Diarios: libertad de expresión condicionada

Análisis de la derogación de ocho artículos de la ley 26736 y de la desición de liberar el precio de la bobina de papel que produce Papel Prensa SA

 Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe (*)

El 27 de septiembre de 1978, en la localidad bonaerense de San Pedro comenzó a funcionar Papel Prensa SA, la primera fábrica nacional de papel prensa y celulosa.
Dicha empresa es controlada en 49% por el Grupo Clarín, 22% por el diario La Nación y 27% por el Estado nacional.
El emprendimiento tuvo diversas situaciones oscuras en su conformación y funcionamiento.
A su vez, en una dinámica patológica, la empresa papelera primero abastecía los medios de sus propios dueños (Clarín y La Nación), a los que les cobraba un precio diferencial más beneficioso respecto del que fijaba a los otros medios gráficos. Y a éstos, dado que el papel importado era más caro, no les quedaba otra opción que comprarle a Papel Prensa. También, la empresa imponía limitaciones y cupos en el abastecimiento, con lo que regulaba la competencia y el crecimiento de otros diarios desde la provisión o no del insumo necesario. Mientras tanto, no aumentaba la producción. Por ende, siempre había faltante para proveer, luego de la entrega sin límites a los grupos dueños.

En diciembre de 2011, la ley 26736 declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. En función de ello, se garantizó “la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel” y obligó a la compañía a fijar un precio único para todos sus clientes, con independencia de la cantidad de bobinas de papel que compraran. O sea, igualdad de precio y condiciones a los grandes clientes como a los pequeños diarios. Además, se obligó a Papel Prensa a incrementar su producción.
Sin embargo, en enero de este año hubo un gran retroceso en lo logrado, ya que entró en vigencia la norma que desregula la venta y producción de Papel Prensa.
El texto promulgado deroga ocho artículos de la ley 26736, permite fijar libremente el precio del papel de diario y relevó a la empresa tanto de la obligación de garantizar el abastecimiento del mercado local como de hacer público su precio.
Además, la nueva regulación dispuso que Papel Prensa podrá “ofrecer descuentos, beneficios y/o promociones” sobre el precio de referencia en virtud del volumen de compra, lo que otorga mayor beneficio a los grupos dueños y a los poderosos con capacidad adquisitiva.

Por su parte, Papel Prensa elevó y eleva los precios a su antojo. Muchos medios no pudieron ni pueden afrontar la corrida del precio del papel, que superó inclusive la suba del dólar, con reajustes que últimamente alcanzan casi 10% mensuales.
Todo ello ha condicionado y condiciona a muchos medios que han tenido que dejar de ser semanales o quincenales, para realizar tiradas mensuales. O se vieron obligados a reducir el número de páginas y, por ende, la cantidad de los contenidos informativos que brindan.
El periodista Sergio Vaudagnotto, de la cooperativa del Diario del Centro de Villa María, ha sostenido que lo antes referido afecta su medio y otros de la provincia de Córdoba, como el Puntal en Río Cuarto, La Voz de San Justo, en San Francisco, Tribuna en Río Tercero y muchos otros que intentan contar cada jornada lo que sucede en la sociedad a la cual pertenecen, dar a conocer los logros y marcar también las necesidades para contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
En algunas localidades, como por ejemplo Monte Maíz, Ucacha, Serrano y Alta Gracia -por citar algunos casos-, se apagaron “voces”. Medios como “El Correo de Firmat”, de la provincia de Santa Fe, de 104 años de existencia, están siendo sostenidos por sus trabajadores para no desaparecer.
La problemática afecta también los diversos medios gráficos existentes en el país, cooperativos, mutuales, comerciales y de organizaciones sin fines de lucro.

Paradójicamente, el presidente Mauricio Macri sostiene que ahora el país “tiene la más amplia libertad de prensa de su historia” pero la afirmación no se corresponde con la realidad, ya que el Gobierno protege, en los hechos, sólo a los medios poderosos, concentrados y monopólicos.
Resulta inaceptable la disposición adoptada de liberar el precio de la bobina de papel que produce Papel Prensa, ya que ése es un producto de interés público. En particular, si se tiene en cuenta que parte de la empresa es de propiedad de todos los argentinos ya que la Nación posee, como se ha dicho, casi la tercera parte del capital.
¿Cómo puede ser entonces que el Estado nacional lucre y pretenda obtener más ganancia en la empresa, en contra de lo dispuesto legalmente en el tema?
Repárese en que la ley 25750 de 2003 de “Preservación de bienes y patrimonios culturales” estableció: “El Estado nacional preservará especialmente… a diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general” (arts. 1 y 3).
Resulta urgente que el Estado nacional cumpla la ley y, a su vez, destine los beneficios de su participación de Papel Prensa SA a garantizar la prensa gráfica, que no es del grupo dueño de la empresa y volver a la normatividad derogada.
No se puede permitir que, poco a poco, se vayan haciendo desaparecer más voces.

(*) Abogado constitucionalista y periodista de opinión.