sábado 23, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

El Consejo Superior de la UNC habilitó un concurso suspendido por la Justicia Federal

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La Casas de Altos Estudios entendió que no existió arbitrariedad en el llamado y que los actos
administrativos cumplieron con los requisitos esenciales. El decano de la Facultad de Derecho, Guillermo Barrera Buteler, negó persecución política contra el profesor denunciante

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (HCS) resolvió darle curso al concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargos en la materia Derecho Constitucional que había sido suspendido provisoriamente por el juzgado Federal Nº 1 del juez Ricardo Bustos Fierro.
En su resolución Nº 1507/2018, el HCS rechazó el recurso planteado por el profesor interno de la cátedra B de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho Andrés Rossetti, quien había afirmado ser víctima de una persecución ideológica.

Para justificar tal decisión, en el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Casa de Alto Estudios Nº 63905/2018 se destacó que el profesor Rossetti había sido designado de manera transitoria en el cargo, “correspondiendo la regularización de la cátedra”. Asimismo, se agregó que tanto el Honorable Consejo Directivo de la facultad como el Honorable Consejo Superior actuaron “en el marco de sus atribuciones”, teniendo en cuenta “la necesidad académica y organizacional” de la cátedra.
“De ningún modo se advierte arbitrariedad, es más, los actos administrativos cumplen, contrariamente a lo que sostiene el quejoso, con todos los requisitos esenciales”, concluyó la resolución de la universidad.
Al hacer la presentación judicial, Rossetti denunció que el llamado a concurso en cuestión fue producto de una decisión “absolutamente arbitraria, manifiesta e ilegal” y consideró que la finalidad era “sacarlo del cargo que actualmente ocupa”. Dijo, además, ser víctima de una “persecución política y personal” por parte del actual decano de esa facultad de la UNC, Guillermo Barrera Buteler.

Las acusaciones vertidas por el docente fueron negadas enfáticamente por el decano, en un carta enviada a Comercio y Justicia.
“En la Facultad de Derecho no se ha perseguido ni se persigue a nadie”, destacó Barrera Buteler. “¿Como se explica que en 2013 (Rossetti) haya sido designado interinamente y renovado sucesivamente su nombramiento hasta la fecha como encargado de una cátedra de Derecho Constitucional por la gestión que dice su perseguidora, aun cuando había otros profesores que se consideraban con mejor derecho que él a ese cargo, lo que motivó un juicio contra la universidad?”, se preguntó el decano.
Aclaró que no tiene ningún interés personal en el concurso cuestionado, sino “institucional” para que éste finalice junto con otros -más de 14- que están en trámite en la facultad.
En otro tramo de la misiva enviada a este medio, Barrera Buteler agregó: “No puede comprenderse que un profesor, que además es miembro del Consejo Directivo, cargo al que accedió prometiendo en la campaña que impulsaría los concursos docentes, cuestione no una decisión adoptada en el trámite sino el llamado mismo a concurso y pide que la justicia suspenda el procedimiento”.

La decisión de Bustos Fierro

– El pasado 5 de noviembre, la Justicia Federal de Córdoba ordenó suspender el concurso para cubrir un cargo de profesor titular y dos cargos de profesor adjunto, en la materia Derecho Constitucional.
– La decisión de Bustos Fierro hizo lugar a una medida cautelar autónoma interpuesta por el profesor interno de la cátedra B de Derecho Constitucional Andrés Rossetti, con el patrocinio del abogado Nicolás Cocca, contra la Facultad de Derecho.
– En su resolución, el magistrado ordenó que se suspendieran los efectos del llamado a concurso, cuya fecha de inscripción estaba prevista que comenzara el 5 de noviembre, ello hasta tanto existiera una resolución administrativa definitiva.
– Para así resolver, el juez consideró que se verificaban en grado de verosimilitud suficiente los requisitos para la procedencia de la medida solicitada y que había “indicios serios” de “grave” afectación personal al accionante.

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