ESCUCHAREs en concepto de comisiones por la tarea de colaboración con Rentas. El año pasado, los pagos fueron inferiores a $2 mil millones. La empresa cobra un fijo de 1,8% de la recaudación y un “premio” por mejora que sólo percibió los primeros meses de 2018
Por Alfredo Flury [email protected]
El Gobierno provincial imputó 2.712,8 millones de pesos para el pago en 2019 de “comisiones” que se devenguen con motivo del contrato de “asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria”, actualmente otorgada a las firmas Servicios y Consultoría SA y Cía. de Gestión, Administración y Fiscalización SA (UTE).
Se trata del monto estimado que la Provincia deberá erogar por ese contrato a tenor de las estimaciones previas sobre la marcha de la recaudación y en función de las comisiones incluidas en el vínculo contractual firmado a fines de 2017 entre las partes. El monto es superior a los cerca de 2 mil millones de pesos que el Gobierno provincial abonó el año pasado por ese concepto.
La previsión para 2019 aparece reflejada en la resolución 6 del Ministerio de Finanzas, fechada el 8 de enero pasado. Según esa normativa, el monto a ser previsto se refiere a la partida 3.04.04.00 “Comisiones y Gastos Bancarios”, correspondiente a la Jurisdicción 1.70 -Gastos Generales de la Administración- Programa 708-000.
El monto, en rigor, es una estimación respecto a lo que podría percibir la ex Kolektor por el contrato de colaboración para la mejora de la recaudación provincial.
De acuerdo con el contrato de servicios incluido en el decreto 68/18 y la licitación previa, la prestataria quedó habilitada para percibir una comisión fija de 1,8 por ciento sobre la recaudación impositiva provincial y determinados recursos no tributarios, además de un “premio” en caso de que los ingresos por esos conceptos crezcan en términos reales. Ese beneficio extra no puede superar nunca 3,3 por ciento de los recursos recaudados.
De acuerdo con datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, la compañía que inició sus servicios el 1 de febrero del año pasado percibió en 2018 menos de 2 mil millones de pesos en concepto de comisiones.
Aún sin datos del cierre del ejercicio 2018, la proyección estimada en el Presupuesto 2019 para el año anterior revelaba ingresos tributarios propios por 56.728 millones de pesos e ingresos no tributarios por 13.380 millones de pesos. De todas formas, a esos números se les debe restar un mes porque la concesionaria recién inició gestiones en febrero. En paralelo, no todos los recursos no tributarios forman parte del “paquete” por el que la ex Kolektor cobra comisiones, aunque sí la mayoría. De hecho, del total de no tributarios, cerca de 70 por ciento forma parte del contrato de colaboración, entre ellos los fondos que van anclados al impuesto Inmobiliario Rural y también a Ingresos Brutos (IIBB), además de las multas de la Policía Caminera.
En ese marco, el monto total de la recaudación a considerar en 2018 habría alcanzado unos 60.600 millones de pesos. El 1,8 por ciento de ese total alcanza a 1.090 millones de pesos, retribución que la empresa cobro de base.
Respecto del premio por mejora en la recaudación, sólo lo habría percibido en febrero y marzo producto del crecimiento real de los ingresos. En abril, si bien los recursos propios mostraron la primera baja en términos constantes, probablemente también la compañía cobró alguna comisión extra. Es que, además de quitar el componente inflacionario y el crecimiento económico, también se considera la eventual reducción de alícuotas. El año pasado operó una rebaja en las de IIBB para las denominadas “aduanas internas”, eliminación prevista en el Consenso Fiscal.
Como fuere, en la mayoría de los meses del año pasado la UTE no percibió premio y, salvo los primeros dos meses, en ningún otro caso llegó a 3,3 por ciento del máximo de comisión a otorgar.
El escenario 2019
Respecto a este año, la recaudación tributaria propia estimada alcanza 74.237 millones de pesos. En tanto, los recursos no tributarios sobre los que la empresa podría aspirar a cobrar comisiones alcanzarían 12.707 millones de pesos. En definitiva, sobre una recaudación total estimada de 86.944 millones de pesos, la prestataria percibiría una comisión de 1.565 millones de pesos, monto que se corresponde con el 1,8 por ciento de base asegurado por contrato.
Claro que desde ese monto hasta los 2.712 millones de pesos previstos para 2019 a pagar en concepto de comisiones, hay una diferencia sustancial. Concretamente, la compañía debería cobrar como premio casi 1.200 millones de pesos. En la práctica, la comisión se traduciría en 3,11 por ciento. Con todo, habría que considerar que este año también habrá una rebaja extra de IIBB, tema que forma parte del cotejo a la hora de analizar la marcha de los ingresos. En ese caso, aun cayendo la recaudación es probable que la compañía cobre premio. De todas formas, en función de la evolución de los ingresos -si bien aún los datos de enero no fueron informados-, se supone que difícilmente crezcan muy por encima de la recaudación y más todavía con un escenario de economía en baja.
En ese marco, fuentes consultadas por este medio recordaron que los 2.700 millones imputados como reserva para el pago a la ex Kolektor son sólo una previsión y que cualquier pago se realiza a mes vencido y luego de cotejar la evolución de los ingresos respecto a las variables que inciden para su mejora o caída. En cualquier caso, la empresa tiene asegurado el cobro de más de 1.500 millones de pesos para este año, aun con un escenario de crisis y siempre considerando la recaudación potencial mencionada.
Críticas de Quinteros
Dos meses atrás, el legislador del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, había advertido de los montos que percibiría la UTE en el marco del contrato con la Provincia.
Además de una proyección de los ingresos que percibiría la empresa, Quinteros había recordado que, a diferencia del contrato anterior que sólo incluía recursos tributarios y pagaba comisión sólo si la compañía mejoraba la recaudación, este vínculo le asegura un ingresos por el solo hecho de ganar la concesión por cuatro años. Asimismo, recordó que interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia penal por el proceso de licitación y adjudicación.
