El director y el jefe de investigaciones de la Regional estaban acusados por incumplir deberes de funcionario público. Para el tribunal, trataron de esclarecer los hechos
Tras concluir que “ante la concurrencia de grupos de personas de escasos recursos, acompañados de terceros, para ser inscriptos en el régimen del ‘monotributo’, los funcionarios públicos pusieron en marcha un mecanismo tendiente a esclarecer los cuestionamientos que generaban tales presentaciones, y frente a una situación presuntamente irregular, generaron las comunicaciones pertinentes”, la Cámara Federal de Córdoba revocó la resolución dictada por el juez del fuero en Río Cuarto, en cuanto dispuso el procesamiento del director interino de la Dirección General Impositiva, Regional Río Cuarto, y del jefe interino de la División Investigación, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por mayoría, se dictó en relación con ambos encartados un auto de falta de mérito que permita al magistrado interviniente profundizar la investigación en aras de determinar si hubo en el obrar de los encartados una omisión dolosa, que además pudiera tener alguna vinculación con las maniobras investigadas en la causa ‘Averiguación Evasión Impositiva’.
Ello, atendiendo “a la concreta existencia de algunos elementos –el fax entre dos particulares, secuestrado en ocasión del allanamiento efectuado a la firma FLG Agropecuaria SA, una vez iniciada la causa judicial de ‘Averiguación Evasión Impositiva’; y el número telefónico de Sergio Flores, hallado entre la documentación secuestrada a María Pía Cardoso -, que generan duda acerca de la actuación de los funcionarios hoy imputados”.
Situación
Por consiguiente, “los prevenidos, anoticiados por el personal encargado de efectuar los trámites de inscripción en el régimen monotributista, de la existencia de grupos de personas indigentes que, acompañados de un tercero, fueron inscriptas como ‘monotributistas’ a cambio de una suma de dinero y, en algunos casos, la promesa de beneficios previsionales, dieron aviso a sus superiores jerárquicos”, situación que recién fue conocida por el tribunal a partir del suceso ocurrido en el Banco Francés.
“Y si bien los funcionarios tuvieron una activa participación en la causa ‘Averiguación Evasión Impositiva’, nada dijeron particularmente en torno a la situación entonces detectada”, aclaró la decisión.
El tribunal, integrado por Abel Sánchez Torres, Octavio Cortés Olmedo y Luis Rueda, concluyó que, como producto de los hechos, las actuaciones de Sergio Agatillo y Sergio Flores guardaron vinculación con la investigación que el Juzgado Federal de Río Cuarto llevó adelante en una causa iniciada a partir de los sucesos ocurridos en la sucursal Río Cuarto del Banco Francés con unos cheques en el año 2007, y que aparecían como una posible maniobra destinada a la evasión impositiva, a partir de los cuales se acreditó la existencia de una asociación ilícita fiscal”.