El Gobierno de Córdoba y la UEPC avanzaron ayer en la negociación salarial para 2019 luego de que las autoridades ofrecieran, además de un 5 por ciento con los sueldos de febrero más cláusula gatillo hasta junio, una suma extra para recomponer parte de la pérdida del poder adquisitivo del salario en 2018.
El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por fuentes gremiales que participaron del encuentro con la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero, y el ministro de Educación, Walter Grahovac.
En ese contexto, las partes volverán a reunirse hoy para intentar avanzar en un acuerdo que, en la UEPC, consideraron “posible”, más allá de la cautela propia de una discusión que aparece difícil.
Hay dos puntos claves en el debate: Recuperar parte del poder adquisitivo perdido el año pasado que el gremio cuantifica en 10,9% y, en paralelo, que la cláusula gatillo se aplique plenamente y no quede condicionada a la marcha de la recaudación, tal como ocurrió sobre el cierre de 2018.
Respecto al primero de los puntos, el Gobierno ofreció una suma fija que en principio podría replicarse todos los meses. No trascendió el monto, pero sí que será diferente a cada educador. También está claro que esos recursos no serán parte de la base para la aplicación del 5 por ciento y el gatillo extra. La base de aplicación será el salario que percibieron los docentes en enero.
Con relación a la cláusula gatillo, la UEPC no quiere que vuelva a repetirse lo ocurrido el año pasado cuando, desde septiembre en adelante, la aplicación de esa mejora quedó suspendida producto de la caída real de la recaudación.
Los ingresos de la Provincia arrastran una caída en términos reales desde hace meses pero que se profundizó en enero cuando alcanzó a una baja de 12 por ciento a valores constantes.
En ese marco, parece difícil que la Provincia vaya a eludir un condicionamiento a la aplicación de la gatillo en caso que los recursos sigan en baja.
El salario de los agentes públicos en general representa cerca de 50 por ciento del gasto total de la Provincia, de ahí las complicaciones que acarrea para la administración provincial cualquier aumento que no esté acompañado por su correspondiente respaldo en los ingresos.