ESCUCHAREl presidente de la Comisión de Trámite Legislativo, Marcos Cleri, no podía garantizar la asistencia de toda la oposición y, por lo tanto, podía declararse válido y firmarse el dictamen
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo suspendió la reunión prevista para discutir sobre la validez del DNU 62/19, que implementó el régimen de extinción de dominio para bienes provenientes del delito.
La decisión fue adoptada a última hora de ayer en forma sorpresiva. Según se conoció, el diputado Marcos Cleri volvió resolvió suspender el encuentro ante las dificultades para garantizar la presencia de todos los integrantes de la oposición.
Según trascendió, estaba previsto la ausencia de la senadora salteña Cristina Fiore, quien se encuentra de viaje pero la de Fiore no sería la única ausencia, por lo que Cleri dio marcha atrás con la citación.
Además de Fiore, la oposición tiene en la bicameral a los peronistas Juan José Bahillo, Guillermo Snopek, Teresa González y Daniel Lovera; y a los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Máximo Kirchner. Son ocho en total, el mismo número que Cambiemos, por lo que en caso de empate, Cleri podía inclinar la cancha contra la validez del DNU.
Pero a último momento decidió suspender, dado que si el oficialismo tenía asistencia perfecta, no hubiese tenido obstáculos para firmar el dictamen de mayoría. Cabe aclarar que mientras no sea rechazado por ambas Cámaras, el DNU sigue firme. El DNU ingresó a la Cámara de Diputados hace una semana. Consta de ocho artículos y tiene como eje central enmarcar el proceso por fuera de la acción penal, alcanzando los delitos contra la administración pública, el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo, entre otros.
Se regula la “acción civil de carácter patrimonial a través de la cual, a raíz de la sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando no se corresponde razonablemente con los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial injustificado”.
Con ese fin, se dispone la creación de una “Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional”, que impulsará las acciones.
La finalidad de esta herramienta es “extinguir por vía de una acción civil el derecho sobre los bienes que hayan sido mal habidos”, y se exige que previo a demandar la extinción de un bien, un juez competente en lo penal haya dictado alguna medida cautelar sobre los bienes, por su presunta vinculación con el delito.
Otro punto importante es que se invierte la carga de la prueba, pues “el demandado tendrá garantizado su derecho a demostrar el origen lícito de los fondos con los que adquirió el bien, o que el ingreso del bien a su patrimonio es anterior a la presunta comisión del delito”.
De los 16 integrantes de la bicameral, ocho pertenecen a Cambiemos: son los senadores Miriam Boyadjian, Néstor Braillard Poccard y Naidenoff, y los diputados Pablo Tonelli, Ezequiel Fernández Langan, Luis Petri, Martín Hernández y Fernando Iglesias. El interbloque peronista Argentina Federal tiene al diputado Juan José Bahillo y los senadores Guillermo Snopek, Teresa González y Daniel Lovera; y los restantes son los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Máximo Kirchner, y la monobloquista salteña Cristina Fiore Viñuales.
