivos de su compañía.
“La responsabilidad de Rocca, cimentada fundamentalmente en su posicionamiento jerárquico dentro del holding, carece de sustento necesario y suficiente para vincularlo a este proceso”, sostuvieron.
Paralelamente, instaron a que el juicio se celebre sin demoras pero alertaron sobre que hay puntos que deben esclarecerse.
Techint
Techint figura en las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Por las revelaciones primero fue detenido Héctor Zabaleta, presunto encargado de entregarle “dinero negro” a Roberto Baratta, quien declaró como arrepentido y admitió los pagos. Luego habló Luis Betnaza, director de la compañía, quien dijo haber sobornado a funcionarios del anterior gobierno para que intercedieran ante el gobierno de Venezuela por la estatización de la firma Sidor, que pertenecía a Techint. Cuando Bonadio llamó a indagatoria a Rocca, éste declaró que no estuvo involucrado en los pagos.
A su turno, el magistrado estimó que habría participado junto a Luis María Cayetano Betnaza de las maniobras investigadas, ordenado sobornar a Baratta, y valoró que por su cargo no podía desconocer la existencia de aquéllos.
La alzada no compartió la interpretación del a quo. “No es posible, ciertamente, soslayar la jerarquía del nombrado dentro del conglomerado empresarial y las posibilidades de conocer el estado de las diversas sociedades que esa posición le otorgaba a los fines de diseñar el rumbo de sus negocios, así como de invertir en su desarrollo. Sin embargo, tales extremos, por si solos, resultan insuficientes para fundar un reproche”, sostuvo.
“Si bien Rocca ocupaba una elevada posición dentro del holding, lo cierto es que -a diferencia de otras estructuras empresariales- la especialización y diversificación del grupo económico es lo que obsta en este caso a inferir que haya intervenido en orden a las exigencias de dinero a las que aludieron los coimputados”, señaló.
“Ni la empresa radicada en Venezuela ni las asentadas en este país son meras sucursales y una misma compañía, sino que constituyen sociedades de gran magnitud”, acotó. Bajo esa premisa, entendió que ni Zabaleta ni Betnaza eran meros dependientes que limitaban su obrar “al ciego cumplimiento de una orden”.
Apelación
También durante la jornada de ayer, la Cámara confirmó que Bonadio puede decidir si acepta a arrepentidos, al rechazar una apelación de Stornelli.
Al resolver sobre el caso puntual del imputado marplantese Osvaldo Parolari, el tribunal indicó que la ley 27304 establece claramente para aprobar acuerdos de colaboración que los magistrados deben efectuar un control sobre el cumplimiento de los requisitos formales y analizar si la información aportada es útil para la investigación. Según la alzada, Bonadio actuó dentro de los límites previstos por la normativa al negarse a homologar el acuerdo al que Stornelli llegó con Parolari, porque entendió que no proporcionó nuevos datos para esclarecer el hecho o la identidad de los autores.
Parolari es un empresario inmobiliario de Mar del Plata, quien fue apresado en el aeropuerto internacional de Ezeiza por orden de Bonadio, que en diciembre firmó un acuerdo con la fiscalía.
Como Bonadio no lo aceptó, sus dichos no pueden ser usados como prueba en la causa.
Parolari está sindicado como parte del entramado del presunto lavado de dinero que motorizó el fallecido Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.
Manuscrito
En tanto, Centeno aportó un manuscrito con más información sobre pesquisa. Fue trasladado a los tribunales federales de Retiro para mantener una reunión con su defensor oficial, Gustavo Kollman, y dejó una nota para Bonadio y Stornelli.
El autor de los llamados “cuadernos de la corrupción” -fotocopias, en realidad, porque los cuadernos nunca apoarecieron- y ex chofer de Baratta está en libertad pero es imputado colaborador, por lo cual permanece alojado en un domicilio reservado. Según publicó Télam, Centeno le envió nuevas anotaciones a su defensor. Ante esta situación, éste evaluará la información aportada y resolverá si pide una ampliación de la declaración indagatoria.
Centeno está procesado como miembro de una asociación ilícita que cobró sobornos a empresarios vinculados con la obra pública en el kirchnerismo.
Es el autor de los textos condensados en las ocho libretas cuyas fotocopias llegaron a la Justicia.
