ESCUCHARPor Gustavo Orgaz (*)
Las cooperativas de servicios públicos en sus primeras manifestaciones se organizaron por los vecinos para proveerse de energía eléctrica ante la ausencia del Estado y los abusos en que incurrían las empresas privadas en detrimento de los consumidores.
Por estas razones surgió en 1926 la Sociedad Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Punta Alta al sur de la provincia de Buenos Aires, en las proximidades de Bahía Blanca. Trece años más tarde, en 1939, esta rama del movimiento cooperativo había crecido de tal manera que se constituyó la primera entidad federativa, es decir la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) fundada por el acuerdo de las cooperativas de Bahía Blanca, Canals, Ceres, Comodoro Rivadavia, Concordia, Corral de Bustos, Hernando, Laboulaye, Lanús, Lomas de Zamora, Maipú, Necochea, Neuquén, Olavarría, Pergamino, Río Tercero, Rufino, San Antonio de Areco, San Jorge, Tres Arroyos y Villa del Dique por nombrar solamente las principales.
Después de casi un siglo de actuación las cooperativas de servicios públicos han devenido en entidades que se caracterizan por su multiplicidad o diversificación de las prestaciones que se llevan a cabo.
Estas cooperativas pueden ser hoy de electricidad, de agua potable o telefónicas; puede ocurrir que alguna preste estos tres servicios a la vez pero también van a abordar generalmente coberturas de salud, sepelios, Internet, provisión de gas envasado o por redes, televisión por cable, biblioteca, farmacia, enfermería, construcción de viviendas, crédito, turismo, red cloacal, fábrica de premoldeados, salón comunitario y un sinfín de coberturas sociales más.
De acuerdo con recientes estimaciones se considera que existen en el país una 800 cooperativas de servicios públicos que prestan servicios en unas 600 ciudades, localidades, barrios o parajes de nuestro territorio.
Todas estas realizaciones han sido posibles pese a las enormes dificultades que el movimiento cooperativo de servicios públicos debe enfrentar día a día.
Siguiendo autorizadas opiniones en la materia podríamos intentar una enumeración puramente enunciativa: 1) el crecimiento constante y desmesurado del precio mayorista de la energía; 2) las demoras en que incurre el poder concedente en actualizar y autorizar los cuadros tarifarios de las cooperativas; 3) la morosidad creciente de los asociados en el pago del costo de los servicios que brinda la cooperativa; 4) la incomprensión de los gobiernos que exigen a estas entidades el pago de los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias, sin admitir que en el aprovisionamiento que la cooperativa efectúa a los asociados no hay actividad comercial o lucrativa alguna sino simple autogestión de los vecinos.
Los consumidores se brindan los servicios entre ellos de manera solidaria. Queremos agregar a propósito de las tarifas que cobran las cooperativas de servicios públicos, que no sólo existe un permanente retraso del poder concedente en orden a la aprobación de los cuadros tarifarios y sus inevitables actualizaciones, sino también un factor que en nuestra provincia se advierte claramente: las doscientas cuatro cooperativas eléctricas existentes en el territorio cordobés, nucleadas en las federaciones FACE y Fecescor no han podido obtener hasta ahora de parte de EPEC un precio de venta de la energía, que reconozca la función social de estas entidades en el interior, como distribuidoras del servicio, es decir como brazo extendido de EPEC en tan delicada función.
Las cooperativas, en definitiva, son tratadas como meros usuarios industriales. Esta distorsión, sostienen las cooperativas con razón, crean una clara desigualdad en el costo de la energía en beneficio de los usuarios de la capital y en detrimento de los consumidores del interior ya que las cooperativas se ven obligadas a imponer un precio comparativamente mayor para hacer frente a las altas erogaciones a que las somete la empresa estatal.
En este contexto de dificultades el sector genera proyectos sociales en forma permanente.
Tal el caso de la Cooperativa Cemdo, con sede central en Villa Dolores, nacida en 1941 y que actualmente llega con sus servicios a 20 localidades y parajes de Traslasierra. El proyecto consiste en la construcción de viviendas a través de fideicomisos con la importante materia prima que produce la cooperativa en su fábrica de premoldeados.
En otro punto crítico de la provincia, se aprestan diversas cooperativas eléctricas asociadas a lograr el funcionamiento de una planta de energía renovable. El proyecto comprende la adquisición del predio de la ex Cristalería Quilino, generándose la energía a partir de la hoja seca de la palma caranday.
Como puede apreciarse, las cooperativas de servicios públicos en general, y las eléctricas en particular, lejos de estancarse en sus objetivos y más allá de sus legítimas protestas por la incomprensión estatal, apuestan decididamente por el bienestar social y la renovación tecnológica, precisamente allí donde no llega la acción del Estado ni la inversión privada.
Todo lo expuesto expresa la rebeldía pacífica de muchas ciudades y pueblos, más allá de la avenida General Paz que separa la Capital Federal del interior. Esta rebeldía no es el piquete, ni la ocupación de las calles, ni la bomba de estruendo, ni el recorte de rutas. Es más bien, la manifestación de la solidaridad organizada, con el agregado del ingenio para renovar tecnología.
Pero mientras los intendentes municipales recelen de estas cooperativas, no habrá posibilidades de un desarrollo comunal auténtico, donde vayan para un mismo lado la administración estatal, la entidad solidaria, el comercio y la industria. Mientras los gobernadores de provincia, que con las empresas estatales no logran cubrir las demandas de sus respectivos territorios, no comprendan que estas entidades solidarias de servicios públicos deben ser estimuladas por la política fiscal y crediticia, faltará un elemento fundamental para cualquier proyecto de economía regional.
Mientras el gobierno nacional, no reconozca que son entidades sin fines de lucro, donde no hay transacciones ni ganancias, y por lo tanto no se generan verdaderos hechos imponibles, lo único que conseguirá es desfinanciar aún más las cooperativas en perjuicio de los propios asociados.
(*) Profesor universitario
