ESCUCHARHéctor Mario Chayer, coordinador del Programa Justicia 2020, aseguró que 40% de los magistrados civiles del país ya sigue este sistema y que los resultados obtenidos son “extraordinarios”. En los próximos meses de sumarán otras cinco jurisdicciones
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
Héctor Mario Chayer es coordinador del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación. Bajo ese rol trabaja para que la totalidad de los procesos civiles del país se realice mediante audiencias orales. “La implementación de la oralidad tiene como objetivo optimizar la calidad de las decisiones jurisdiccionales, reducir los plazos totales del proceso de conocimiento y aumentar la satisfacción de los usuarios del sistema de justicia civil”, remarca Chayer, quien el viernes pasado participó del taller de capacitación de un grupo de magistrados cordobeses que forman parte del plan piloto de oralidad que comenzó a regir el 1 de febrero en la Justicia provincial.
En diálogo exclusivo con Comercio y Justicia, el funcionario nacional se refirió a la nueva etapa que comienza en la fuero Civil cordobés y trazó un panorama sobre los avances de la reforma judicial que encara la cartera que dirige el ministro Germán Garavano.
-¿Qué rol ocupa hoy el Ministerio de Justicia de la Nación en esta reforma procesal que encara la Justicia civil y comercial de Córdoba?
Desde el Ministerio de Justicia de la Nación lo que hacemos es impulsar un cambio en las justicias provinciales para reformar la justicia, no se trata reformar leyes sino de conseguir resultados diferentes, en otras palabras, en materia civil buscamos que los procesos de conocimiento, los juicios donde se discute un accidente de tránsito duren un año como máximo hasta la sentencia de primera instancia y que muchos de esos procesos puedan terminar por conciliación, lo que me parece muy valioso para contribuir con una sociedad más pacífica. En Córdoba, con la ley 10551 ahora tienen la posibilidad de dar este cambio, 18 jueces van a empezar a dar este paso, es un proyecto que lleva más de un año y vamos a seguir trabajando porque una vez que se ponga en marcha vamos a medir resultados, vamos a poner metas e informar a la sociedad sobre los resultados.
-¿Qué grado de avance tiene la implementación de la oralidad en el fuero Civil y Comercial en el resto del país?
– En todo el país estamos trabajando con 13 jurisdicciones, Córdoba es la número 13 y estamos preparando otras cinco jurisdicciones. Con los 18 jueces cordobeses tendríamos a 347 jueces de todo el país que trabajan con este modelo de oralidad, que es más del 40%, la meta que nos hemos propuesto para fin de año es llegar a la mitad de los jueces de todo el país que trabajen de esta manera y la verdad los resultados que se están dando son extraordinarios. Las jurisdicciones que se sumarán próximamente son Chubut, que se va a sumar a fin de mes, Neuquén, Corrientes, Misiones y Salta.
– ¿Con qué inconvenientes se ha encontrado en este camino?
-Los inconvenientes han sido todos superables y superados. El primero es romper el paradigma mental que tenemos los abogados, tanto los litigantes como del Poder Judicial, de pensar que uno trabaja para llenar papeles, perdiendo de vista el usuario, concentrándonos exclusivamente en el expediente; entonces el primer inconveniente es el cambio de mentalidad. Hay que darse cuenta de que lo que hay que hacer es tener dos audiencias, que vengan las partes, que vengan los abogados, que el juez dirija el proceso. La persona clave en éste es el juez de primera instancia, si él se anima cambia completamente el juego, los abogados se suman, luego las cámaras de Apelaciones respaldarán, pero el personaje clave es el juez civil de primera instancia. El segundo obstáculo -superable- es la limitación presupuestaria para equipar salas con equipos de videgrabación, porque se necesita videograbar la audiencia donde se produce toda la prueba, se toma declaración a los testigos, etcétera. Desde el Ministerio de Justicia de la Nación apoyamos financieramente los poderes judiciales sobre este punto.
– ¿En qué etapa está hoy la reforma judicial que encara este gobierno bajo el programa Justicia 2020?
– En materia penal tenemos tres o cuatro iniciativas: el proyecto de Código Penal entendemos que el Presidente lo enviará al Congreso en los próximos días, se ha postergado varias veces por razones de política legislativa pero está listo. La ley de responsabilidad penal juvenil está lista también y entiendo que será presentada antes del inicio de sesiones. En lo que se refiere al Código Procesal Penal se ha logrado la sanción el año pasado, en los próximos días se publica el decreto y comienza en mayo a implementarse en Salta y Jujuy.
– En el portal del Ministerio de Justicia abrieron un espacio de debate para volcar opiniones sobre la reforma de la ley penal juvenil, cuestionada por muchos sectores. ¿Qué resultados ha tenido esta idea?
– Ha habido un debate muy intenso, una participación muy amplia y ha primado la necesidad de reformar una ley obsoleta, la forma de tratar hoy a los menores en conflicto con la ley es inconstitucional y no garantiza los derechos de los menores y más allá de la edad de imputabilidad que parece que fuera el principio y fin de todo esto, de ninguna manera lo es. Hay que ver otras cuestiones y pensar en las medidas que debe adoptar el Estado con estos menores. Este proyecto tiene un gran consenso pero en definitiva el Congreso lo debatirá y analizará. Nosotros presentamos un proyecto que consideramos de una gran calidad técnica.
“La forma de tratar hoy a los menores en conflicto con la ley es inconstitucional y no garantiza los derechos de ellos; la edad de imputabilidad parece que fuera el principio y fin de todo esto y de ninguna manera lo es”.
