ESCUCHARHabría fraguado el acta de deserción del joven. Se le enrostra la presunta comisión de encubrimiento y agravado y falsificación de documento público. El tribunal oral que lo juzgará quedó integrado a principios de mes.
La Justicia federal de Tucumán confirmó que el general retirado César Milani, jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández, comenzará a ser juzgado a partir del 16 de mayo por la desaparición del soldado Alberto Ledo.
Éste, oriundo de La Rioja y estudiante de historia, cumplía el servicio militar al momento de su desaparición. Milani era subteniente.
El procesado se sentará en el banquillo por encubrimiento agravado y falsificación de documento público. Junto a él estará el capitán Esteban Sanguinetti, acusado como autor material del secuestro y asesinato de la víctima, de 20 años.
A principios de mes, la Justicia federal ratificó la conformación del tribunal que tendrá a su cargo el proceso: los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Jorge Basbus.
Sumario
Se sospecha que Milani falsificó un sumario sobre la deserción del Ejército de Ledo, cuando estaba bajo su mando en Tucumán, en junio de 1976. El soldado desapareció del Batallón 141 de Construcciones, que estaba desplegado en la localidad tucumana de Monteros. La última vez que lo vieron con vida fue junto a Sanguinetti.
El conscripto figura como desertor en los papeles del Ejército y aún está desaparecido.
Poco antes del inicio de la feria de verano, el juez Fernando Poviña elevó a juicio el expediente y, en coincidencia con la acusación promovida en 2014 por el fiscal Carlos Brito, concluyó que Milani, superior directo de Ledo, confeccionó falsamente el acta de deserción.
Cuando procesó al general, Poviña sostuvo que si bien tenía el grado más bajo en el escalafón militar, a esa altura de las circunstancias, pasados tres meses del golpe de Estado del 24 de marzo y estando en la zona en que se encontraba, era “altamente improbable” que desconociera la “metodología de desaparición de ciudadanos”.
Otra causa de lesa humanidad
El expediente “Ledo” no es el único caso por lesa humanidad que involucra a Milani, quien está detenido en Campo de Mayo por torturas y privación ilegítima de la libertad contra Pedro Olivera, su hijo, Ramón, y Verónica Matta, por hechos que sucedieron en marzo de 1977, en La Rioja.
La causa “Olivera” fue elevada a juicio oral en octubre pasado pero el inicio de debate se postergó para este año por la gran cantidad de expedientes que tiene a cargo Julián Falcucci, juez de Córdoba subrogante en la Justicia federal de La Rioja.
Enriquecimiento ilícito
– El calendario de juicios que deberá afrontar el ex jefe del Ejército no se circunscribe a expedientes por presuntas violaciones de los derechos humanos.
– En septiembre de 2017, el juez Daniel Rafecas elevó a debate la causa en su contra por enriquecimiento ilícito, decisión que también involucró al capitán (retirado) Eduardo Barreiro.
– Milani fue procesado, en diciembre de 2016, por no poder justificar la compra de una casa ubicada en una coqueta zona de San Isidro, que había sido declarada por un millón y medio de pesos pero valía 480 mil dólares.
– Durante el período en el que se adquirió la propiedad, en las declaraciones juradas del militar no figuraban ingresos que posibilitaran la operación.
– La instrucción comenzó en julio de 2013, a raíz de una denuncia de la diputada Elisa Carrió, ante las inconsistencias del patrimonio de Milani.
– Rafecas lo procesó en diciembre de 2016. Dos meses antes, Milani, oriundo de Cosquín, declaró como imputado en la causa y aseguró siempre tuvo “posición y solvencia” por los bienes que le dejó su familia en Córdoba.
– Sin embargo, al dictar la medida, Rafecas recordó que se desconocía el origen de la mitad de la suma que pagó por la vivienda de San Isidro y concluyó que intentó fraguar un documento
mediante el cual su colega Barreiro aparecía efectuándole un préstamo de 200 mil dólares.
– En tanto, reseñó que, en su momento, Milani presentó ante la Oficina Anticorrupción ese papel para explicar el faltante y sortear la intimación oficial, pero le quitó eficacia como prueba de descargo, tal como le recomendaron los peritos.
– Los expertos resaltaron que pese al importante monto implicado carecía de fecha cierta, respaldo de movimientos bancarios o de la intervención de un escribano o de testigos.
