ESCUCHARLa Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó un hábeas corpus en favor de los internos de la cárcel de Senillosa. Se fijó un cupo de detenidos y el tribunal subrayó que debe cumplirse
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (Río Negro) confirmó el fallo que hizo lugar a un hábeas corpus preventivo en favor de los internos alojados en el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. Las actuaciones ocurrieron a partir de la implementación de cuchetas en celdas unipersonales dentro de pabellones de dicha cárcel con el fin de incrementar la cantidad de detenidos alojados.
Al fundamentar su decisión, la Cámara sostuvo que si bien compartía el criterio argumentado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) respecto a que las decisiones vinculadas al incremento de los internos a alojar en las unidades de detención son “típicas de la competencia administrativa” existía una limitación impuesta por la necesidad del control judicial de los actos de esa rama del gobierno.
A su vez, el magistrado Richar Fernando Gallego sostuvo en su voto que la discusión respecto al cupo de internos en dicho complejo penitenciario ya había sido trasladada al ámbito judicial y se había fijado un límite, que fue oportunamente consentido por el organismo penitenciario.
Fallo de primera instancia
Oportunamente, en la sentencia del Juzgado Federal de Neuquén N° 2, a cargo de Gustavo Villanueva, éste había entendido que “no se encuentran reunidas mínimamente las condiciones de habitabilidad que autoricen el ingreso de dos personas en las celdas” de los pabellones en cuestión, manteniendo el cupo de anteriormente establecido de 545 internos para todo el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. A su vez, el magistrado había resaltado que las autoridades del SPF “no pueden desconocer lo que se resolvió hace poco tiempo acudiendo a vías de hecho, que ni siquiera pueden ser calificados de elípticas, para superar la cantidad de plazas establecidas en una decisión que en su oportunidad consintió”.
Preocupación
El pasado 4 de enero, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles -del que forma parte la Defensoría General de la Nación mediante su Comisión de Cárceles- presentó una nota al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, en la que expresa su preocupación por el aumento de la población penal en todo el país, hecho que llevó a la actual sobrepoblación que presenta el SPF.
En ese contexto y en relación con lo establecido en el “Protocolo para la Evaluación del riesgo de alojamiento en celdas compartidas” y en el “Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Justicia de laPprovincia de Buenos Aires”, la nota dirigida al titular de la cartera de Justicia dejó en claro la “profunda inquietud” de los miembros del sistema. Al respecto, señaló: “La obligación permanente de compatibilizar las instituciones carcelarias con los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, especificados en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y particularizados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos – Reglas Mandela”.
“Los crecientes niveles de sobrepoblación producen situaciones de mayor restricción indebida de todos los derechos de las personas privadas de la libertad”, situación que entra “en clara contradicción con los estándares internacionales y la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación”, concluyó el escrito.
