ESCUCHARPara trazar un programa de políticas permanentes y perdurables en el tiempo se necesitan datos confiables sobre el sistema de justicia
Por Marcelo Bee Sellarés (*)
Las estadísticas judiciales son instrumentos que sirven para el diseño, monitoreo y evaluación del desenvolvimiento del Poder Judicial, pero a la vez son un requisito básico para la rendición de cuentas a la sociedad sobre criterios de transparencia, planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas relativas a la administración de justicia.
El objetivo central es facilitar la toma de decisiones de las autoridades judiciales y administrativas del Poder Judicial que permitan trazar un programa de políticas judiciales permanentes y perdurables en el tiempo, que lógicamente deben ir acompañadas de las partidas presupuestarias necesarias con el objeto de brindar información a la sociedad y contribuir a:
– la gestión administrativa, para la planificación y carrera judicial;
– los procesos judiciales, con indicadores de desempeño de los juzgados;
– la creación y desarrollo de indicadores socioeconómicos que sean de utilidad para elaborar políticas públicas y estudios académicos.
Para poder alcanzar esas metas es necesario valerse de índices confiables y objetivos. Para ello, se debe contar con una oficina de estadísticas multidisciplinaria, compuesta por un equipo de profesionales de diversas ramas con conocimiento estadístico, tecnológico, económico, sociológico y de derecho.
Es una necesidad avanzar en el desarrollo y publicación de índices que marquen la evolución del sistema judicial. Este déficit repercute en la falta de información a la sociedad, en el control de gestión judicial y en el desarrollo futuro de políticas judiciales.
Parámetros de gestión
Los indicadores tienen como finalidad medir el desempeño y la eficiencia de los diferentes componentes del Poder Judicial.
Hay diferentes indicadores, unos de uso económico, que miden la productividad total o parcial, otros que miden los costos del sistema y aquellos que permiten discernir el desempeño de los juzgados mediante diferente tipos de medidas que se pueden agrupar en estándares de producción, como por ejemplo cantidad de causas existentes ingresadas y cantidad de causas resueltas; y de productividad física, que representan el volumen de causas resueltas por el juez y los costos que exponen, cuál es el importe promedio que le cuesta a la sociedad una causa culminada.
El objetivo final es generar indicadores de desempeño en sus distintos niveles -juzgados, cámaras, tribunales orales- para de esta forma posibilitar un análisis preciso y abarcativo de la realidad, considerando el desempeño por fuero, por materia -civil, comercial, penal, administrativa- y por juzgado.
Los índices presupuestarios nos permitirán comparar año tras año, en forma permanente y continua, qué porcentaje del presupuesto público total se destina a la justicia, cuál es el costo medio de una causa culminada para la sociedad, cuánto es el gasto promedio de la justicia por habitante, cuál el porcentaje de gasto del personal dentro del presupuesto del Poder Judicial, y cuál el porcentaje de gasto dedicado a la capacitación sobre el total de presupuesto, entre otras variables posibles de analizar.
También están aquellos que miden los recursos relativos a personal y tecnología. De esta forma encontraremos respuestas a la cantidad de habitantes que tienen acceso a la justicia y a la distribución de jueces por fuero Civil, Comercial, Penal, Administrativo, Laboral.
Otro nos permitirán determinar la superficie física promedio por juzgado, tomando en cuenta la superficie total del edificio sobre la cantidad de juzgados y dependencias, y esos datos nos servirán para determinar la superficie por empleado judicial. En tecnología, podremos determinar cuál es el porcentaje de presupuesto del Poder Judicial que se destina a la tecnología y al desarrollo de sistemas.
Entre aquellos que miden el crecimiento o decrecimiento de las causas ingresadas, están los que analizan las resoluciones por juzgado en cada uno de los fueros, índice que sirve para determinar la carga de trabajo de un magistrado y su índice de morosidad.
Otros calculan la tasa de congestión, saturación o retraso y la recursabilidad, tomando en cuenta la información brindada acerca de la disconformidad del recurrente con relación a lo resuelto en primera instancia.
La productividad del sistema la podemos medir tomando en cuenta el total de asuntos resueltos sobre el total de jueces, o considerando el total de sentencias dictadas sobre el universo de magistrados. La duración promedio hasta obtener una sentencia la podemos medir por fueros o por instancias.
Todos estos indicadores deben estar conectados a un sistema que nos permita consultarlos on line, con un monitoreo constante que facilite la comparación en sus distintos niveles y nos posibilite una comprensión clara, precisa y cabal del sistema.
El Poder Judicial de la Nación, por intermedio del Consejo de la Magistratura, avanzó con las auditorías en materia de corrupción, narcotráfico y fuero Laboral de la ciudad de Buenos Aires, decisión tomada como una política judicial de carácter permanente y continua, en uso de sus atribuciones -conferidas en el artículo 114 inciso 6-, con el objetivo de brindar una eficaz prestación del servicio de justicia.
Contar con estadísticas confiables nos permitirá avanzar en el control de la gestión judicial, que servirá de respaldo en la toma decisiones, y exhibir y rendir cuentas a la sociedad de los resultados obtenidos.
(*) Abogado. Magíster en Derecho Administrativo
